Noticia<\/p>\n
Accidente de 2015 y falta de seguridad social en mantenimiento de zona com\u00fan llevaron a ratificaci\u00f3n judicial<\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena ratific\u00f3 la condena contra una asociaci\u00f3n residencial de Bocagrande por un accidente laboral ocurrido en 2015. Foto: mapa de google<\/p>\n
SUBEDITOR18.02.2026 18:50 Actualizado: 18.02.2026 18:50 <\/p>\n
En un fallo que mantiene activa una vieja controversia jur\u00eddica, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmar la condena contra la Asociaci\u00f3n de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina en el sector de Bocagrande, tras un accidente laboral que hab\u00eda ocurrido hace m\u00e1s de una d\u00e9cada. La decisi\u00f3n mantiene vigentes las obligaciones de pagar acreencias e indemnizaciones por da\u00f1os derivados del siniestro, y deja entrever que la asociaci\u00f3n a\u00fan enfrenta retos legales en la ejecuci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
El caso se remonta a 2015, cuando un trabajador contratado de manera informal sufri\u00f3 una ca\u00edda mientras realizaba labores de mantenimiento en \u00e1reas comunes del conjunto residencial. La falta de afiliaci\u00f3n a sistemas de seguridad social y la ausencia de implementos b\u00e1sicos de protecci\u00f3n derivaron en una demanda que, tras m\u00faltiples instancias judiciales, ha llegado hasta este fallo reciente.<\/p>\n
Con la ratificaci\u00f3n del fallo, el Tribunal respald\u00f3 que la asociaci\u00f3n incurri\u00f3 en lo que la jurisprudencia define como \u201cculpa patronal\u201dal no garantizar condiciones de trabajo seguras ni respetar los derechos laborales del empleado afectado.<\/p>\n
Accidente laboral y falta de protecci\u00f3n social<\/p>\n
Trabajador sufri\u00f3 ca\u00edda desde tres metros mientras realizaba labores de mantenimiento. Foto:mapa de google<\/p>\n
El trabajador afectado, identificado como Diego Arrieta, comenz\u00f3 labores el 2 de marzo de 2015 bajo un contrato verbal para realizar m\u00faltiples tareas, incluidos trabajos de alba\u00f1iler\u00eda, pintura y mantenimiento. Seg\u00fan la demanda, apenas un mes despu\u00e9s, el 9 de abril, Arrieta sufri\u00f3 una ca\u00edda desde unos tres metros de altura. al descender de un cobertizo, sin que se le proporcionen elementos de seguridad como arn\u00e9s o casco.<\/p>\n
La ca\u00edda le provoc\u00f3 fracturas en la tibia y el calc\u00e1neo, oblig\u00e1ndolo a fracturar una cirug\u00eda ya un periodo de incapacidad laboral de seis meses. Tras la recuperaci\u00f3n, estudios m\u00e9dicos determinaron que hab\u00eda sufrido una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 20,83%, lo que aliment\u00f3 la acci\u00f3n legal en su contra.<\/p>\n
Otro elemento clave en la demanda fue la ausencia de afiliaci\u00f3n a sistemas de seguridad social: Arrieta no estaba vinculada formalmente a una ARL, EPS ni fondo de pensiones, lo que violar\u00eda no solo la normativa laboral, sino los principios b\u00e1sicos de protecci\u00f3n al trabajador en Colombia.<\/p>\n
De primera sentencia a ratificaci\u00f3n del fallo<\/p>\n
La sentencia incluye indemnizaci\u00f3n por perjuicios y pago de acreencias laborales. Foto:mapa de google<\/p>\n
El proceso judicial se inici\u00f3 en el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que en mayo de 2020 conden\u00f3 a la Asociaci\u00f3n al pago de las acreencias laborales, las indemnizaciones y prestaciones derivadas del accidente. Esta decisi\u00f3n fue posteriormente confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en marzo de 2021, que adem\u00e1s orden\u00f3 el reconocimiento de perjuicios por da\u00f1o emergente y lucro cesante, agravando la responsabilidad de la asociaci\u00f3n.<\/p>\n
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A pesar de que la sentencia en segunda instancia ya hab\u00eda establecido estas obligaciones, el proceso no ha concluido. La Asociaci\u00f3n de Vecinos no realiz\u00f3 el pago voluntario de las sumas ordenadas, lo que llev\u00f3 al juzgado a emitir un mandamiento ejecutivo en julio de 2023 ya ordenar medidas cautelares sobre las cuotas de administraci\u00f3n del conjunto.<\/p>\n
