Asamblea Nacional suspende la discusi\u00f3n de la ley de minas. Foto Asamblea NacionalLa Asamblea Nacional ha decidido activar un nuevo proceso de selecci\u00f3n del fiscal general y del defensor del pueblo; decisi\u00f3n que, m\u00e1s all\u00e1 de su apariencia formal, obliga a examinar su conformidad con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Recientemente Provea se\u00f1al\u00f3, con suficiente fundamento legal, que la activaci\u00f3n del procedimiento no era jur\u00eddicamente imprescindible. La propia normativa prev\u00e9 f\u00f3rmulas de continuidad institucional para cubrir vacantes por renuncia sin necesidad de reiniciar el proceso de designaci\u00f3n. Sin embargo, el Parlamento opt\u00f3 por ignorar esas alternativas y abrir un nuevo ciclo de postulaciones. Esa elecci\u00f3n revela una voluntad pol\u00edtica clara: desplazar, sin justificaci\u00f3n jur\u00eddica alguna, las soluciones previstas en la ley.<\/p>\n
En este contexto, el pa\u00eds vuelve a enfrentar un problema que ha sido tolerado durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas: la integraci\u00f3n de los comit\u00e9s de postulaciones. Son legales, s\u00ed, pero inconstitucionales. Y es hora de decirlo sin rodeos.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n de 1999 orden\u00f3 que esos comit\u00e9s estuvieran integrados por \u201clos diversos sectores de la sociedad\u201d. Ese mandato no fue un saludo a la bandera. Represent\u00f3 una ruptura deliberada con el monopolio partidista en la conformaci\u00f3n del Poder P\u00fablico. Y cuando el constituyente habl\u00f3 de \u201cdiversos sectores\u201d, lo hizo con nombres y apellidos. En el Diario de Debates de 1999, las intervenciones de Allan Randolph Brewer\u2011Car\u00edas, Ricardo Combellas, Hermann Escarr\u00e1 y Arist\u00f3bulo Ist\u00fariz identificaron con claridad a universidades, gremios profesionales, organizaciones de trabajadores, sectores empresariales, asociaciones civiles y ONG como actores llamados a participar en esos comit\u00e9s.\u00b9<\/p>\n
El era inequ\u00edvoco: impedir que los procesos de designaci\u00f3n queden en manos exclusivas de los actores pol\u00edticos y abrir espacios reales de participaci\u00f3n ciudadana, en coherencia con el prop\u00f3sito de modelo de democracia participativa y protag\u00f3nica consagrado en la Constituci\u00f3n.\u00b2<\/p>\n
Pero las leyes org\u00e1nicas dictadas despu\u00e9s (las del Poder Ciudadano, del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia) desnaturalizaron ese mandato. En lugar de desarrollar la participaci\u00f3n social la restringieron, al establecer que la mitad m\u00e1s uno de los integrantes de los comit\u00e9s deben ser diputados. Lo que deb\u00eda ser un espacio plural donde el protagonista es la sociedad en su conjunto, se convirti\u00f3 en un mecanismo controlado por el Parlamento. Lo que deb\u00eda abrirse a la sociedad termin\u00f3 repleg\u00e1ndose hacia la representaci\u00f3n pol\u00edtica. Y lo que deb\u00eda encarnar el esp\u00edritu participativo de la Constituci\u00f3n qued\u00f3 atrapado en la l\u00f3gica que el propio constituyente quiso superar.<\/p>\n
Hoy, sin embargo, existe una oportunidad que no debe desperdiciarse. Este es el momento para que la Asamblea Nacional demuestre si realmente tiene la voluntad de cumplir con la Constituci\u00f3n. No se trata de un gesto pol\u00edtico. Se trata de un examen institucional. Un examen que no admite evasivas. Un examen que solo puede aprobarse con hechos, no con discursos.<\/p>\n
Si la Asamblea Nacional quiere honrar la Constituci\u00f3n, debe hacerlo donde importe: reformando de inmediato las tres leyes org\u00e1nicas que distorsionan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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