el Poder Judicial dispuso el embargo preventivo y la inhibici\u00f3n para disponer o gravar bienes del candidato presidencial de Per\u00fa Primero, Mario Vizcarra Cornejoy de su hermano C\u00e9sar Vizcarra Cornejo, como parte de una investigaci\u00f3n por el presunto delito de colusi\u00f3n agravada vinculada a contrataciones en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en Tacna.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adoptada por el juez Rafael Fern\u00e1ndez R\u00edos, del Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria de Locumba, quien declar\u00f3 fundada la solicitud presentada por la Procuradur\u00eda P\u00fablica Especializada en Delitos de Corrupci\u00f3n de Funcionarios de Tacna. La medida cautelar alcanza un monto de S\/ 1.3 millones y busca asegurar una eventual reparaci\u00f3n civil en caso de que el proceso penal concluya con una sentencia condenatoria.<\/p>\n
Entre los bienes afectados figura un inmueble de propiedad de Mario Vizcarra, ubicado en Moquegua. Sobre este predio, el juzgado orden\u00f3 trabajar un embargo en forma de inscripci\u00f3n hasta por S\/ 100 mil, adem\u00e1s de imponer una inhibici\u00f3n que impide al candidato presidencial disponer o gravar el bien mientras dure la medida.<\/p>\n
Resoluci\u00f3n judicial<\/p>\n
La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n alcanza tres bienes de C\u00e9sar Vizcarra: un predio valorizado en S\/ 100 mil, un inmueble por S\/ 40 mil y el 50% de los derechos sobre un predio rural valorizado en S\/ 1.1 millones.<\/p>\n
El proceso penal que da origen a esta decisi\u00f3n judicial se refiere a presuntos actos de colusi\u00f3n agravada cometidos en la Municipalidad Distrital de Ilabaya en el 2018, durante la ejecuci\u00f3n de la obra denominada \u201cConstrucci\u00f3n de Defensa Ribere\u00f1a y Encauzamiento del R\u00edo Ilabaya y Locumba en los sectores de Chejaya, Ilabaya, Mirave y Oconchay\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n fiscal, los hermanos Vizcarra habr\u00edan participado, junto con autoridades y funcionarios municipales, en una serie de actos concertados destinados a defraudar al municipio mediante contrataciones irregulares de alquiler de maquinaria pesada.<\/p>\n
El juzgado resume las imputaciones en tres hechos. El primero se refiere a la aprobaci\u00f3n irregular de una declaratoria de emergencia en el distrito de Ilabaya, sustentada en informes de puntos cr\u00edticos de inundaci\u00f3n emitidos por la Autoridad Nacional del Agua. Esta situaci\u00f3n de emergencia, declarada por 80 d\u00edas, habr\u00eda sido utilizada para justificar contrataciones directas sin proceso de selecci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, las contrataciones fueron direccionadas a favor del proveedor Isladio Castro Barrios, quien habr\u00eda actuado como postor debido a que los hermanos Vizcarra no pod\u00edan contratar directamente con el Estado por su v\u00ednculo familiar con el entonces presidente. Mart\u00edn Vizcarra.<\/p>\n
El segundo hecho se refiere al presunto pago irregular de servicios de alquiler de maquinaria que no habr\u00edan sido prestados conforme a lo estipulado en los contratos. En este punto, se sostiene que funcionarios municipales habr\u00edan concertado con Mario y C\u00e9sar Vizcarra para autorizar pagos por servicios inexistentes o incompletos, ocasionando un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Ilabaya.<\/p>\n
El tercer hecho est\u00e1 relacionado a un nuevo direccionamiento del alquiler de maquinaria durante el primer semestre del 2018, en el que se habr\u00eda vuelto a utilizar a Isladio Castro como proveedor, eludiendo procesos de licitaci\u00f3n p\u00fablica y priorizando su contrataci\u00f3n pese a presuntos incumplimientos contractuales.<\/p>\n
Para el juzgado, estos hechos, evaluados de manera conjunta, configuran indicios racionales de la comisi\u00f3n del delito de colusi\u00f3n agravada, ya que evidenciar\u00edan una concertaci\u00f3n il\u00edcita entre funcionarios p\u00fablicos y particulares para defraudar al Estado.<\/p>\n
En su solicitud, la procuradur\u00eda acompa\u00f1\u00f3 diversos elementos de convicci\u00f3n, entre ellos declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, actas de corroboraci\u00f3n fiscal, documentos contractuales y registros hoteleros.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n menciona, por ejemplo, la declaraci\u00f3n del testigo N\u00b0 TC-003-2019, quien relat\u00f3 reuniones previas entre los hermanos Vizcarra y funcionarios municipales en hoteles de Moquegua, vinculados al alquiler de maquinaria a nombre de Isladio Castro. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 un acta de corroboraci\u00f3n del testigo N.\u00ba 04-2019 y una carta de la administradora de un hotel que acreditaba el hospedaje de autoridades de Ilabaya en el 2018.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se valoraron declaraciones de colaboradores eficaces identificados con los c\u00f3digos 09-2019, 11-2019, 14-2019 y 15-2019, que describen la supuesta concertaci\u00f3n para declarar la emergencia, direccionar las contrataciones y autorizar pagos indebidos.<\/p>\n
A ello se suman los contratos suscritos con Isladio Castro para el alquiler de maquinaria pesada, por montos que superan el mill\u00f3n de soles en conjunto, lo que permite al juzgado dimensionar la magnitud econ\u00f3mica del presunto perjuicio al Estado.<\/p>\n
El juez concluy\u00f3 que el monto total del embargo es congruente con la pretensi\u00f3n civil formulada por la procuradur\u00eda al constituirse como actor civil. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la medida es id\u00f3nea y proporcional para garantizar que, de establecerse responsabilidad penal y civil, el Estado pueda ejecutar la sentencia y resarcir el da\u00f1o ocasionado.<\/p>\n
Mario Vizcarra registra una condena por el delito de peculado, antecedente que consignado en su declaraci\u00f3n jurada de hoja de vida. Pese a ello, Per\u00fa Primero lo present\u00f3 como su candidato presidencial en reemplazo del exmandatario Mart\u00edn Vizcarra, quien cumple actualmente una pena de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de cohecho.<\/p>\n
El exministro Alejandro Salas, candidato al Senado por Per\u00fa Primero, asegur\u00f3 que el caso responde a una \u201cintromisi\u00f3n del sistema de justicia\u201d en la campa\u00f1a electoral.<\/p>\n
Alejandro Salas asegura que el caso responde a intereses pol\u00edticos. Foto: C\u00e9sar Campos \/ GEC<\/p>\n
\/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS”No es extra\u00f1o que operadores del sistema de justicia se metan en las campa\u00f1as pol\u00edticas. Ahora lo hace un procurador, y le hacen caso y le dan pie a esta solicitud”, se\u00f1al\u00f3 en di\u00e1logo con El Comercio.<\/p>\n
Salas argument\u00f3 que los hermanos Vizcarra no contrataron con el Estado. <\/p>\n
“Ellos subarrendaron maquinarias a quien se las pidi\u00f3, que era un privado. Que este privado haya tenido contratos con el Estado y haya cumplido o no, es problema de \u00e9l”, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
De acuerdo con Salas, la maquinaria fue alquilada \u201csin preguntar para qu\u00e9\u201d. <\/p>\n
El Comercio busc\u00f3 directamente a Mario Vizcarra para obtener sus descargas, pero hasta la publicaci\u00f3n de esta nota no respondi\u00f3 nuestras llamadas ni mensajes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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