La reconstrucci\u00f3n del sistema judicial venezolano se ha convertido en uno de los principales desaf\u00edos planteados por especialistas y organizaciones de derechos humanos para avanzar hacia una transici\u00f3n democr\u00e1tica en el pa\u00eds. Durante la jornada sobre derechos humanos organizada por Amnist\u00eda Internacional en Caracas el 18 y 19 de mayo, abogados, acad\u00e9micos y activistas coincidieron en que la crisis institucional no puede resolverse \u00fanicamente con cambios pol\u00edticos, sino mediante una transformaci\u00f3n profunda de la estructura judicial y del Estado de derecho..<\/p>\n
En una serie de ponencias enfocadas en visibilizar los desaf\u00edos que enfrenta Venezuela en la defensa de los derechos humanos, los expertos advirtieron sobre la instrumentalizaci\u00f3n del sistema de justicia para la persecuci\u00f3n pol\u00edtica, el debilitamiento del debido proceso, la criminalizaci\u00f3n de la disidencia y la p\u00e9rdida de independencia judicial. Destacaron que, pese a los cambios anunciados en el Poder Judicial tras la captura de Nicol\u00e1s Maduro el 3 de enero, las instituciones venezolanas siguen operando bajo una l\u00f3gica de control pol\u00edtico que ha convertido el proceso penal en un mecanismo de represi\u00f3n.<\/p>\n
“El poder judicial se ha terminado convirti\u00e9ndose en el brazo ejecutor de las decisiones del poder ejecutivo, sin autonom\u00eda de jueces e independencia de fiscales”, se\u00f1al\u00f3 la destacada jurista y acad\u00e9mica Magaly V\u00e1zquez Durante el panel dedicado a la crisis del derecho a la libertad personal en Venezuela.<\/p>\n
En el pa\u00eds se han documentado m\u00e1s de 19.000 arrestos arbitrarios por motivos pol\u00edticos desde 2014. De acuerdo con los especialistas, el sistema judicial opera bajo la premisa de “detener primero e investigar despu\u00e9s”adem\u00e1s, se ha institucionalizado la prohibici\u00f3n de defensores de confianza en casos pol\u00edticos, imponiendo defensores p\u00fablicos que act\u00faan como subalternos del poder.<\/p>\n
El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Al\u00ed \u200b\u200bDaniels, denunci\u00f3 la opacidad jur\u00eddica en Venezuela. Alert\u00f3 que existe un fen\u00f3meno de “gacetas desaparecidas”, 93 desde 2021, de las cuales se desconoce por completo su contenido porque no fueron publicadas apropiadamente como lo indica la ley. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que bajo el chavismo se ha popularizado la aplicaci\u00f3n de leyes “constitucionales” inimpugnables que anulan la seguridad jur\u00eddica b\u00e1sica.<\/p>\n
Otra de las principales irregularidades se\u00f1aladas por los expertos dentro del Poder Judicial es que m\u00e1s del 80% de los jueces son provisorios, carecen de autonom\u00eda y act\u00faan bajo lo que llaman el efecto Afiuni (en referencia al caso de la jueza Mar\u00eda Lourdes Afiuni), que consiste en el miedo a ser encarcelados si toman decisiones contrarias al Ejecutivo.<\/p>\n
Reinstitucionalizaci\u00f3n profunda del sistema judicial venezolanoLos participantes se\u00f1alaron que la reconstrucci\u00f3n institucional no puede limitarse a reformas superficiales. A su juicio, El pa\u00eds necesita una reinstitucionalizaci\u00f3n profunda. basado en el cumplimiento efectivo de la Constituci\u00f3n de 1999, la despolitizaci\u00f3n de los tribunales y la recuperaci\u00f3n de garant\u00edas b\u00e1sicas como el derecho a la defensa y la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
“Lo sucedido en el caso de V\u00edctor Hugo Quero Navas y su madre Carmen Navas es la radiograf\u00eda de nuestro Poder Judicial. Yo no hablo de que se pueda reconstruir; se puede reconstruir lo que existe, si queda un cimiento por lo menos, pero en Venezuela no hay ni siquiera un \u00e1pice para poder reconstruir el Poder Judicial. Hay que hacerlo de cero”, manifest\u00f3 el abogado defensor Joel Garc\u00eda.<\/p>\n
