Las denuncias de Sebastiana Barr\u00e1ez y las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aumentaron la controversia sobre la cooperaci\u00f3n militar y la presencia de grupos armados en territorio venezolano.<\/p>\n
Durante su programa difundido el pasado 13 de mayo de 2026, la periodista venezolana especializada en temas militares, Sebastiana Barr\u00e1ez, denunci\u00f3 la incursi\u00f3n de hombres armados en territorio venezolano y la posterior ejecuci\u00f3n de varios ciudadanos en el estado Zulia.<\/p>\n
De acuerdo con el relato de Barr\u00e1ez, alrededor de 80 hombres armados ingresaron el 10 de mayo al sector Playa Socorro, municipio Jes\u00fas Mar\u00eda Sempr\u00fan, en la regi\u00f3n del Catatumbo venezolano. De acuerdo con sus fuentes, los sujetos sometieron a los habitantes de la comunidad y secuestraron a cinco personas, quienes posteriormente habr\u00edan sido ejecutadas.<\/p>\n
Entre las v\u00edctimas identificadas se encuentran el juez de paz de la comunidad, Luis Adolfo Ortiz Guerrero; Melvin Alexis Rinc\u00f3n Rinc\u00f3n; y Lever Alexis Rabelo Jaimes, seg\u00fan denuncias difundidas por la periodista Sebastiana Barr\u00e1ez. Los hechos generan temor entre los habitantes de la regi\u00f3n, hist\u00f3ricamente afectados por la presencia de grupos armados irregulares, el contrabando y los enfrentamientos derivados del conflicto fronterizo.<\/p>\n
En ese contexto, Barr\u00e1ez cuestion\u00f3 el silencio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se\u00f1alando que la instituci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n constitucional de resguardar la soberan\u00eda y garantizar la integridad del territorio venezolano. A su juicio, la ausencia de pronunciamientos oficiales inmediatos refleja una preocupante falta de respuesta frente a la presencia de estructuras armadas que operan libremente en la frontera.<\/p>\n
Asimismo, critic\u00f3 que el gobierno encabezado por la encargada interina Delcy Rodr\u00edguez emiti\u00f3 un comunicado oficial tres d\u00edas despu\u00e9s de los hechos, asegurando que la situaci\u00f3n hab\u00eda tomado \u201cpor sorpresa\u201d a las autoridades venezolanas.<\/p>\n
Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro afirm\u00f3 que los bombardeos realizados contra grupos armados en la zona fronteriza fueron ejecutados en coordinaci\u00f3n con el gobierno venezolano. Sus declaraciones incrementaron la controversia en torno al manejo conjunto de la seguridad en la regi\u00f3n y al alcance de la cooperaci\u00f3n militar entre ambos gobiernos.<\/p>\n
Frontera colombo-venezolana: puntos claveA lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os, informes de Human Rights Watch han anunciado que la frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en un corredor estrat\u00e9gico para grupos armados irregulares, incluyendo disidencias guerrilleras, estructuras criminales y organizaciones vinculadas al narcotr\u00e1fico. La d\u00e9bil presencia institucional, la corrupci\u00f3n y la falta de transparencia en las operaciones militares han sido se\u00f1aladas como factores que favorecen el control territorial de estas organizaciones.<\/p>\n
En medio de este panorama, el municipio Jes\u00fas Mar\u00eda Sempr\u00fan, ubicado al sur del estado Zulia, es una de las zonas m\u00e1s sensibles debido a su cercan\u00eda con el Catatumbo colombiano, regi\u00f3n hist\u00f3ricamente marcada por el conflicto armado y la actividad de grupos insurgentes. Habitantes de estas comunidades han denunciado reiteradamente situaciones de violencia, extorsi\u00f3n y desplazamiento forzado, mientras aseguran sentirse abandonados por las autoridades.<\/p>\n
Del mismo modo, diversas organizaciones no gubernamentales y expertos en seguridad fronteriza sostienen que la opacidad informativa dificulta conocer con precisi\u00f3n lo que ocurre en estas regiones. En muchos casos, son periodistas independientes, activistas y pobladores quienes terminan documentando hechos violentos ante la ausencia de informaci\u00f3n oficial, como ha ocurrido con las denuncias realizadas por la periodista venezolana especializada en temas militares Sebastiana Barr\u00e1ez.<\/p>\n
Mientras las comunidades fronterizas contin\u00faan denunciando asesinatos, secuestros y el avance de grupos armados en territorio venezolano, el silencio de las autoridades sigue profundizando la indignaci\u00f3n y la desconfianza entre la poblaci\u00f3n. Para muchos habitantes de la regi\u00f3n, la ausencia de respuestas inmediatas por parte de la Fuerza Armada y del gobierno venezolano no solo evidencia una grave p\u00e9rdida de control sobre la frontera, sino tambi\u00e9n el abandono de comunidades que durante a\u00f1os han vivido bajo amenazas constantes, violencia y miedo.<\/p>\n
El caso de Playa Socorro se suma a una larga cadena de episodios que profundizan las dudas sobre la capacidad \u2014o incluso la voluntad\u2014 del Estado venezolano para garantizar la soberan\u00eda, seguridad y protecci\u00f3n a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, crecen las interrogantes sobre qui\u00e9n ejerce realmente el control en amplias zonas de la frontera colombo-venezolana, en medio de denuncias sobre la presencia de grupos armados irregulares, presuntas coordinaciones militares y una creciente opacidad oficial que contin\u00faa dejando m\u00e1s preguntas que respuestas.<\/p>\n
Art\u00edculo escrito por Rosangel Mendoza para El Nacional<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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