La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio P\u00fablico suspensi\u00f3n por seis meses al fiscal Jos\u00e9 Domingo P\u00e9rezen el marco de un procedimiento disciplinario que se le sigue por su actuaci\u00f3n en el Caso C\u00f3cteles. La decisi\u00f3n implica su apartamento inmediato del cargo de fiscal adjunto provincial.<\/p>\n
La medida tiene car\u00e1cter cautelar: no declara culpabilidad ni impone una sanci\u00f3n definitiva, pero limita temporalmente su ejercicio profesional. <\/p>\n
Bolet\u00edn Mientras Tanto<\/p>\n
H\u00e9ctor Villalobos analiza a fondo los hechos pol\u00edticos que definen la agenda, cada mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Seg\u00fan el \u00f3rgano de control, la decisi\u00f3n se sustenta en la verificaci\u00f3n de tres requisitos: la existencia de suficiente recaudo probatorio, entendida como la verosimilitud de la imputaci\u00f3n; el riesgo que supone la permanencia del investigado en la carga; y el pron\u00f3stico de una eventual sanci\u00f3n, que podr\u00eda llegar a la destituci\u00f3n. Para la autoridad disciplinaria, estos presupuestos concurren en el caso del fiscal P\u00e9rez.<\/p>\n
La ANC afirma que no se trata de un castigo anticipado, sino de una acci\u00f3n preventiva para asegurar el correcto desarrollo del procedimiento disciplinario y evitar riesgos institucionales mientras se esclarecen los hechos.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n est\u00e1 firmada por la fiscal adjunta superior Rosario Velazco S\u00e1nchez. En tanto, el jefe de la ANC es Antonio Fern\u00e1ndez Jer\u00ed.<\/p>\n
No es la primera vez que P\u00e9rez enfrenta una decisi\u00f3n de esta naturaleza: en abril pasado tambi\u00e9n la fiscal Velazco resolvi\u00f3 suspenderlo seis meses por intervenir en un proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Or\u00e9 Guardia. <\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 se le imputa?La ANC eval\u00faa las actuaciones de P\u00e9rez vinculados al Caso C\u00f3cteles, aunque en la resoluci\u00f3n se refiri\u00f3 a declaraciones ante los medios por otros casos. Seg\u00fan el \u00f3rgano de control, el fiscal podr\u00eda haber vulnerado el deber de \u201clealtad institucional, decoro y dignidad\u201d.<\/p>\n
La ANC sostiene que existen indicios razonables de que el fiscal habr\u00eda incurrido en conductas que exceden el margen de discrecionalidad permitido por la ley. Se cuestionan decisiones procesales, actuaciones dentro de investigaciones y comportamientos que, a juicio de la autoridad, deben ser analizados desde una perspectiva disciplinaria.<\/p>\n
En la resoluci\u00f3n se se\u00f1ala que, por el Caso C\u00f3cteles, el fiscal habr\u00eda emitido un requerimiento acusatorio sin una imputaci\u00f3n debidamente fundamentada, lo que provoc\u00f3 que el documento fuera devuelto hasta 19 veces por el \u00f3rgano judicial y que finalmente se declarara la nulidad del auto de enjuiciamiento. <\/p>\n
El Caso C\u00f3cteles es un caso penal sobre el presunto financiamiento il\u00edcito de las campa\u00f1as presidenciales de Keiko Fujimori en el 2011 y el 2016 mediante c\u00f3cteles y rifas. <\/p>\n
P\u00e9rez sostuvo que Fuerza Popular funcion\u00f3 como una organizaci\u00f3n criminal dedicada a lavar dinero il\u00edcito de Odebrecht y empresarios mediante falsos aportantes, \u201cpitufeo\u201d y actividades proselitistas.<\/p>\n
No obstante, el Tribunal Constitucional orden\u00f3 el archivo del caso. Y el pasado martes 13, el Poder Judicial ejecut\u00f3 ese fallo y archiv\u00f3 el proceso.<\/p>\n
argumentosLa ANC asegura que permitirle permanecer en la carga mientras se desarrolla la investigaci\u00f3n disciplinaria podr\u00eda generar riesgos concretos.<\/p>\n
Entre esos riesgos, la resoluci\u00f3n menciona la posibilidad de que el fiscal mantenga conductas similares a las que son objeto de cuestionamiento, as\u00ed como la eventual afectaci\u00f3n al desarrollo del propio procedimiento disciplinario. <\/p>\n
Para la ANC, la suspensi\u00f3n provisional es una medida necesaria para preservar la eficacia del proceso disciplinario y evitar que este se vea comprometido por factores externos o por la propia actuaci\u00f3n del investigado.<\/p>\n
Otro argumento central es una presunta protecci\u00f3n de la imagen del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
\u201cEl citado abogado ha persistido en su actuar de desprestigio a la imagen del Ministerio P\u00fablico, lo que se puede evidenciar en las entrevistas que ha venido brindando y que se han replicado en las redes sociales\u201d, se\u00f1ala la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