Uno de los principales planteamientos estuvo orientado a rescatar la independencia en el sistema judicial. Los expertos afirman que la provisionalidad de jueces y fiscales ha generado un sistema subordinado al poder pol\u00edtico. Frente a ello, propusieron el establecimiento de concursos p\u00fablicos de oposici\u00f3n para el ingreso y permanencia en la carrera judicial y fiscal. Seg\u00fan las exposiciones, estos procesos deben contar con la participaci\u00f3n de la sociedad civil y jurados acad\u00e9micos independientes, adem\u00e1s de mecanismos de transparencia que permitan evaluar p\u00fablicamente las credenciales t\u00e9cnicas y \u00e9ticas de los aspirantes.<\/p>\n
Los especialistas tambi\u00e9n insistieron en la necesidad de eliminar la figura de los comisarios pol\u00edticos dentro del sistema judicial y terminar con las pr\u00e1cticas las cuales mediante las cuales jueces consultan decisiones con actores externos al proceso judicial.<\/p>\n
Garc\u00eda asegur\u00f3 que para poder avanzar hacia una transici\u00f3n democr\u00e1tica real, en Venezuela “Necesitamos jueces que teman a la historia, pero que no le teman al poder; Mientras le teman al poder, no vamos a tener un sistema de justicia limpio”.<\/p>\n
Otra de las prioridades planteadas durante las jornadas fue el rescate del derecho a la defensa. Los ponentes denunciaron que desde finales de 2023 se ha consolidado la imposici\u00f3n de defensores p\u00fablicos en casos pol\u00edticos o vinculados con acusaci\u00f3n de terrorismo, impidiendo a los detenidos acceder a abogados de confianza.<\/p>\n
Las organizaciones participantes advirtieron que esta pr\u00e1ctica ha generado aislamiento de expedientes y restricciones severas al debido proceso. Tambi\u00e9n alertaron sobre casos de criminalizaci\u00f3n de abogados defensores por intentar ejercer funciones de representaci\u00f3n legal.<\/p>\n
“Uno de los primeros retos que tenemos entonces ahora es el de rescatar el derecho a la defensa; no hay derecho a la defensa en Venezuela”, advirti\u00f3 el abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.<\/p>\n
Entre las propuestas figura la emisi\u00f3n inmediata de directrices que obligan a los tribunales a aceptar defensores privados y garantizar el acceso a expedientes judiciales desde el inicio del proceso.<\/p>\n
Los expertos plantearon igualmente la necesidad de reformar el C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal para revertir normas consideradas regresivasentre ellas la utilizaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de fuga asociada a la gravedad de la pena como argumento para mantener detenciones preventivas prolongadas.<\/p>\n
Durante el encuentro se cuestion\u00f3 adem\u00e1s la existencia de tribunales con competencia en terrorismo. Diversos especialistas sostuvieron que estas instancias fueron creadas mediante resoluciones administrativas y no por ley, lo que, a su juicio, viola el principio constitucional del juez natural.<\/p>\n
La eliminaci\u00f3n de esas jurisdicciones especiales fue presentada como una de las inmediatas que podr\u00edan adoptarse y que permitir\u00edan revertir violaciones al debido proceso y facilitar la liberaci\u00f3n de detenidos cuyos casos han sido procesados \u200b\u200bbajo esquemas considerados inconstitucionales.<\/p>\n
“Es imperativa la eliminaci\u00f3n del tribunal especial de terrorismo. Eso es absolutamente inconstitucional. Adem\u00e1s, se debe aplicar una pol\u00edtica de tolerancia cero contra la corrupci\u00f3n”, se\u00f1al\u00f3 Tamara Bechar Alter, abogada y profesora universitaria.<\/p>\n
