En los expedientes que pasan por el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo se acumulan historias de desapariciones forzadas, audiencias telem\u00e1ticas desde centros de detenci\u00f3n, defensores p\u00fablicos de impuestos y juicios que se reinician como si el tiempo de los presos pol\u00edticos no tuviera valor. En definitiva, m\u00faltiples ilegalidades para la Constituci\u00f3n de Venezuela y el C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal.<\/p>\n
Desde hace dos a\u00f1os, el nombre que firma buena parte de esas decisiones es el de una jueza nacida en 1993, con una carrera p\u00fablica documentada a retazos. Su nombre es Alejandra Ver\u00f3nica Romero Castillo. La documentaci\u00f3n abierta disponible sobre ella es llamativamente escasa para alguien que trabaja en uno de los despachos m\u00e1s sensibles de la justicia penal venezolana. Un registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que la ubica en la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Magistratura desde diciembre de 2014, menciones sueltas en cuentas del Tribunal Supremo de Justicia como titular del Tribunal Vig\u00e9simo Noveno de Juicio de Caracas en 2023 y el rastro reciente de sus actuaciones en la jurisdicci\u00f3n \u201cantiterrorista\u201d. Entre esos puntos hay una zona de sombra porque no se ha localizado en fuentes p\u00fablicas accesibles una resoluci\u00f3n de nombramiento que explique c\u00f3mo pas\u00f3 de un tribunal ordinario a encabezar uno de los epicentros de la persecuci\u00f3n penal contra la disidencia.<\/p>\n
Su trayectoria no puede leerse en t\u00e9rminos puramente individuales. Romero Castillo opera dentro de un subsistema especial de tribunales con competencia en terrorismo creado por resoluci\u00f3n administrativa del TSJ, cuestionado por su falta de base legal expresa y se\u00f1alado por organismos internacionales como engranaje de un aparato de \u201cterrorismo de Estado\u201d que utiliza el derecho penal como herramienta de control pol\u00edtico. En esa arquitectura, su figura sirve de hilo conductor para narrar la degradaci\u00f3n de la justicia venezolana, pues se trata de una carrera sin transparencia, decisiones de alto impacto pol\u00edtico y una jurisdicci\u00f3n excepcional convertida en rutina punitiva contra opositores, activistas y familiares de dirigentes.<\/p>\n
Una biograf\u00eda en penumbrasEl perfil m\u00e1s difundido la identificaci\u00f3n como Alejandra Ver\u00f3nica Romero Castillo, nacida el 3 de enero de 1993 y egresada de la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas y Pol\u00edticas de la Universidad Central de Venezuela, aunque la fecha exacta de su graduaci\u00f3n no aparece especificada en registros p\u00fablicos abiertos. El dosier aportado por fuentes documentales la vincula adem\u00e1s a la comunidad de exalumnos de la UCV a trav\u00e9s de un bolet\u00edn electoral preliminar de 2024, un indicio indirecto que refuerza, pero no sustituye, la ausencia de un curr\u00edculo oficial comprobable.<\/p>\n
La huella documental m\u00e1s antigua de su trayectoria laboral es una ficha del IVSS que la sit\u00faa en la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Magistratura desde el 16 de diciembre de 2014, cuando apenas ten\u00eda 21 a\u00f1os, lo que sugiere un ingreso temprano a la administraci\u00f3n judicial sin que se conozcan concursos de oposici\u00f3n o mecanismos de selecci\u00f3n transparentes. A\u00f1os m\u00e1s tarde, dos cuentas del TSJ de octubre y noviembre de 2023 la identifican como jueza del Tribunal Vig\u00e9simo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, confirmando que hasta entonces ejerc\u00eda en un tribunal ordinario de juicio.<\/p>\n
Lo que falta es tan elocuente como lo que existe. No se ha podido localizar una resoluci\u00f3n de designaci\u00f3n como titular del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ni un repositorio accesible de sentencias firmadas por ella, ni expedientes disciplinarios p\u00fablicos a su nombre que permitan seguir su desempe\u00f1o o eventuales cuestionamientos internos. Tampoco aparece en listas de sanciones individuales conocidas, lo que no despeja las cr\u00edticas, sino que subraya la opacidad de un sistema donde los ascensos m\u00e1s delicados se deciden lejos del escrutinio ciudadano y sin credenciales plenamente verificables.<\/p>\n
