La confirmaci\u00f3n oficial de la muerte de V\u00edctor Hugo Quero Navas ha desatado una ola de cuestionamientos sobre las responsabilidades de funcionarios penitenciarios, judiciales y de derechos humanos en el ocultamiento del caso durante casi diez meses.<\/p>\n
El Ministerio para el Servicio Penitenciario admiti\u00f3 esta semana que Quero, de 51 a\u00f1os de edad, falleci\u00f3 en julio de 2025 mientras permanec\u00eda detenido en el Internado Judicial Rodeo I. La revelaci\u00f3n lleg\u00f3 despu\u00e9s de meses de denuncias de su madre, Carmen Teresa Navas, quien recorri\u00f3 c\u00e1rceles, tribunales y organismos p\u00fablicos exigiendo informaci\u00f3n sobre el desfile de su hijo.<\/p>\n
De acuerdo con el relato difundido por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, durante ese tiempo la respuesta oficial fue el silencio o la negaci\u00f3n de que Quero se encontrar\u00e1 recluida en ese centro penitenciario.<\/p>\n
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuaci\u00f3n del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio Garc\u00eda Zerpabajo cuya gesti\u00f3n ocurri\u00f3 la detenci\u00f3n y posterior ca\u00edda del preso pol\u00edtico. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicit\u00f3 su destituci\u00f3n y la apertura de una investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n
Tambi\u00e9n han sido se\u00f1aladas las autoridades del penal Rodeo I, desde el entonces director el teniente coronel Carlos Enrique Rincones Serven, hasta sus custodios, debido a las interrogantes sobre el ingreso de Quero, su traslado, las condiciones de su reclusi\u00f3n y la falta de informaci\u00f3n a sus familiares.<\/p>\n
Defensor\u00eda y Fiscal\u00eda tambi\u00e9n bajo cuestionamientoOtro elemento que increment\u00f3 la gravedad del caso fue la constancia emitida en octubre de 2025 por la funcionaria de la Defensor\u00eda del Pueblo Dionita Coronadoen la que se certificaba que V\u00edctor Hugo Quero se encontraba recluido en Rodeo I.<\/p>\n
Para abogados y activistas, este documento demuestra que distintas instituciones del Estado ten\u00edan conocimiento de la situaci\u00f3n del detenido mientras su madre segu\u00eda recibiendo respuestas evasivas.<\/p>\n
Las dudas se extienden a la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico (MP) y de la Defensor\u00eda del Puebloas\u00ed como a los funcionarios que ocuparon esos cargos durante el per\u00edodo en que Quero permaneci\u00f3 desaparecido oficialmente, entre ellos Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.<\/p>\n
A esta lista se suma Fiscal\u00eda 67 Nacionalque llevaba el caso; y el juez Carlos Liendoa cargo del Tribunal Segundo de Control con competencia en casos de Terrorismo, quien llev\u00f3 la etapa preliminar. Adem\u00e1s, de los funcionarios del servicio de medicina forense que hicieron la primera revisi\u00f3n sobre Quero Navas tras su detenci\u00f3n, el m\u00e9dico personal del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo que lo atendi\u00f3 tras su traslado desde El Rodeo I y los funcionarios del servicio de medicina forense que realizaron el acta de desaparici\u00f3n en julio de 2025.<\/p>\n
Un expediente que segu\u00eda activo pese al fallecimientoLa pol\u00e9mica se profundiz\u00f3 luego de que se conociera que, d\u00edas antes de la confirmaci\u00f3n oficial de la muerte, un juez habr\u00eda revisado el expediente de Quero para determinar que no calificaba para la Ley de Amnist\u00eda. El sistema judicial habr\u00eda continuado procesando administrativamente a una persona fallecida desde hac\u00eda varios meses.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico anunci\u00f3 la designaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 80 Nacional con competencia en derechos humanos y orden\u00f3 la exhumaci\u00f3n del cuerpo como parte de la investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n
La presi\u00f3n p\u00fablica ya no se centra \u00fanicamente en determinar la causa de muerte de V\u00edctor Hugo Quero, sino en establecer \u00bfQui\u00e9nes participan en el ocultamiento de su ca\u00edda? y qui\u00e9nes negaron informaci\u00f3n a su familia durante meses.<\/p>\n
Organizaciones como el OVP y Foro Penal insisten en que el caso constituye una grave violaci\u00f3n de derechos humanos y exigen que se determinen responsabilidades individuales dentro de la cadena de mando. Para Carmen Teresa Navas, de 82 a\u00f1os, la confirmaci\u00f3n de la muerte de su hijo puso fin a una b\u00fasqueda angustiosa. Sin embargo, la exigencia de justicia apenas comienza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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