Joel Garc\u00eda, Magaly V\u00e1squez y Gonzalo Himiob hablaron sobre la libertad personal en Venezuela| Foto Erika Hern\u00e1ndezJusticia transicional y centralidad de las v\u00edctimasLos participantes coincidieron en que Cualquier proceso de transici\u00f3n democr\u00e1tica debe colocar a las v\u00edctimas en el centro de las pol\u00edticas de justicia y reparaci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello, una de las principales propuestas fue la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n de la Verdad integrado por personas t\u00e9cnicamente capacitadas e independientes, encargadas de investigar violaciones de derechos humanos, documentar responsabilidades y establecer mecanismos de reparaci\u00f3n integral.<\/p>\n
“Es necesaria la conformaci\u00f3n de comisiones de la verdad. Las v\u00edctimas tienen derecho a saber qu\u00e9 es lo que ha sucedido para que podamos hablar de reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n. Mecanismos como esos tienen que implementarse: hay necesidad de que se oxigenen las instituciones, de que haya pluralidad en las investigaciones, de que la sociedad civil pueda verdaderamente participar en este tipo de investigaciones”, manifest\u00f3 V\u00e1squez.<\/p>\n
Himiob coincidi\u00f3 en este punto y a\u00f1adi\u00f3 que una comisi\u00f3n de la verdad deber\u00e1 estar integrada con “personas que sean de verdad manifiestamente id\u00f3neas para el cumplimiento de su funci\u00f3n y que adem\u00e1s cuenten con el apoyo no solo del pueblo en general, sino de las instituciones”.<\/p>\n
“Si nos guiamos por los criterios de la ONU, las comisiones de la verdad son uno de los mecanismos que se utilizan para sociedades que ya han salido del conflicto, lo que nos deja sobre la mesa la pregunta: \u00bfen Venezuela hemos salido del conflicto? \u00bfEstamos listos para una comisi\u00f3n de la verdad en este momento? No lo s\u00e9”, agreg\u00f3.<\/p>\n
Las exposiciones insistieron en que la reparaci\u00f3n no puede limitarse a medidas simb\u00f3licas, sino que debe incluir garant\u00edas de no repetici\u00f3n, reconocimiento de responsabilidad y acceso efectivo a la justicia.<\/p>\n
La necesidad de preservar la memoria y registrar pruebas tambi\u00e9n ocup\u00f3 un lugar central en el debate. Himiob afirm\u00f3 que \u201cel principal enemigo de un preso o perseguido pol\u00edtico es el olvido\u201d, por lo que destac\u00f3 que la documentaci\u00f3n de violaciones de derechos humanos ser\u00e1 determinante para futuros procesos de justicia transicional y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se abord\u00f3 el impacto de la crisis institucional sobre grupos vulnerables, especialmente ni\u00f1os y adolescentes. Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, denunci\u00f3 la detenci\u00f3n de aproximadamente 220 adolescentes bajo acusaci\u00f3n graves como terrorismo y alert\u00f3 sobre retardos procesales y ausencia de mecanismos internacionales de protecci\u00f3n.<\/p>\n
“La situaci\u00f3n de los ni\u00f1os es uno de los indicadores m\u00e1s precisos para medir si existe o no seguridad jur\u00eddica en el pa\u00eds. Porque cuando el derecho deja de funcionar, la ni\u00f1ez suele ser la primera en sentirlo, pero es la \u00faltima en recuperarse”, manifest\u00f3 en su intervenci\u00f3n.<\/p>\n
Trapani destac\u00f3 que en la ni\u00f1ez, la reparaci\u00f3n no comienza cuando termina una medida, un proceso o cuando una persona recupera su libertad.<\/p>\n
“La reparaci\u00f3n comienza cuando el Estado es capaz de revisar cr\u00edticamente su actuaci\u00f3n, reconocer los factores que permitieron esta situaci\u00f3n y adoptar cambios para impedir que esos hechos vuelvan a ocurrir. La fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad para ejercer el poder, se mide por su capacidad para limitarse”, dijo.<\/p>\n
Cooperaci\u00f3n internacional y presi\u00f3n multilateralAnte la falta de independencia institucional dentro del pa\u00eds, los ponentes resaltaron el papel que han desempe\u00f1ado organismos internacionales en la documentaci\u00f3n de violaciones de derechos humanos y en la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n