En el plano familiar, registros oficiales consultados ubican a su padre, Jorge Alejandro Romero Castillo, general de brigada de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana. Ha ocupado cargos dentro de la estructura burocr\u00e1tica del chavismo, incluyendo funciones en la UNEFA Aviaci\u00f3n Militar y posteriormente responsabilidades en la red aeroportuaria estatal del T\u00e1chira, designada Gaceta Oficial del 30 de septiembre de 2024. Para 2026, Jorge Alejandro Romero Castillo aparece en registros oficiales vinculados a la administraci\u00f3n aeroportuaria estatal en el estado T\u00e1chira, tras haber ocupado anteriormente cargos dentro de la estructura de seguridad de la Aviaci\u00f3n Militar Bolivariana.<\/p>\n
El ascenso de Alejandra Romero Castillo no puede explicarse \u00fanicamente por trayectoria acad\u00e9mica o m\u00e9ritos judiciales visibles. Su carrera se desarroll\u00f3 de forma acelerada dentro del Poder Judicial venezolano, en paralelo a su pertenencia a una familia con conexiones dentro del aparato militar y estatal. No hay evidencia p\u00fablica de que esa trayectoria expl\u00edcita por s\u00ed misma el ascenso de su hija, pero en un sistema donde los nombramientos dependen de lealtades pol\u00edticas y redes de confianza, el entorno pesa y alimenta las sospechas sobre una carrera construida m\u00e1s por afinidades que por m\u00e9ritos verificables.<\/p>\n
El laboratorio del \u201cterrorismo\u201d judicialEl despacho que hoy se asocia a Romero Castillo no es un tribunal cualquiera, sino parte de una jurisdicci\u00f3n especial de terrorismo creada en 2012 por la Sala Plena del TSJ y ampliada en 2015 para incluir juzgados de control, tribunales de juicio con jurisdicci\u00f3n nacional y salas especiales de apelaci\u00f3n. Organizaciones como Acceso a la Justicia han subrayado que ni esa resoluci\u00f3n ni la ley org\u00e1nica en materia de delincuencia establecida organizada de forma expresa una jurisdicci\u00f3n especial en los t\u00e9rminos en que hoy funciona, de modo que su fundamento descansa m\u00e1s en actos administrativos que en una ley org\u00e1nica aprobada por el Parlamento.<\/p>\n
A esa debilidad de origen se suma una centralizaci\u00f3n extrema. Las personas detenidas en distintos estados del pa\u00eds son presentadas por v\u00eda telem\u00e1tica ante jueces con competencia en terrorismo en Caracas, lo que dificulta el acceso de familiares al expediente, favorece la imposici\u00f3n de defensores y aleja los procesos de sus contextos naturales. WOLA, Foro Penal y otras organizaciones han documentado que este esquema ha derivado en audiencias celebradas desde centros de detenci\u00f3n, con defensas impuestas y expedientes reservados, consolidando en la pr\u00e1ctica un circuito punitivo que opera por fuera de los est\u00e1ndares b\u00e1sicos del debido proceso.<\/p>\n
En julio de 2023 se produjo el movimiento que coloc\u00f3 a Romero Castillo en el coraz\u00f3n de ese engranaje. Seg\u00fan denuncias de organizaciones de derechos humanos y trabajos period\u00edsticos, el TSJ revoc\u00f3 la competencia en terrorismo del antiguo Tribunal Tercero de Juicio y la traslad\u00f3 al Tribunal 29 de Juicio del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, entonces a su cargo, con el efecto inmediato de reiniciar los juicios de m\u00e1s de cuarenta presos pol\u00edticos. La decisi\u00f3n, adoptada sin una publicaci\u00f3n oficial clara, dej\u00f3 a decenas de acusados \u200b\u200b\u2014algunos con enfermedades graves\u2014 frente a un calendario judicial que regres\u00f3 a comenzar desde cero, como si los a\u00f1os anteriores de prisi\u00f3n preventiva no hubieran existido.<\/p>\n
