La venezolana Francis Evelyn Constantino Ramos, de origen italiano, permanece detenida desde el 31 de octubre de 2025, sin que hasta ahora existe informaci\u00f3n p\u00fablica sobre una acusaci\u00f3n formal en su contra ni constancia de su presentaci\u00f3n ante un tribunal. El arresto se produjo en una alcabala del estado T\u00e1chira, regi\u00f3n fronteriza con Colombia donde el acceso a informaci\u00f3n oficial sobre personas detenidas suele ser muy limitado.<\/p>\n
En declaraciones a la ANSA, Giuseppe Constantino, padre de Francis Constantino y residente en Sicilia, sostuvo que su hija no ha cometido delito alguno y que su detenci\u00f3n estar\u00eda vinculada a su activismo democr\u00e1tico, en particular, a su participaci\u00f3n en labores de apoyo a las elecciones del 28 de julio de 2024. Ha solicitado gestiones de car\u00e1cter humanitario y diplom\u00e1tico, se\u00f1alando que, adem\u00e1s del aislamiento derivado de las severas restricciones a las visitas, las condiciones de reclusi\u00f3n incluyen la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada y una alimentaci\u00f3n limitada a una sola comida diaria, lo que ha incrementado la preocupaci\u00f3n familiar por su integridad f\u00edsica y su estado general de salud.<\/p>\n
Francis Evelyn Constantino Ramos en una visita a Palermo, SiciliaFrancis Evelyn Constantino Ramos es considerado paciente de alto riesgo m\u00e9dico. Presenta antecedentes oncol\u00f3gicos, patolog\u00edas cardiovasculares y respiratorias cr\u00f3nicas, as\u00ed como secuelas de intervenciones quir\u00fargicas previas, condiciones que requieren seguimiento m\u00e9dico regular y tratamiento continuo.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, Constantino Ramos se encontrar\u00eda bajo custodia del Destacamento 215 de la Guardia Nacional Bolivariana, en una zona rural de los Andes venezolanos, junto a personas procesadas por delitos comunes, sin reconocimiento formal de su condici\u00f3n como prisionera de conciencia. Esta circunstancia ha incidido en la escasa visibilidad p\u00fablica de su caso a nivel nacional, pese a que figura en los listados de personas detenidas por motivos pol\u00edticos elaborados por el Instituto Casla en 2026.<\/p>\n
La directora ejecutiva de esa organizaci\u00f3n, la abogada Tamara Suj\u00fa, ha advertido que la detenci\u00f3n sin debido proceso constituye una violaci\u00f3n grave de las obligaciones internacionales del Estado, conforme a los est\u00e1ndares del derecho internacional de los derechos humanos, en particular aquellos relativos a la prohibici\u00f3n de la detenci\u00f3n arbitraria. En ese contexto, la reclusi\u00f3n de civiles en instalaciones militares sin control judicial efectivo plantea riesgos adicionales en materia de garant\u00edas procesales, acceso a la defensa y supervisi\u00f3n externa, al tratarse de espacios que operan bajo l\u00f3gicas de seguridad y no bajo administraci\u00f3n penitenciaria.<\/p>\n
Asimismo, la restricci\u00f3n alimentaria y la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica adecuada descritas por la familia pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente cuando afectan a personas con condiciones de salud de alto riesgo, de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n de la integridad personal.<\/p>\n
Ante la falta de informaci\u00f3n oficial, la visibilizaci\u00f3n p\u00fablica del caso se ha convertido en un recurso indispensable para contrarrestar la opacidad estatal y permitir la activaci\u00f3n de los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el derecho internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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