Las jornadas destacaron el trabajo de la Misi\u00f3n Internacional Independiente de Determinaci\u00f3n de los Hechos de la ONU, que ha investigado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela.<\/p>\n
“El primer deber que tiene el Estado venezolano es investigar con sus propias instituciones y nosotros debemos exigirle al fiscal general de la Rep\u00fablica que tiene que investigar a los que la misi\u00f3n de determinaci\u00f3n de hechos ha se\u00f1alado. Hay recomendaciones que ha hecho la misi\u00f3n que solo falta la voluntad pol\u00edtica para que tengan efecto positivo”, indic\u00f3 Marino Alvarado, coordinador legal de Provea.<\/p>\n
Se analizaron los avances de la investigaci\u00f3n de la Corte Penal Internacional sobre la situaci\u00f3n Venezuela I. Los expertos recordaron que el CPI concluy\u00f3 que existen fundamentos para considerar que el Estado venezolano no tiene voluntad ni capacidad de investigar seriamente a los m\u00e1ximos responsables de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n
Ronnie Boquier, Marino Alvarado, Carlos Lusverti y Tamra Bechar durante el panel La dimensi\u00f3n multilateral de la seguridad jur\u00eddica| Foto Erika Hern\u00e1ndezEn relaci\u00f3n con el sistema interamericano, los especialistas se\u00f1alaron que las sentencias e mitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen una hoja de ruta para la reconstrucci\u00f3n institucional del pa\u00eds.<\/p>\n
Entre las medidas inmediatas planteadas figura el reingreso pleno de Venezuela al sistema interamericano, el cumplimiento de las decisiones de la Corte IDH y la autorizaci\u00f3n de visitas permanentes de relatores especiales de Naciones Unidas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n propusieron permitir el ingreso de la Cruz Roja Internacional y de organismos multilaterales a centros de reclusi\u00f3n para verificar condiciones de detenci\u00f3n y prestar asistencia humanitaria.<\/p>\n
Modernizaci\u00f3n, transparencia y dignificaci\u00f3n en el sistema judicial.Las propuestas discutidas durante la jornada incluyeron transformaciones t\u00e9cnicas y administrativas orientadas a reducir la corrupci\u00f3n y fortalecer la transparencia.<\/p>\n
Entre ellas destacan la digitalizaci\u00f3n total de expedientes judiciales para evitar p\u00e9rdidas de causas y mejorar el acceso a la informaci\u00f3n, as\u00ed como el uso de tecnolog\u00edas de asignaci\u00f3n aleatoria de expedientes para impedir manipulaciones pol\u00edticas en la distribuci\u00f3n de casos.<\/p>\n
Los especialistas advirtieron, sin embargo, que la incorporaci\u00f3n de inteligencia artificial debe limitarse a tareas administrativas y no sustituir el an\u00e1lisis humano en decisiones penales.<\/p>\n
La autonom\u00eda de los \u00f3rganos forenses y de criminal\u00edstica Tambi\u00e9n fue presentaci\u00f3n como un elemento clave para garantizar investigaciones imparciales. Los expertos propusieron separar org\u00e1nica y presupuestariamente estos organismos de los cuerpos policiales.<\/p>\n
Otro de los puntos reiterados fue la necesidad de dignificar las condiciones laborales de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Las jornadas se\u00f1alan que los bajos salarios y el deterioro de la infraestructura judicial aumentan la vulnerabilidad frente a la corrupci\u00f3n, la extorsi\u00f3n y las presiones pol\u00edticas.<\/p>\n
Para los participantes, la reconstrucci\u00f3n del sistema judicial venezolano representa mucho m\u00e1s que una reforma institucional. Aseguraron que se trata de un requisito esencial para recuperar la confianza ciudadana, garantizar los derechos fundamentales y construir las bases de una transici\u00f3n democr\u00e1tica sostenible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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