El expediente de Roc\u00edo San MiguelEntre los casos que marcaron el salto de Romero Castillo a la escena internacional est\u00e1 el de Roc\u00edo San Miguel, abogada y reconocida activista defensora de derechos humanos, detenida el 9 de febrero de 2024 bajo cargos de traici\u00f3n a la patria, conspiraci\u00f3n, terrorismo y asociaci\u00f3n para delinquir, entre otros. Su detenci\u00f3n estuvo precedida por un per\u00edodo de desaparici\u00f3n forzada, incomunicaci\u00f3n y opacidad sobre su paradero, denunciado por organizaciones nacionales e internacionales.<\/p>\n
El proceso fue asignado al circuito de tribunales con competencia en terrorismo y, de acuerdo con pronunciamientos p\u00fablicos, WOLA se dirigi\u00f3 directamente a la jueza Alejandra Romero Castillo para solicitar una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, advirtiendo que el expediente estaba marcado por \u201cirregularidades\u201d y ausencia de garant\u00edas al debido proceso. Las audiencias clave se dilataron, mientras se multiplicaban las alertas sobre su salud y la deficiencia de la atenci\u00f3n m\u00e9dica recibida en custodia estatal.<\/p>\n
En t\u00e9rminos pol\u00edticos, el mensaje era inequ\u00edvoco: el tribunal especial de terrorismo no solo procesaba a figuras de la dirigencia partidista, sino tambi\u00e9n a quienes hab\u00edan dedicado su carrera a documentar violaciones de derechos humanos. En t\u00e9rminos judiciales, el caso exhib\u00eda el uso extensivo de tipos penales como terrorismo y conspiraci\u00f3n en escenarios donde la informaci\u00f3n disponible no mostraba actos de violencia masiva, sino un patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n de la cr\u00edtica al poder.<\/p>\n
Luis Guillermo Ist\u00fariz y la pedagog\u00eda del castigoOtros dos casos emblem\u00e1ticos forman parte del cat\u00e1logo del terror atribuido a Romero Castillo: el de Rafael Tudares Bracho, abogado venezolano conocido por ser el yerno del l\u00edder opositor y presidente electo reconocido por la oposici\u00f3n, Edmundo Gonz\u00e1lez Urrutia; y el de Luis Guillermo Ist\u00fariz, abogado, activista de derechos humanos y dirigente pol\u00edtico venezolano, miembro del partido de oposici\u00f3n Vente Venezuela. Ambos fueron sometidos a un proceso bajo cargos de terrorismo y conspiraci\u00f3n en un contexto atravesado por la persecuci\u00f3n contra entornos. familiares de la dirigencia opositora, seg\u00fan rese\u00f1as period\u00edsticas y pronunciamientos de la Plataforma Unitaria.<\/p>\n
Tudares fue condenado a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la propia Romero Castilloluego de una vez meses de desaparici\u00f3n forzada, e Ist\u00fariz a 20 a\u00f1os tras una audiencia marat\u00f3nica celebrada en diciembre de 2025. La decisi\u00f3n fue descrita como \u201cinconstitucional y aberrante\u201d por voceros opositores, mientras organizaciones de derechos humanos hablaban de un juicio expr\u00e9s sin presentaci\u00f3n de pruebas s\u00f3lidas y con el expediente bajo reserva, todo ello bajo la conducci\u00f3n de un tribunal especial cuyo titular era se\u00f1alado en las cr\u00f3nicas como la jueza Romero Castillo.<\/p>\n
Estos fallos cumplieron una doble funci\u00f3n. Por un lado, consolidaron la pr\u00e1ctica de imponer penas m\u00e1ximas en procesos rodeados de irregularidades, reforzando la idea de que el sistema penal pod\u00eda extender el castigo m\u00e1s all\u00e1 de los actores pol\u00edticos centrales hasta alcanzar a sus familiares y entornos cercanos. Por otro, contribuyeron a instalar la percepci\u00f3n de que el Tribunal Tercero de Juicio en materia de terrorismo se hab\u00eda convertido en un espacio donde las garant\u00edas constitucionales se subordinan a la necesidad de enviar una advertencia ejemplarizante al resto de la sociedad.<\/p>\n
Cinco condenas por el complot contra la Asamblea NacionalOtros casos emblem\u00e1ticos son los de Argenis Ugueto, Rigoberto Moreno, Dar\u00edo Estrada, Robert Franco y Julio S\u00e1nchez, acusados \u200b\u200bpor un supuesto complot para tentar contra la instalaci\u00f3n de la Asamblea Nacional elegida en 2020. Tras detenciones que se remontan a 2020 y un proceso prolongado, el Tribunal Tercero de Juicio impuso en agosto de 2024 penas de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en un fallo asociado p\u00fablicamente a la conducci\u00f3n de Romero Castillo.<\/p>\n