Estas medidas buscan asegurar que los recursos est\u00e9n disponibles para cuando se ejecuta la sentencia definitiva, pero han generado tensiones internas entre copropietarios y administradores del conjunto, que ven afectado las finanzas del edificio.<\/p>\n
Procesos de desacato y controversias vigentes<\/p>\n
Medidas sobre cuotas de administraci\u00f3n buscan garantizar el cumplimiento del fallo judicial. Foto:mapa de google<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la ratificaci\u00f3n del fallo de fondo, el proceso ha desembocado en actuaciones por presunto desacato debido a la aparente falta de respuesta de la asociaci\u00f3n a los requerimientos judiciales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Desde 2023, diversos oficios han sido enviados para que la entidad reporte el cumplimiento de lo ordenado y entregue informaci\u00f3n sobre las personas que han ejercido la administraci\u00f3n desde agosto de ese a\u00f1o.<\/p>\n
Ante la ausencia de respuestas claras, el abogado del demandante solicit\u00f3 la apertura de un incidente de desacato, tr\u00e1mite que sigue su curso y podr\u00eda acarrear nuevas sanciones si se demuestra que la asociaci\u00f3n ha obstruido el cumplimiento de las obligaciones judiciales.<\/p>\n
el 28 de enero de 2026, el despacho judicial profiri\u00f3 un auto relacionado con la pr\u00e1ctica de pruebas en el marco de estas actuaciones, decisi\u00f3n frente a la cual se han interpuesto recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, manteniendo as\u00ed el proceso abierto en varios frentes.<\/p>\n
Impacto en la comunidad y sector residencial<\/p>\n
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad laboral de conjuntos residenciales en el pa\u00eds. Foto:mapa de google<\/p>\n
El fallo ratificado no solo tiene implicaciones jur\u00eddicas para la Asociaci\u00f3n de Vecinos de La Marina, sino tambi\u00e9n un impacto financiero y administrativo para los propietarios del conjunto. Las medidas cautelares sobre las cuotas de administraci\u00f3n han generado preocupaci\u00f3n entre los residentes, especialmente aquellos que no estuvieron vinculados a la gesti\u00f3n de 2015, pero que ahora se ven afectados por las cargas impuestas.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, este caso pone de aliviar las brechas en la gesti\u00f3n de seguridad laboral dentro de asociaciones residenciales y otras entidades que contratan trabajadores bajo modalidades informales. Abogados laboralistas se\u00f1alan que eventos como este pueden sentar precedentes sobre la importancia de garantizar la seguridad social y condiciones de trabajo adecuadas, incluso en sectores aparentemente ajenos a riesgos elevados.<\/p>\n
Mientras tanto, la asociaci\u00f3n y sus representantes legales enfrentan un proceso que combina ejecuci\u00f3n de sentencia, cobro judicial y posible desacato, escenarios que prolongan la incertidumbre en torno a la resoluci\u00f3n final del caso.<\/p>\n
Debate sobre responsabilidad y seguridad en conjuntos residenciales<\/p>\n
Conjunto Residencial La Marina. Foto:mapa de google<\/p>\n
Este caso en Bocagrande no est\u00e1 aislado. Especialistas en derecho laboral y seguridad industrial advierten que muchos conjuntos residenciales en Colombia a\u00fan manejan sus contratos de mantenimiento y servicios con pr\u00e1cticas informales que pueden exponer tanto a los trabajadores como a las propias asociaciones a riesgos legales significativos.<\/p>\n
La ratificaci\u00f3n del fallo por parte del Tribunal Superior de Cartagena env\u00eda una se\u00f1al clara sobre la obligaci\u00f3n de cumplir con la normativa laboral y la obligaci\u00f3n de asumir responsabilidades cuando la negligencia ocasiona da\u00f1o f\u00edsico y econ\u00f3mico a terceros.<\/p>\n
A medida que el proceso judicial sigue su curso en asuntos colaterales, la comunidad de La Marina espera que se declara no solo la ejecuci\u00f3n de la sentencia principal, sino tambi\u00e9n las implicaciones de las actuaciones por desacato y las posibles sanciones adicionales que podr\u00edan derivarse.<\/p>\n
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