Para la ANC, el beneficio de preservar la legitimidad del sistema de justicia es superior al perjuicio temporal que sufre el fiscal P\u00e9rez al ser apartado de sus funciones.<\/p>\n
La ANC asegura que \u201cse encuentra justificada la medida a imponerse al fiscal provincial Jos\u00e9 Domingo P\u00e9rez G\u00f3mez, en tanto cumple con las exigencias constitucionales, las normativas y las propias del debido procedimiento\u201d.<\/p>\n
Apelar\u00e1 la resoluci\u00f3nP\u00e9rez dijo a El Comercio que apelar\u00e1 la suspensi\u00f3n, que atribuy\u00f3 a un escenario de represalias dentro del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
“La decisi\u00f3n de Tom\u00e1s G\u00e1lvez de eliminar los Equipos Especiales ha generado represalias contra la funci\u00f3n fiscal desempe\u00f1ada. En ese marco, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio P\u00fablico reactiva un procedimiento administrativo disciplinario con la finalidad de suspenderme en el cargo de fiscal”, dijo.<\/p>\n
P\u00e9rez consider\u00f3 que el momento en el que se adopta la medida no es fortuito y que coincide con una etapa clave del caso C\u00f3cteles.<\/p>\n
\u201cCoincide \u2014no casualmente\u2014 con el momento en que el fiscal que me reemplaza en el caso C\u00f3cteles debe decidir si apela la resoluci\u00f3n judicial que dispuso el archivo del proceso\u201d.<\/p>\n
Tom\u00e1s G\u00e1lvez desactivo recientemente los equipos especiales de la fiscal\u00eda.. (Foto: Congreso)<\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que su suspensi\u00f3n no ser\u00eda un hecho aislado, sino parte de un clima de presi\u00f3n institucional que afectar\u00eda a otros fiscales vinculados a las investigaciones del caso Lava Jato.<\/p>\n
\u201cEn la pr\u00e1ctica, los fiscales que permanecen a carga de los casos Lava Jato se encuentran sometidos a presiones indebidas mediante la amenaza de sanciones disciplinarias\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
PosturasPara el abogado penalista Vladimir Padilla, el punto de partida del debate no pasa por negar los cuestionamientos al desempe\u00f1o del fiscal P\u00e9rez en el Caso C\u00f3cteles, sino por delimitar con precisi\u00f3n qu\u00e9 conductas provocaron la suspensi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNadie duda que el fiscal, en lo relacionado con el Caso C\u00f3cteles, pudo haber excedido en sus funciones y no fue lo suficientemente diligente, lo cual se evidencia en que el caso le fue devuelto 19 veces. En ese sentido, queda claro que es una inconducta que no se debe permitir a ning\u00fan fiscal, pues se supone que estos deben actuar con objetividad y no ensa\u00f1arse con nadie\u201d, se\u00f1al\u00f3 en di\u00e1logo con El Comercio.<\/p>\n
No obstante, agreg\u00f3: “Si la preocupaci\u00f3n es que su trabajo contin\u00faa perjudicando la imagen del Ministerio P\u00fablico, se tendr\u00eda que adoptar una medida correctiva. En esa hip\u00f3tesis, tendr\u00eda sentido suspenderlo de sus funciones mientras las ejerce; sin embargo, carece de sentido cuando la propia resoluci\u00f3n reconoce que \u00e9l ya no ejerce ese cargo. All\u00ed veo una clara contradicci\u00f3n entre lo que se resuelve y lo que se sustenta”, afirm\u00f3.<\/p>\n
Padilla tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que la resoluci\u00f3n incorpora consideraciones que, a su entender, deben estar fuera del procedimiento disciplinario. Para el especialista, eso termina debilitando la solidez jur\u00eddica de la decisi\u00f3n.<\/p>\n
“En las consideraciones se establecen otros hechos ajenos, como que habla mal del Ministerio P\u00fablico e incluso se menciona el caso de Pedro Castillo, que no son materia de esta investigaci\u00f3n. En el derecho existe algo fundamental llamado legalidad procesal: no se puede sancionar a alguien por aspectos que no han sido materia de discusi\u00f3n. Si consideran que esas acciones est\u00e1n mal, deben abrir otro proceso, pero no pueden incluirlas todas las juntas, ya que estos hechos no est\u00e1n relacionados con el caso concreto de C\u00f3cteles”, dijo.<\/p>\n
Para Padilla, en este caso no hay relaci\u00f3n entre las hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis y la conclusi\u00f3n: \u201cPareciera que primero se decidi\u00f3 apartarlo y luego se intent\u00f3 cubrir la forma de esa conclusi\u00f3n con un razonamiento cuestionable\u201d.<\/p>\n
El abogado penalista Carlos Caro tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la solidez jur\u00eddica de la suspensi\u00f3n provisional, aun cuando destac\u00f3 que existen elementos suficientes para abrir una investigaci\u00f3n disciplinaria por el Caso Cocteles.<\/p>\n
