La seccional Bol\u00edvar de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial profiri\u00f3 una de las decisiones m\u00e1s severas de los \u00faltimos a\u00f1os contra un funcionario de la Rama Judicial en el departamento. el abogado Larry L\u00f3pez, quien se desempe\u00f1aba como empleado administrativo, fue destituido e inhabilitado luego de que se comprobara que cre\u00f3 y oper\u00f3 una n\u00f3mina ficticia para desviar recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de seis supuestos servidores judiciales que, en realidad, no trabajaban para la entidad.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
Seg\u00fan decidido el expediente disciplinario, L\u00f3pez registr\u00f3 a estas personas en el sistema de nomina entre enero y septiembre de 2021, periodo durante el cual gir\u00f3 m\u00e1s de $500 millones por conceptos de asesor\u00edas inexistentes. Los beneficiarios no solo eran ajenos a la estructura judicial, sino que manten\u00edan v\u00ednculos personales con \u00e9l.<\/p>\n
La maniobra se ejecut\u00f3 mediante accesos irregulares al sistema inform\u00e1tico, alteraciones de datos internos y \u00f3rdenes de pago que se camuflaban entre la n\u00f3mina real. Una vez los recursos ingresaban a las cuentas de los \u201cfalsos funcionarios\u201d, estos deb\u00edan entregar el dinero al abogado, quien resultaba ser el beneficiario final del desv\u00edo.<\/p>\n
Una estructura que operaba desde 2018, seg\u00fan la investigaci\u00f3n<\/p>\n
Justicia. Foto:iStock<\/p>\n
La investigaci\u00f3n disciplinaria permiti\u00f3 establecer que el esquema no se redujo solo a los hechos de 2021. De acuerdo con el magistrado investigador Jorge Rojas, L\u00f3pez habr\u00eda venido manipulando el sistema de n\u00f3mina desde 2018, realizando pagos por fuera de los controles internos y moviendo hasta $2.700 millones durante ese per\u00edodo.<\/p>\n
El patr\u00f3n detectado consist\u00eda en registrar temporalmente a personas cercanas como si fueran contratistas o empleados ocasionales de apoyo a la gesti\u00f3n judicial. Los montos transferidos fluctuaban entre $10 y $20 millones, lo que permit\u00eda mantener las operaciones bajos perfiles de gasto relativamente bajos y, por tanto, menos visibles en los controles rutinarios.<\/p>\n
El uso de accesorios indebidos fue clave para mantener el esquema a flote. “L\u00f3pez aprovech\u00f3 su conocimiento del sistema interno para modificar registros sin dejar rastros inmediatos y as\u00ed evitar alertas de auditor\u00eda”. No obstante, inconsistencias en los pagos acumulados, sumadas a reportes internos, terminaron por activar las alarmas que llevaron a revisar sus movimientos.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Disciplina concluy\u00f3 que se trat\u00f3 de una conducta grav\u00edsima, ejecutada con dolo, y con un impacto directo sobre el patrimonio de la Rama Judicial.<\/p>\n
El modus operandi: vacaciones fraccionadas y una n\u00f3mina paralela estable<\/p>\n
Justicia Foto:EL TIEMPO\/ iStock<\/p>\n
Uno de los elementos que m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores fue la manera en que L\u00f3pez manej\u00f3 sus propios per\u00edodos de descanso. Seg\u00fan el expediente, el funcionario tom\u00f3 vacaciones discontinuas, en peque\u00f1os fragmentos, para evitar que su ausencia prolongada genere retrasos o fallos en la ejecuci\u00f3n de la n\u00f3mina paralela. Su presencia en la oficina era clave para autorizar los pagos fraudulentos y asegurar el sostenimiento del esquema.<\/p>\n
En total, Unas 12 personas aparecen involucradas en las maniobras que permitieron operar este entramado. Algunos accionan como receptores de los recursos; otras, como facilitadores ocasionales. Sin embargo, la Comisi\u00f3n determinar\u00e1 que L\u00f3pez era el eje principal y el beneficiario final de la apropiaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n
El fraude no solo implic\u00f3 el desv\u00edo de recursos, sino la afectaci\u00f3n del principio de moralidad p\u00fablica y las alteraciones de documentos con informaci\u00f3n falsa, lo que agrav\u00f3 su responsabilidad. La entidad disciplinaria destac\u00f3 la manera sistem\u00e1tica en que se vulneraron los controles, evidenciando una deliberada intenci\u00f3n de enga\u00f1ar a la administraci\u00f3n.<\/p>\n
Consecuencias penales y disciplinarias<\/p>\n
Justicia Foto:iStock<\/p>\n
Adem\u00e1s de la sanci\u00f3n disciplinaria, L\u00f3pez enfrenta un proceso penal por acceso abusivo a sistema inform\u00e1tico agravado, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y peculado por apropiaci\u00f3n delitos, que, en conjunto, podr\u00edan derivar en una condena significativa. La Fiscal\u00eda ya document\u00f3 buena parte de las maniobras y avanza en la etapa de juicio.<\/p>\n
El magistrado Rojas explic\u00f3 que la cifra de $500 millones reportada inicialmente corresponde al periodo 2021, pero que la investigaci\u00f3n penal ampli\u00f3 el rango temporal y detect\u00f3 operaciones desde 2018, con un consolidado que supera los $2.700 millones. “La conducta fue reiterada y sostenida. Se afectar\u00e1n recursos de la Rama Judicial durante varios a\u00f1os”, precis\u00f3.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
Con esta decisi\u00f3n, la Comisi\u00f3n env\u00eda un mensaje sobre la necesidad de reforzar los sistemas de control interno y la vigilancia sobre los procesos automatizados que, si bien optimizan la gesti\u00f3n, tambi\u00e9n pueden ser vulnerados cuando se combinan conocimiento t\u00e9cnico y voluntad de fraude.<\/p>\n
La sanci\u00f3n contra L\u00f3pez se convierte as\u00ed en un precedente para la Rama Judicial y un recordatorio de los riesgos que enfrenta la administraci\u00f3n p\u00fablica cuando fallan los controles y la \u00e9tica de sus funcionarios.<\/p>\n
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