es Pedro Paramola novela de Juan Rulfo, el narrador llega a un pueblo donde las voces parecen venir de otra parte. Los habitantes hablan de deudas, agravios y leyes, pero todo suena como un murmullo lejano. Las palabras siguen circulando, pero han perdido su fuerza. En Comala las normas existen, pero ya no gobiernan la vida: se repiten como ecos en un lugar donde la autoridad se ha vuelto fantasmal. Algo parecido ocurre cuando el derecho deja de cumplir su funci\u00f3n esencial: poner l\u00edmites.<\/p>\n
Toda sociedad necesita un equilibrio entre la energ\u00eda de la pol\u00edtica y la forma de las instituciones. La pol\u00edtica moviliza pasiones, crea bandos y empuja los acontecimientos hist\u00f3ricos. Las instituciones \u2014en cambio\u2014 transforman ese conflicto en reglas, procedimientos y garant\u00edas. Cuando ese equilibrio se rompe, la fuerza comienza a desbordar la forma. El derecho deja entonces de ser un l\u00edmite a los abusos y pasa a convertirse en un instrumento del poder. Y eso lo conocemos muy bien los venezolanos.<\/p>\n
La Venezuela contempor\u00e1nea ofrece un ejemplo dram\u00e1tico de ese desequilibrio. Durante a\u00f1os la pol\u00edtica se ha organizado alrededor de la l\u00f3gica del conflicto schmittiano amigo-enemigo, Mientras las instituciones que deben contener ese enfrentamiento han sido progresivamente absorbidas por el fanatismo ideol\u00f3gico y el sectarismo pol\u00edtico.<\/p>\n
El caso del abogado y profesor universitario Perkins Rocha ilustra con claridad esta fractura. Su situaci\u00f3n judicial muestra hasta qu\u00e9 punto el derecho puede dejar de ser un instrumento para ordenar el conflicto pol\u00edtico y convertirse, por el contrario, en uno de sus motores. As\u00ed se obstaculiza la evoluci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n
La boleta judicial que se le notific\u00f3 se\u00f1ala que el juez le neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Ley de Amnist\u00eda para la Convivencia Democr\u00e1tica aprobada por la Asamblea Nacional, mientras se le imputan delitos de extrema gravedad: terrorismo, conspiraci\u00f3n con gobierno extranjero, asociaci\u00f3n para delinquir, incitaci\u00f3n al odio y traici\u00f3n a la patria. Todo ello sin motivaci\u00f3n alguna. Surgen entonces las preguntas elementales: \u00bfcu\u00e1les fueron los actos de terrorismo?, \u00bfcon qu\u00e9 gobierno extranjero habr\u00eda conspirado?, \u00bfcon qui\u00e9nes se habr\u00eda asociado para delinquir?, \u00bfqu\u00e9 mensajes suyos constituyen incitaci\u00f3n al odio?, \u00bfcu\u00e1ndo y c\u00f3mo habr\u00eda ocurrido la supuesta traici\u00f3n a la patria?<\/p>\n
La acumulaci\u00f3n de cargas es tan desmesurada que termina debilitando su propia verosimilitud jur\u00eddica. Ni siquiera en procesos c\u00e9lebres contra grandes criminales se observa algo semejante. Al Capone termin\u00f3 condenado por evasi\u00f3n fiscal. Joaqu\u00edn \u201cel Chapo\u201d Guzm\u00e1n enfrent\u00f3 acusaciones extensas, pero coherentes dentro de una misma estructura criminal. Incluso en la literatura los grandes villanos resultan m\u00e1s veros\u00edmiles. Pedro P\u00e1ramo, el cacique de Comala, responsable de abusos, venganzas y muertes, jam\u00e1s necesit\u00f3 un expediente semejante. Y el propio Popeye, el g\u00e1nster brutal imaginado por William Faulkner en Santuariofue juzgado y condenado por un delito que ni siquiera hab\u00eda cometido.<\/p>\n
El expediente contra Perkins Rocha, en cambio, concentra pr\u00e1cticamente casi todos los delitos posibles en una sola persona. M\u00e1s que una acusaci\u00f3n penal, parece el inventario de la legislaci\u00f3n que el poder ha ido construyendo en los \u00faltimos a\u00f1os para perseguir a la oposici\u00f3n.<\/p>\n