“Me parece una decisi\u00f3n que, desde el punto de vista t\u00e9cnico, no es muy precisa. Jos\u00e9 Domingo no es mi fiscal favorito, ni lo estoy defendiendo en lo m\u00e1s m\u00ednimo, pero considero que esta resoluci\u00f3n tiene algunos fallos t\u00e9cnicos. El resultado final, que es la suspensi\u00f3n, viene asociado a una medida cautelar; y como toda medida cautelar, se requiere que existan no solo indicios de una presunta infracci\u00f3n, sino, sobre todo, el elemento del peligro procesal”, dijo a El Comercio.<\/p>\n
El penalista consider\u00f3 que el razonamiento de la ANC se debilita debido a que el fiscal ya no tiene injerencia directa en los procesos que dieron origen a la imputaci\u00f3n.<\/p>\n
“El tema del peligro procesal existir\u00eda si \u00e9l continuar\u00eda en el caso, pero ya no es as\u00ed, pues ya no forma parte del equipo Lava Jato. Al no tener entre sus manos el manejo de ning\u00fan proceso de ese caso, no tiene actualmente la posibilidad de ejercer una reacci\u00f3n contraria contra alguien; no est\u00e1 participando en esos procesos ni maneja expedientes o documentos relacionados”, afirm\u00f3.<\/p>\n
No obstante, Caro aclar\u00f3 que su cuestionamiento a la medida cautelar no implica desconocer las deficiencias del desempe\u00f1o fiscal. Por el contrario, se demostr\u00f3 que el expediente ofrece fundamentos suficientes para una imputaci\u00f3n disciplinaria.<\/p>\n
“Ahora bien, razones para una imputaci\u00f3n me parece que sobran y bastan. Se han empleado recursos del Ministerio P\u00fablico en un proceso que, al final, ha quedado pr\u00e1cticamente en fojas cero. Con la reciente decisi\u00f3n judicial, el caso ha quedado reducido casi exclusivamente a temas de falsa declaraci\u00f3n, mientras que todo lo dem\u00e1s ya se archiv\u00f3”, destac\u00f3.<\/p>\n
Para el abogado, s\u00ed hay m\u00e9rito para una investigaci\u00f3n y eventual sanci\u00f3n. \u201cLa resoluci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Control parte del hecho de que este proceso se ha tramitado durante a\u00f1os y el fiscal no ha sido diligente, lo cual se evidencia en que el proceso fue anulado casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Creo que hay m\u00e9rito para abrir un proceso, una imputaci\u00f3n y, eventualmente, una sanci\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n
\u201cDecisi\u00f3n pol\u00edtica\u201dEn opini\u00f3n del exviceministro de Justicia Gilmar And\u00eda, la suspensi\u00f3n de P\u00e9rez no responde a criterios t\u00e9cnicos ni disciplinarios, sino a motivaciones pol\u00edticas.<\/p>\n
“Considero que esta es una decisi\u00f3n netamente pol\u00edtica, personal y revanchista. Al revisar la resoluci\u00f3n, se observa que, aunque intenta justificarla como una medida cautelar o provisional para resguardar el proceso disciplinario y la funci\u00f3n fiscal, parece ser una reacci\u00f3n a las recientes apariciones de P\u00e9rez en diversos medios”, dijo en di\u00e1logo con El Comercio.<\/p>\n
And\u00eda cuestion\u00f3 los argumentos esgrimidos en la resoluci\u00f3n para justificar el apartamento del fiscal, los cuales \u2014seg\u00fan dijo\u2014 no superan un an\u00e1lisis riguroso.<\/p>\n
“Sostienen que P\u00e9rez ha atentado contra la institucionalidad al dar declaraciones que afectan la percepci\u00f3n social del Ministerio P\u00fablico. No obstante, sacarlo de la instituci\u00f3n no impedir\u00e1 que siga declarando; de hecho, dentro de la instituci\u00f3n podr\u00eda tener un mayor control sobre sus expresiones”, parec\u00eda.<\/p>\n
El especialista a\u00f1adi\u00f3 que la resoluci\u00f3n incurre en una motivaci\u00f3n aparente; es decir, en una argumentaci\u00f3n que simula rigor jur\u00eddico, pero que no logra sostenerse. “En resumen, estamos ante una resoluci\u00f3n de 22 p\u00e1ginas con una ‘motivaci\u00f3n aparente’. T\u00e9cnicamente, la resoluci\u00f3n evidencia una decisi\u00f3n direccionada a golpear a Jos\u00e9 Domingo P\u00e9rez debido a sus enfrentamientos p\u00fablicos con la gesti\u00f3n fiscal actual”, dijo.<\/p>\n
M\u00c1S INFORMACI\u00d3N:<\/p>\n
– La Ley de la Carrera Fiscal establece que el apartado fiscal de manera preventiva percibir\u00e1 el 80% de la remuneraci\u00f3n mensual que le corresponde. En caso de que la investigaci\u00f3n concluya con una destituci\u00f3n, dicho monto se considerar\u00e1 pago a cuenta de la compensaci\u00f3n por tiempo de servicios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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