Imagen: Revista SemanaUna ola de malestar, de cr\u00edticas y reproches, de argumentaciones c\u00e1usticas en contra del gobierno se han levantado como consecuencia de una parranda vallenata que tuvo lugar, con la venia de las autoridades, en el centro penitenciario de Itag\u00fc\u00ed en el Valle de Aburr\u00e1 en Antioquia. Desde los d\u00edas Pablo Escobar, cuando la c\u00e1rcel de La Catedral fue escenario de fiestas similares, no se hab\u00edan vuelto a producir hechos de esta naturaleza. La fiesta, amenizada con m\u00fasica y alcohol a raudal, habr\u00eda costado 140.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
Voceros del crimen organizado, parlamentarios pro-gobierno, izquierdistas de post\u00edn, integrantes del proceso de paz \u2013proyecto l\u00edder del presidente Gustavo Petro\u2013 y otra mir\u00edada de gentes de todo calibre y pelambre han tomado la palabra frente a la prensa para referirse a este gran desaguisado, demostrativo del nivel de procesamiento que se vive en los c\u00edrculos pol\u00edticos del pa\u00eds colombiano.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 del esc\u00e1ndalo inmediato, el episodio revela algo m\u00e1s profundo que un simple acto de indisciplina o corrupci\u00f3n carcelaria: evidencia un preocupante relajamiento institucional en un lugar que, por definici\u00f3n, deber\u00eda ser el s\u00edmbolo m\u00e1ximo del control del Estado sobre quienes han transgredido la ley. Que una c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad se convertir\u00e1 en escenario de celebraciones financiadas por estructuras criminales no solo ridiculiza al sistema penitenciario, sino que pone en entredicho la capacidad del Estado para imponer l\u00edmites claros a quienes negocian con \u00e9l.<\/p>\n
La destituci\u00f3n del director del penal parece, en este contexto, una medida inevitable pero insuficiente. Reducir el problema a una falla administrativa es ignorar que este tipo de eventos requiere complicidades, omisiones y, posiblemente, una cultura institucional permisiva que ha ido calando con el tiempo. No se trata de un hecho aislado, sino de un s\u00edntoma.<\/p>\n
Desde el punto de vista jur\u00eddico, el episodio interrogantes inquietantes. Si los cabecillas que participan en la organizaci\u00f3n del evento hacen parte de procesos de negociaci\u00f3n con el gobierno, \u00bfqu\u00e9 tipo de beneficios o trato diferencial est\u00e1n recibiendo? \u00bfSe est\u00e1n desdibujando las fronteras entre interlocuci\u00f3n pol\u00edtica y concesi\u00f3n indebida? La legitimidad de cualquier proceso de paz depende, en gran medida, de la percepci\u00f3n de que el Estado negocia desde una posici\u00f3n de autoridad, no de complacencia.<\/p>\n
Pol\u00edticamente, el impacto es a\u00fan m\u00e1s corrosivo. La llamada \u201cpaz total\u201d se fundamenta en la idea de incorporar a actores armados en din\u00e1micas de desmovilizaci\u00f3n y sometimiento. Sin embargo, episodios como este alimentan la narrativa de que el gobierno no solo dialoga con estructuras criminales, sino que tolera \u2013o no logra controlar\u2013 comportamientos que deslegitiman el proceso ante la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Los parlamentarios afines al gobierno han intentado relativizar el hecho, se\u00f1alando el deterioro estructural del sistema carcelario colombiano. Y no les falta raz\u00f3n: el hacinamiento, la corrupci\u00f3n y la precariedad son problemas reales y graves. Pero esa explicaci\u00f3n, aunque v\u00e1lida como contexto, no puede convertirse en excusa. Una cosa es reconocer las falencias del sistema y otra muy distinta justificar que en su interior florezcan din\u00e1micas propias del poder criminal que se supone se est\u00e1 combatiendo o regulando.<\/p>\n
La pregunta de fondo resulta inevitable: \u00bftiene sentido negociar con actores que, incluso en condiciones de reclusi\u00f3n, exhiben tal grado de desd\u00e9n por las normas? Y m\u00e1s a\u00fan, \u00bfqu\u00e9 mensaje se env\u00eda a la sociedad cuando esos actores parecen gozar de privilegios incompatibles con su condici\u00f3n jur\u00eddica?<\/p>\n
Calificar la actitud del gobierno como ingenuidad o complicidad puede parecer excesiva, pero lo cierto es que la l\u00ednea que separa ambas percepciones se vuelve cada vez m\u00e1s difusa cuando el Estado pierde control efectivo sobre los espacios que deben estar bajo su dominio absoluto. La credibilidad de la pol\u00edtica de paz no se juega \u00fanicamente en las mesas de negociaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en la coherencia entre el discurso y la realidad. Y hoy, esa coherencia est\u00e1 seriamente cuestionada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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