La relevancia del expediente se amplific\u00f3 cuando, el 10 de diciembre de 2025, la Sala Penal del TSJ confirm\u00f3 \u00edntegramente las condenascerrando la puerta a cualquier revisi\u00f3n interna sobre la proporcionalidad de las penas o la calidad de la prueba. Esa convalidaci\u00f3n desde la c\u00faspide del poder judicial refuerza la lectura de que las decisiones del tribunal especial de terrorismo no son desviaciones aisladas, sino parte de un circuito institucional donde jueces de instancia, cortes de apelaciones y Sala Penal act\u00faan en sinton\u00eda con los intereses del Ejecutivo.<\/p>\n
Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los condenados han insistido en el car\u00e1cter pol\u00edtico del proceso, en la prolongaci\u00f3n indebida de la prisi\u00f3n preventiva y en la ausencia de pruebas robustas que vinculen a los acusados \u200b\u200bcon un plan de violencia real. El resultado final \u2014penas m\u00e1x. mas confirmadas por el TSJ\u2014 ilustra c\u00f3mo la etiqueta de terrorismo sirve para blindar decisiones que, en otra jurisdicci\u00f3n, encontrar\u00edan serios cuestionamientos jur\u00eddicos y pol\u00edticos.<\/p>\n
Del \u201cterrorismo\u201d a la corrupci\u00f3n: el caso Pdvsa-CriptoEn 2026, el nombre de Romero Castillo comenz\u00f3 a aparecer tambi\u00e9n en rese\u00f1as sobre las audiencias del macrojuicio por la trama de Pdvsa-Cripto, uno de los mayores esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n se\u00f1alados por el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro. Diversos trabajos situaron a un \u201cTribunal Especial Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo y Corrupci\u00f3n\u201d conducido por ella, aunque persisten discrepancias sobre si se trata formalmente de un tribunal de juicio o de control en materia de terrorismo y corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Esa acumulaci\u00f3n de materias, no respaldada por una norma habilitante claramente accesible, sugiere un nuevo estiramiento del marco original que cre\u00f3 la jurisdicci\u00f3n antiterrorista, ahora utilizado para procesar una causa donde se cruzan intereses econ\u00f3micos, pugnas internas y la necesidad del poder de exhibir una narrativa de lucha contra la corrupci\u00f3n. Al mismo tiempo, el acceso p\u00fablico a los expedientes ha sido limitado y persisten dudas sobre la representaci\u00f3n efectiva de los acusados, en l\u00ednea con el patr\u00f3n ya observado en casos pol\u00edticos.<\/p>\n
La presencia de Romero Castillo al frente de audiencias tan sensibles refuerza su perfil como jueza de confianza para causas de alto riesgo pol\u00edtico, en un entorno donde la justicia ordinaria cede terreno ante tribunales especiales con competencias crecientes y fundamentos legales opacos. As\u00ed, el tribunal se convierte tanto en una herramienta de persecuci\u00f3n de opositores como en escenario de la reconfiguraci\u00f3n interna del poder en torno a la renta petrolera y la corrupci\u00f3n estatal.<\/p>\n
Un engranaje en una justicia sin independenciaLas actuaciones atribuidas a Romero Castillo encajan en el diagn\u00f3stico de los organismos internacionales sobre el sistema judicial venezolano. La Misi\u00f3n Internacional Independiente de Determinaci\u00f3n de los Hechos de la ONU concluy\u00f3 que las violaciones reiteradas del debido proceso revelan un poder judicial sin independencia y se\u00f1al\u00f3 que el proceso de nombramiento de jueces no se ajusta a la ley, apuntando a una estructura dise\u00f1ada para garantizar lealtades antes que imparcialidad.<\/p>\n
