La pesca ilegal podr\u00eda dejar de ser una simple infracci\u00f3n administrativa para convertirse en un delito penal en Argentina. Un proyecto de ley presentado en la C\u00e1mara de Diputados propone incorporar al C\u00f3digo Penal una serie de figuras espec\u00edficas vinculadas a la extracci\u00f3n ilegal de recursos pesqueros, con penas de prisi\u00f3n para personas f\u00edsicas y sanciones econ\u00f3micas y operativas para las empresas involucradas.<\/p>\n
La iniciativa fue impulsada por los diputados Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Kelly Olmos, Emir F\u00e9lix, Moira Lanesan Sancho y Victoria Tolosa Paz. El texto incorpora seis nuevos art\u00edculos al C\u00f3digo Penal, del 206 bis al 206 septies, con el objetivo de castigar conductas consideradas de especial gravedad dentro de la actividad pesquera.<\/p>\n
Qu\u00e9 conductas ser\u00edan consideradas pesca ilegal El proyecto establece penas de seis meses a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de multas econ\u00f3micas, para quienes capturen fauna silvestre durante per\u00edodos de veda, operen en \u00e1reas restringidas por razones de conservaci\u00f3n, extraigan especies cuya captura est\u00e9 prohibida o utilicen artes de pesca no autorizadas. Tambi\u00e9n contempla como delito la denominada pesca no declarada, es decir, cuando el volumen real de captura supera en m\u00e1s de un 10% lo informado oficialmente a las autoridades.<\/p>\n
Las sanciones podr\u00edan elevarse a entre uno y seis a\u00f1os de prisi\u00f3n cuando existan agravantes, entre ellas el uso de explosivos, la participaci\u00f3n organizada de tres o m\u00e1s personas, maniobras destinadas a evitar controles oficiales o la intervenci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos. Asimismo, se agravan las penas cuando los hechos involucren especies protegidas por la Convenci\u00f3n CITES o recursos pesqueros declarados en situaci\u00f3n de colapso o sobreexplotaci\u00f3n por organismos como el INIDEP o el Consejo Federal Pesquero.<\/p>\n
Empresas bajo responsabilidad penal Uno de los puntos m\u00e1s novedosos del proyecto es la incorporaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, una figura que hasta ahora no exist\u00eda espec\u00edficamente para la actividad pesquera.<\/p>\n
Seg\u00fan el texto, las empresas podr\u00edan ser sancionadas cuando los delitos se cometan en su nombre o beneficio. Las consecuencias incluyen multas de hasta cinco veces el beneficio econ\u00f3mico obtenido, suspensi\u00f3n de permisos de pesca por per\u00edodos de entre dos y diez a\u00f1os, inhabilitaci\u00f3n para contratar con el Estado y la obligaci\u00f3n de publicar la sentencia condenatoria. Los autores sostienen que limitar las sanciones a los responsables individuales resulta insuficiente cuando las ganancias derivadas de la actividad terminan beneficiando a estructuras empresariales con capacidad econ\u00f3mica para reincidir.<\/p>\n
La iniciativa tambi\u00e9n penaliza la comercializaci\u00f3n, transporte e industrializaci\u00f3n de productos provenientes de capturas ilegales. Adem\u00e1s, crea una figura espec\u00edfica de asociaci\u00f3n il\u00edcita para la pesca ilegal, estableciendo penas de dos a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n para sus integrantes y de tres a ocho a\u00f1os para quienes organicen, financien o dirijan estas estructuras.<\/p>\n
Decomiso de embarcaciones y creaci\u00f3n de un fondo Otro de los aspectos destacados del proyecto es el decomiso obligatorio de capturas, artes de pesca, equipos y embarcaciones utilizados para cometer los delitos. Los ejemplares vivos deber\u00e1n ser restituidos a su ambiente natural cuando sea posible, mientras que los productos aptos para consumo podr\u00e1n ser donados. Las embarcaciones decomisadas podr\u00edan ser destinadas a tareas de fiscalizaci\u00f3n e investigaci\u00f3n realizadas por la Prefectura Naval Argentina o el INIDEP.<\/p>\n
Los recursos obtenidos mediante multas y subastas integrar\u00edan un Fondo Nacional de Conservaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Pesquera, destinado a fortalecer controles, financiar investigaciones cient\u00edficas y contribuir a la recuperaci\u00f3n de poblaciones de peces sobreexplotadas.<\/p>\n
El debate sobre el verdadero alcance de la norma Especialistas del sector se\u00f1alan que la aplicaci\u00f3n efectiva de estas disposiciones recaer\u00eda principalmente sobre quienes desarrollan actividades dentro del sistema regulado argentino, ya que la mayor parte de las flotas extranjeras opera fuera de la jurisdicci\u00f3n nacional, en el \u00e1rea conocida como la milla 201. Por ese motivo, algunos observadores consideran que la norma podr\u00eda terminar impactando principalmente sobre la flota y la industria pesquera nacional, m\u00e1s que sobre los buques extranjeros que suelen mencionarse en el debate p\u00fablico.<\/p>\n
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