A esa situaci\u00f3n se a\u00f1ade la negativa judicial a aplicar la amnist\u00eda aprobada por la Asamblea Nacional. El juez invoc\u00f3 el art\u00edculo 9 de la ley, el cual establece ciertas exclusiones. Pero incluso si se aceptara esa interpretaci\u00f3n \u2014una amnist\u00eda con excepciones\u2014 el problema jur\u00eddico sigue siendo evidente: la amnist\u00eda es, por definici\u00f3n, una decisi\u00f3n pol\u00edtica destinada a cerrar penalmente un ciclo de confrontaci\u00f3n. Por eso, si el juez consider\u00f3 que alguna de esas exclusiones imped\u00eda aplicarla a Perkins Rocha, deb\u00eda desaplicar esa disposici\u00f3n ejerciendo el control difuso de la constitucionalidad, como lo habilita el art\u00edculo 334 de la Constituci\u00f3n. Todo juez tiene la facultad \u2014y el deber\u2014 de inaplicar una norma legal cuando su aplicaci\u00f3n contradice la Constituci\u00f3n o vac\u00eda de contenido una instituci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
El \u201cgrillete\u201d que hoy pesa sobre el tobillo de Perkins Rocha no es solo una medida judicial contra un venezolano. Es tambi\u00e9n el s\u00edmbolo de esa inversi\u00f3n del orden institucional: el momento en que la justicia deja de contener el conflicto pol\u00edtico y pasa a potenciarlo.<\/p>\n
Pero la salida jur\u00eddica todav\u00eda existe. La decisi\u00f3n que neg\u00f3 la amnist\u00eda debe ser revisada y revocada conforme al esp\u00edritu de la ley aprobada por la Asamblea Nacional. Y aun si esa v\u00eda se bloquea, la Constituci\u00f3n prev\u00e9 otra herramienta institucional: el indulto presidencial. El art\u00edculo 236, numeral 19, facultad al presidente de la Rep\u00fablica para concederlo. Como lo ha se\u00f1alado reiteradamente el maestro del Derecho Penal Alberto Arteaga S\u00e1nchez, ese instrumento podr\u00eda utilizarse para poner fin a procesos que carecen de consistencia jur\u00eddica.<\/p>\n
Es cierto que a algunos penalistas no les agradar\u00eda esta soluci\u00f3n, porque implicar\u00eda conceder un perd\u00f3n por un delito que no ha sido probado. Pero desde el punto de vista pr\u00e1ctico \u2014y considerando que Perkins Rocha ni siquiera ha sido sentenciado\u2014 ese indulto procesal producir\u00eda el mismo efecto jur\u00eddico: la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y la libertad del perseguido. Pero sea como sea, lo que debe hacer el Poder Judicial es aplicar sin trabas hermen\u00e9uticas la Ley de Amnist\u00eda. <\/p>\n
La reconciliaci\u00f3n nacional exige algo elemental: que el Poder Judicial deje de prolongar la persecuci\u00f3n penal contra opositores pol\u00edticos y contribuya a cerrar el ciclo de confrontaci\u00f3n que el pa\u00eds necesita superar. La amnist\u00eda no admite medias tintas. Si se aplica, se sobresee la causa por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. El expediente se archiva y la persona queda libre. Buscar excusas en interpretaciones expansivas del art\u00edculo 9 contradice el esp\u00edritu mismo de la amnist\u00eda.<\/p>\n
Todo lo dicho a prop\u00f3sito de Perkins Rocha vale tambi\u00e9n para los dem\u00e1s presos pol\u00edticos, como la periodista Nakary Ramos, y para cualquier otro ciudadano cuya causa responda a la misma l\u00f3gica de persecuci\u00f3n. Porque cuando el derecho pierde su fuerza, las leyes siguen ah\u00ed, pero resuenan como murmullos.<\/p>\n
Y entonces el pa\u00eds empieza a parecer demasiado a aquel lugar que describi\u00f3 Juan Rulfo: un pueblo donde todav\u00eda se oyen voces, pero donde los vivos ya no gobiernan su destino.<\/p>\n
Un pa\u00eds donde el poder camina libre y la libertad lleva un grillete en el tobillo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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