Un tribunal federal de Argentina suspendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los controvertidos cambios del presidente Javier Milei a la ley de protecci\u00f3n de glaciares en la provincia de Santa Cruz, asestando a la reforma su primer golpe legal.<\/p>\n
El fallo detiene la nueva ley de Milei, que permite a los gobiernos provinciales redefinir zonas protegidas y abrir \u00e1reas periglaciales a posibles actividades mineras y energ\u00e9ticas, en espera de una nueva revisi\u00f3n judicial.<\/p>\n
La medida judicial surge tras una demanda colectiva interpuesta por el Concejo Deliberante de El Calafate, localidad situada a unos 80 kil\u00f3metros del glaciar Perito Moreno, una vasta formaci\u00f3n de hielo de 30 kil\u00f3metros de longitud y unos 70 metros de altura en la Patagonia.<\/p>\n
Seg\u00fan el fallo, rese\u00f1ado por medios locales, los demandantes pretend\u00edan declarar la reforma \u201cinconstitucional, contraria a los acuerdos internacionales y nula en t\u00e9rminos absolutos\u201d.<\/p>\n
La reforma a la llamada \u201cley de los glaciares\u201d, aprobada por el Congreso el 9 de abril pese a la fuerte oposici\u00f3n de activistas ambientalistas, fue promulgada el viernes por el Ejecutivo.<\/p>\n
Organizaciones ambientalistas advierten que la medida profundizar\u00e1 la crisis clim\u00e1tica, argumentando que la miner\u00eda o la exploraci\u00f3n petrolera en zonas periglaciales podr\u00edan poner en riesgo las fuentes de agua.<\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 la medida cautelar, suspendiendo inmediatamente los efectos de la ley dentro de su competencia mientras se examina el caso, citando el \u201criesgo\u201d que representa su potencial implementaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLa posible aplicaci\u00f3n de un marco regulatorio que reduzca los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n ambiental podr\u00eda permitir actividades que impacten ecosistemas altamente fr\u00e1giles, como los glaciares y el ambiente periglacial, cuyos efectos, de concretarse, podr\u00edan resultar muy dif\u00edciles o imposibles de revertir\u201d, argument\u00f3 el juez.<\/p>\n
Aunque el fallo se aplica s\u00f3lo a la provincia de Santa Cruz, apunta a una ola de impugnaciones legales que probablemente se extender\u00e1 por todo el pa\u00eds.<\/p>\n
El gobierno provincial de La Pampa present\u00f3 su propia orden judicial ante un tribunal federal tan pronto como se aprob\u00f3 la reforma el 9 de abril. Grupos legales y ambientalistas tambi\u00e9n presentaron un caso ante la Corte Suprema esta semana, mientras que Greenpeace respalda una demanda colectiva, y se esperan m\u00e1s presentaciones en al menos otras seis provincias.<\/p>\n
La legislaci\u00f3n, promulgada formalmente mediante el Decreto 271\/2026 como Ley N\u00b0 27.804, marca un cambio significativo en la pol\u00edtica ambiental de Argentina. <\/p>\n
Despu\u00e9s de un tenso y re\u00f1ido debate en el Congreso, el gobierno consigui\u00f3 su aprobaci\u00f3n en la C\u00e1mara Baja por 137 votos contra 111, confiando en el apoyo de los bloques aliados para alcanzar el qu\u00f3rum e impulsar la reforma.<\/p>\n
En el centro de la reforma se encuentra un cambio profundo en el marco legal que rige la protecci\u00f3n de los glaciares. La reforma desmantela el sistema centralizado vigente desde 2010, transfiriendo autoridad a los gobiernos provinciales para definir los criterios t\u00e9cnicos que determinan qu\u00e9 cuerpos de hielo y \u00e1reas periglaciales deben preservarse. <\/p>\n
Esta \u201cprovincializaci\u00f3n\u201d de la supervisi\u00f3n ambiental reemplaza una norma nacional uniforme con umbrales definidos localmente, lo que significa que las \u00e1reas que no cumplan con los nuevos criterios provinciales podr\u00edan perder su estatus de protecci\u00f3n y quedar abiertas a la actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n
Para los grupos ambientalistas, el cambio representa un rev\u00e9s hist\u00f3rico. Los cr\u00edticos argumentan que la fragmentaci\u00f3n de los est\u00e1ndares t\u00e9cnicos abre la puerta a la reactivaci\u00f3n de proyectos mineros y extractivos en zonas previamente salvaguardadas por el Inventario Nacional de Glaciares. <\/p>\n
La disputa ahora est\u00e1 pasando r\u00e1pidamente del Congreso a los tribunales. Organizaciones de la sociedad civil y asambleas de base se est\u00e1n movilizando para unirse a acciones legales colectivas que buscan derogar la ley. Su argumento central es que los glaciares, como reservas estrat\u00e9gicas de agua dulce que alimentan cuencas fluviales que abarcan m\u00faltiples provincias, no pueden ser gestionados de forma aislada por jurisdicciones individuales.<\/p>\n
\u2013 TIMES\/AFP\/NA<\/p>\n
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