El an\u00e1lisis de las pol\u00edticas p\u00fablicas del sistema de educaci\u00f3n superior venezolano que hemos realizado en este espacio ha estado situado, con raz\u00f3n dentro de los l\u00edmites del propio sector: el financiamiento universitario, la autonom\u00eda institucional, los salarios docentes, la infraestructura, la matr\u00edcula, la calidad acad\u00e9mica. Esta columna ha recorrido ese territorio con detalle en las entregas anteriores. En esta oportunidad el enfoque se sit\u00faa deliberadamente fuera de ese marco, porque Venezuela tiene un problema de Estado que precede y determina todos los problemas del pa\u00eds, incluido obviamente el sector universitarios. Es precisamente all\u00ed, en ese territorio m\u00e1s amplio y m\u00e1s inc\u00f3modo, donde se libra hoy la batalla central de los gremios de profesores, trabajadores y jubilados del sector universitario venezolano.<\/p>\n
Un Estado que no cumple su propia Constituci\u00f3n no puede garantizar la autonom\u00eda universitaria que esa misma Constituci\u00f3n consagra. Un Poder Judicial que reescribe el texto constitucional para ajustarlo a las necesidades de supervivencia del proyecto pol\u00edtico que lo controla no puede ser el \u00e1rbitro de los derechos laborales de los trabajadores universitarios. Un gobierno que lleg\u00f3 al poder sin los votos que no obtuvo el 28 de julio de 2024 carece de la legitimidad democr\u00e1tica que cualquier pol\u00edtica p\u00fablica de reconstrucci\u00f3n universitaria requiere como condici\u00f3n m\u00ednima de credibilidad. Esa es la contradicci\u00f3n estructural que hace imposible separar la crisis universitaria venezolana de la crisis del Estado venezolano.<\/p>\n
Es perentorio se\u00f1alar, que la destrucci\u00f3n de la universidad venezolana tuvo al menos tres autores simult\u00e1neos y documentados que la narrativa oficial no ha podido refutar con evidencia. La primera es la decisi\u00f3n pol\u00edtica de asfixiar el financiamiento universitario con decisiones presupuestarias internas documentadas desde 2005, que precede con crecimientos cualquier discurso vinculado solo a las sanciones internacionales. El segundo es la corrupci\u00f3n institucional; el caso m\u00e1s relevante involucra justamente al exministro de educaci\u00f3n universitaria Hugbel Roa, quien particip\u00f3 en el robo de m\u00e1s de 20.000 millones de d\u00f3lares de recursos del Estado, incluyendo fondos destinados al sector universitario. El tercero es la opacidad deliberada en la informaci\u00f3n p\u00fablica y las estad\u00edsticas; las Memorias y Cuentas del Ministerio dejaron de publicarse con regularidad a partir de 2015. El portal PEER del Informe de Seguimiento de la Educaci\u00f3n en el Mundo de la Unesco registra a Venezuela con informaci\u00f3n desactualizada por m\u00e1s de una d\u00e9cada, y la propia ministra Ana Mar\u00eda Sanju\u00e1n ha reconocido p\u00fablicamente tener los presupuestos del sector desde 1999, pero sin hacerlos p\u00fablicos. Esas tres causas operaron simult\u00e1neamente durante a\u00f1os. Por ello, cuando la ministra insiste en presentar las consecuencias de esta crisis como producto de factores externos, se revela solo el inter\u00e9s de una decisi\u00f3n pol\u00edtica para proteger la narrativa gubernamental.<\/p>\n
Al observar el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia, ante el cual protestaron los docentes venezolanos esta semana, encontramos que es el mismo tribunal que desactiv\u00f3 leguleyamente la Asamblea Nacional de mayor\u00eda opositora elegida en 2015. El mismo \u00f3rgano que aval\u00f3 los resultados del 28 de julio de 2024. El mismo que interpret\u00f3 la Constituci\u00f3n para negar la falta absoluta de Maduro y permitir que Delcy Rodr\u00edguez contin\u00fae en el poder. El mismo que ha sido usado sistem\u00e1ticamente para invalidar elecciones de autoridades universitarias cuando sus resultados no conven\u00edan al gobierno. Y el mismo cuya Sala Constitucional recibi\u00f3 el 2 de febrero de 2026 un amparo que exige el