En informes recientes se han documentado m\u00faltiples violaciones del debido proceso en procedimientos ante tribunales con competencia en terrorismo, entre ellas el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duraci\u00f3n, incomunicaci\u00f3n, audiencias sin defensa adecuada y manipulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n para dificultar el acceso a la justicia. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos ha descrito pr\u00e1cticas de \u201cterrorismo de Estado\u201d, mientras Amnist\u00eda Internacional y Human Rights Watch sostienen que los poderes p\u00fablicos act\u00faan coordinadamente para perseguir y castigar severamente la disidencia mediante tipos penales como Terrorismo, traici\u00f3n a la patria y asociaci\u00f3n para delinquir.<\/p>\n
En el \u00e1mbito interno, Provea y otras organizaciones venezolanas han denunciado la generalizaci\u00f3n de desapariciones forzadas breves, la imposici\u00f3n de defensores p\u00fablicos y la obstrucci\u00f3n sistem\u00e1tica del derecho a la defensa en expedientes tramitados en la jurisdicci\u00f3n especial de terrorismo. Un caso paradigm\u00e1tico es el del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, donde se denunciaron \u201cconstantes violaciones al debido proceso y derecho a la defensa\u201d por parte del Tribunal Especial Tercero contra Terrorismo, confirmando que el problema no se limita a un asunto de nombres propios, sino a una maquinaria que ha hecho de la excepci\u00f3n penal una rutina.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Internacional de Juristas ha hablado de corrupci\u00f3n rampante ligada al funcionamiento del sistema de justicia y ha advertido que en Venezuela muchos jueces recientes han sido nombrados principalmente por su lealtad, lo que convierte la toga en una extensi\u00f3n de la voluntad del poder pol\u00edtico. Desde esa perspectiva, la figura de Romero Castillo encarna una forma de corrupci\u00f3n institucional: no necesariamente el cohecho individual probado en tribunales, sino la desviaci\u00f3n estructural de la funci\u00f3n jurisdiccional hacia un esquema de lealtades opacas, competencias extraordinarias y decisiones que reiteradamente favorecen la estrategia represiva del Estado.<\/p>\n
Si se mira en conjunto, la biograf\u00eda p\u00fablica de Alejandra Romero Castillo es menos la historia de una carrera judicial que la radiograf\u00eda de una \u00e9poca. Una jueza que llega a la administraci\u00f3n de justicia con poco m\u00e1s de 20 a\u00f1os, cuyo expediente profesional abierto se reduce a una ficha de seguridad social ya menciona escuetas en documentos oficiales, y que termina al frente de un tribunal especial encargado de juzgar a opositores, defensores de derechos humanos y protagonistas de un megacaso de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Su nombre aparece all\u00ed donde la justicia venezolana exhibe sus rasgos m\u00e1s preocupantes: en el \u201cenroque\u201d de 2023 que reinici\u00f3 juicios de m\u00e1s de cuarenta presos pol\u00edticos; en el caso de una activista como Roc\u00edo San Miguel, sometida a un proceso plagado de irregularidades y diferimientos; en las condenas m\u00e1ximas contra Rafael Tudares y Luis Guillermo Ist\u00fariz, con antecedentes de desaparici\u00f3n forzada y juicio expr\u00e9s; en las penas ratificadas por el TSJ contra cinco acusados \u200b\u200bde complot contra la Asamblea; y, m\u00e1s recientemente, en las audiencias del caso Pdvsa-Cripto.<\/p>\n
Nada de eso puede entenderse como el resultado exclusivo de una voluntad individual. Romero Castillo es, m\u00e1s bien, el punto visible de una cadena de decisiones pol\u00edticas, nombramientos opacos y reformas administrativas que han construido una jurisdicci\u00f3n de excepci\u00f3n sin base legal s\u00f3lida, utilizada para castigar la disidencia y administrar la impunidad selectiva. En esa cadena, la jueza representa a una generaci\u00f3n de operadores judiciales que crecieron profesionalmente en un contexto donde el m\u00e9rito, la independencia y la responsabilidad p\u00fablica fueron desplazados por la lealtad, la obediencia y la opacidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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