En tres o cuatro de mis art\u00edculos de semanas anteriores, insisti\u00f3 en que es prematuro afirmar que se ha iniciado una Transici\u00f3n en Venezuela, sino se establecieron condiciones que favorezcan de inmediato y sin demoras, el ejercicio pleno e irrestricto del periodismo informativo y de opini\u00f3n; sino se restituye la libertad de expresi\u00f3n para la totalidad de los ciudadanos y las organizaciones; sino se derogan sin excepciones, instrumentos de persecuci\u00f3n y coerci\u00f3n legal como la aprobada en 2017, Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pac\u00edfica y la Tolerancia; la aprobada en 2004 y reformada en 2010, Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisi\u00f3n y Medios Electr\u00f3nicos; sino se modifican leyes como la Ley Especial Contra Delitos Inform\u00e1ticos, que ha sido utilizada para multas pol\u00edticas; o el C\u00f3digo Penal, que permite calificar de vilipendio, cualquier se\u00f1alamiento que los medios de comunicaci\u00f3n hagan de funcionarios p\u00fablicos y, en consecuencia, permite juzgar a periodistas y editores como autores de delitos penales. Estos cuatro que \u00e9l mencion\u00f3 hasta aqu\u00ed no son todas, porque hay varias otras, como la Ley Org\u00e1nica de Seguridad de la Naci\u00f3n, que contienen restricciones como las \u201czonas de seguridad\u201d militares, que impiden, por ejemplo, que reporteros hagan su trabajo en sedes gubernamentales e instalaciones.<\/p>\n
Pero este \u00e1mbito hasta aqu\u00ed se\u00f1alado, que es condici\u00f3n urgente y necesaria para el restablecimiento de un real debate p\u00fablico y para el relanzamiento de los partidos pol\u00edticos y de posibles candidaturas, no ser\u00e1n tampoco los requisitos m\u00ednimos suficientes para avanzar hacia la Transici\u00f3n. Hace falta abordar sin m\u00e1s dilataciones, otras dos tareas de enorme magnitud y complejidad, que no deben esperar ni un minuto m\u00e1s para su arrancada.<\/p>\n
La primera que debo mencionar es la reforma raigal, desde el primero hasta el \u00faltimo nivel, del Sistema Judicial. Es, as\u00ed lo creo, una tarea tan compleja como la depuraci\u00f3n de las Fuerzas Armadas, solo que en el caso de esta \u00faltima, por su naturaleza y estructura, una vez cambiada la c\u00fapula, el resto de la estructura deber\u00eda tender a seguir los lineamientos emanados por el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar.<\/p>\n
En el caso del Sistema Judicial se presentan a priori tres desaf\u00edos. El primero, c\u00f3mo evitar una pol\u00edtica de tierra arrasada, que castigue indebidamente a los jueces y funcionarios que han logrado preservar su ejercicio profesional dentro del marco legal, a pesar de la podredumbre del conjunto del sistema. <\/p>\n
El segundo desaf\u00edo se refiere al establecimiento de los l\u00edmites del llamado Sistema Judicial, toda vez que, por ejemplo, son innumerables los casos que han terminado en decisiones extremas por parte de jueces en contra de personas inocentes, en los que funcionarios de la Fiscal\u00eda, la Contralor\u00eda y hasta de otras instituciones, han tenido una participaci\u00f3n y hasta una complicidad relevante. Esta es una cuesti\u00f3n que deber\u00e1 ser examinada con celo extremo para establecer todas las responsabilidades, caso a caso, dentro o fuera del poder judicial.<\/p>\n
El tercer desaf\u00edo est\u00e1 llamado a ser el m\u00e1s controvertido, tal como ha ocurrido en otros pa\u00edses, una vez que han ca\u00eddo dictaduras en las que se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos, como ha ocurrido en el r\u00e9gimen de Ch\u00e1vez y Maduro. <\/p>\n
Declararlo o escribirlo en un art\u00edculo es f\u00e1cil, pero en los hechos, las tensiones entre justicia e impunidad, entre perd\u00f3n y castigo, entre los derechos de las v\u00edctimas y la necesidad pol\u00edtica de crear un escenario de reconciliaci\u00f3n y di\u00e1logo, hace tremendamente dif\u00edcil resolver este debate, cuyas soluciones siempre resultan insatisfactorias para los distintos especialistas y sectores organizados de la sociedad. <\/p>\n
Seguramente le ocurre a muchos lectores: cuando se escuchan los argumentos a favor de castigar los delitos cometidos por jueces y fiscales -los menciono porque, por su car\u00e1cter, estaban especialmente obligados a cuidar el cumplimiento de la ley- de inmediato nos sentimos ganados a compartir esa posici\u00f3n a favor de hacer justicia y castigar a quienes lo merecen.<\/p>\n
Pero cuando se escuchan a los especialistas que defienden tesis favorables a las llamadas estrategias del perd\u00f3n -materia sobre la que hay una bibliograf\u00eda muy amplia y recomendable en espa\u00f1ol, sobre c\u00f3mo se han manejado estos asuntos en Argentina y Chile-, tambi\u00e9n es inevitable considerar si es viable enjuiciar y castigar a una estructura de funcionarios integrada por millas y millas de personas. Se preguntan los expertos cu\u00e1nto costar\u00eda, cu\u00e1nto tiempo exigir\u00eda y qui\u00e9nes estar\u00edan dispuestos a asumir una responsabilidad como esa, cuidando que los procesos no deriven en vendettas.<\/p>\n
Sin negar su dificultad espec\u00edfica, la reforma profunda del Consejo Nacional Electoral es, adem\u00e1s de absolutamente imprescindible, condici\u00f3n sine qua non para la realizaci\u00f3n de cualquier pr\u00f3ximo proceso electoral. La Junta Directiva actual del CNE, as\u00ed como las autoridades de cada regi\u00f3n electoral, sus responsables t\u00e9cnicos y el conjunto de los funcionarios involucrados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en los fraudes electorales cometidos por ese organismo, especialmente el 28 de julio de 2024, deben ser destituidos y reemplazados por profesionales id\u00f3neos y decentes, conocedores de la material electoral, que no faltan en todas las regiones del pa\u00eds, y que estos a\u00f1os han aguardado la llegada de este momento, para volver a ejercer el oficio al que se dedicaron por a\u00f1os, el de trabajar en un organismo que se asumiera como garant\u00eda de la democracia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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