cumplimiento del art\u00edculo 91 constitucional sobre el derecho a un salario basado en la canasta b\u00e1sica, sin haberlo admitido ni rechazado en el plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles que la ley establece. El profesor Juan Carlos Apitz, vocero de los trabajadores en la concentraci\u00f3n ante el TSJ, lo calific\u00f3 con precisi\u00f3n: “Tan ileg\u00edtimo es estar en la presidencia de la rep\u00fablica sin los votos como estar en este tribunal y no responderle a los justiciables”. La comunidad universitaria sabe que llevar este tipo de constitucional es un proceso administrativo que quiz\u00e1s no llegue a nada, y de todas formas se tiene que hacer porque el silencio del TSJ es en s\u00ed mismo recurso la evidencia m\u00e1s parcializada y elocuente sobre el estado real de las instituciones venezolanas.<\/p>\n
Es as\u00ed que la gesti\u00f3n de la profesora Ana Mar\u00eda Sanju\u00e1n posiblemente se sit\u00faa en un patr\u00f3n que la comunidad universitaria venezolana reconoce: ante la presi\u00f3n traen una figura de contenci\u00f3n, y ante mayor presi\u00f3n traen una figura de persecuci\u00f3n. Es as\u00ed como despu\u00e9s del desorden de Edgardo Ram\u00edrez lleg\u00f3 la voz mesurada de Yadira C\u00f3rdoba. Despu\u00e9s del paro de 2013 lleg\u00f3 Pedro Calzadilla con un tono a\u00fan m\u00e1s apacible. Cuando llegaron las marchas de 2014 trajeron a Jeyson Guzm\u00e1n con la confrontaci\u00f3n abierta. Y con la reactivaci\u00f3n de las marchas y los muertos en las calles en 2017 lleg\u00f3 Hugbel Roa, hoy preso por la trama de corrupci\u00f3n. En este sentido, hay sobradas razones para que la comunidad universitaria piense que la llegada de la profesora Sanju\u00e1n, acad\u00e9mica formada pero designada por Delcy Rodr\u00edguez con un perfil conciliador, responda a una gesti\u00f3n de contenci\u00f3n en un momento en que el gobierno necesita reducir la temperatura de m\u00faltiples crisis simult\u00e1neas. Esa desconfianza generalizada la defini\u00f3 con precisi\u00f3n el profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociaci\u00f3n de Profesores de la UCV, en la asamblea intergremial de la Facultad de Ingenier\u00eda: “aqu\u00ed nos van a servir pasado en copas nuevas”. Ahora bien, si las intenciones de Sanju\u00e1n y de Delcy son sinceras, la demostraci\u00f3n es posible con actuaciones sencillas que env\u00eden un mensaje contundente de voluntad real de reconstrucci\u00f3n: publicar las estad\u00edsticas del sector desde 2015, presentar el tabulador de los cargos y un plan de recuperaci\u00f3n salarial con cronograma real, garantizar que el TSJ responda el amparo pendiente, cesar la persecuci\u00f3n constitucional documentada a dirigentes estudiantiles, profesores y trabajadores, y permitir elecciones libres y democr\u00e1ticas en todas las p\u00fablicas. Todas estas acciones son perfectamente posibles si hay voluntad pol\u00edtica real.<\/p>\n
Finalmente, la universidad venezolana ha sido contestataria desde siempre. Aut\u00f3noma, cr\u00edtica, inc\u00f3moda para el poder en todos los tiempos y bajo todos los gobiernos, esa tradici\u00f3n atraviesa en diferentes medidas a las universidades aut\u00f3nomas, experimentales y territoriales. Esta semana esa tradici\u00f3n se expres\u00f3 en la protesta de estudiantes y trabajadores en diferentes puntos del pa\u00eds, incluido el TSJ, con una demanda constitucional que el poder judicial ignora. La semana entrante se expresar\u00e1 con un paro de 24 horas en las universidades del pa\u00eds. La comunidad universitaria venezolana protesta contra un problema de Estado que la destruy\u00f3 durante dos d\u00e9cadas y que hoy le ofrece copas nuevas para servir el mismo pasado. La universidad merece algo distinto y mientras no llegue con planos, recursos y evidencia verificable, los pasillos destruidos de las universidades venezolanas seguir\u00e1n siendo el diagn\u00f3stico m\u00e1s honesto disponible sobre el Estado que las abandon\u00f3.<\/p>\n
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