La narrativa oficialista venezolana intenta vender al mundo la imagen de una naci\u00f3n que, tras superar supuestas amenazas \u201cimperialistas\u201d, avanza hacia una “paz” estable y un proceso de “normalizaci\u00f3n”. Pero detr\u00e1s de esta fachada de estabilidad se esconde una realidad mucho m\u00e1s oscura y perversa: la paz que pregona Nicol\u00e1s Maduro es una paz diab\u00f3licacimentada en el terrorismo de Estado, la persecuci\u00f3n sanguinaria y la violaci\u00f3n contumaz de los derechos humanos.<\/p>\n
El r\u00e9gimen de Maduro no disimula su naturaleza totalitaria. Ha perfeccionado un sistema de hostigamiento que va m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edderes pol\u00edticos visibles, extendi\u00e9ndose a profesionales, activistas, ciudadanos comunes y, lo que es m\u00e1s aberrante, a sus familiares, incluyendo menores de edad. Estos actos no son incidentes aislados; son manifestaciones claras de una pol\u00edtica de Estado dise\u00f1ada para aniquilar cualquier foco de disidencia mediante el miedo y el desgaste emocional.<\/p>\n
Uno de los ejemplos m\u00e1s alarmantes de esta estrategia es la reciente detenci\u00f3n de Samanta Sof\u00eda Hern\u00e1ndez Castillo, una adolescente de 16 a\u00f1os, habitante en la popular comunidad El Valle, Caracas. La menor fue arrestada luego del allanamiento a la residencia de sus abuelos. \u00bfSu “crimen”? Ser hija de un detenido pol\u00edtico y hermana de un perseguido que vive en el exilio.<\/p>\n
La detenci\u00f3n de una menor en este contexto no es un error, sino una ruina t\u00e1ctica. Su madre, \u00c1mbar Castillo, no dud\u00f3 en denunciar p\u00fablicamente la barbarie, responsabilizando directamente a Diosdado Cabello. La ONG Justicia, Encuentro y Perd\u00f3n ha se\u00f1alado, con raz\u00f3n, que “este tipo de acciones se inscriben en un patr\u00f3n de detenciones de familiares, buscando ejercer presi\u00f3n e intimidaci\u00f3n sobre los n\u00facleos familiares ya vulnerados. Es una forma depravada de terrorismo psicol\u00f3gico ejercido por el Estado, donde la inocencia y la edad no ofrecen protecci\u00f3n”.<\/p>\n
La persecuci\u00f3n no se limita a las calles; se extiende con igual virulencia al espacio digital. La simple manifestaci\u00f3n de una opini\u00f3n o la convocatoria c\u00edvica a trav\u00e9s de las redes sociales se ha convertido en causal de c\u00e1rcel.<\/p>\n
El caso de la Dra. Marggie Orozco en San Juan de Col\u00f3n, estado T\u00e1chira, es un esc\u00e1ndalo may\u00fasculo. Se trata de una venezolana de 65 a\u00f1os de edad a la que los tribunales de la dictadura condenan a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Su detenci\u00f3n ocurri\u00f3 solo por compartir un mensaje en un grupo de WhatsApp, instalando a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales, mientras dejaba saber sus cr\u00edticas fundamentadas al r\u00e9gimen madurista. La denuncia, seg\u00fan su familia y organizaciones de derechos humanos, fue interpuesta por un representante local del CLAP, demostrando c\u00f3mo estas figuras, que deben limitarse a la distribuci\u00f3n de alimentos, son usadas como agentes de control social y delaci\u00f3n pol\u00edtica. El trato inhumano que recibi\u00f3, culminando con un infarto dentro de la comisar\u00eda y su posterior traslado sin consideraciones m\u00e9dicas al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, evidencian la crueldad intr\u00ednseca del r\u00e9gimen.<\/p>\n
De igual modo, la condena a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n para G\u00e9nesis Gabriela Pab\u00f3n Paredes y Roc\u00edo Del Mar Rodr\u00edguez Guill\u00e9n, dos j\u00f3venes emprendedoras, por fabricar camisetas con im\u00e1genes cr\u00edticas, revela la infamia de los “falsos positivos”. Contactadas por un agente encubierto, fueron acusadas de incitaci\u00f3n al odio. Estas buscan “exhibir resultados” en la persecuci\u00f3n pol\u00edtica y alimentar una estructura policial y judicial que opera bajo la l\u00f3gica de la lealtad y el ascenso a la costa de la libertad de los ciudadanos.<\/p>\n
Para sostener esto paz diab\u00f3licaMaduro ha desplegado un sofisticado ecosistema de vigilancia. Aplicaciones promovidas por el gobierno, como VenApp, no son solo herramientas para gestionar servicios p\u00fablicos; son, de facto, plataformas de recolecci\u00f3n de datos personales y geolocalizaci\u00f3n utilizadas para centralizar informes sobre movilizaciones, protestas y cualquier indicio de descontento.<\/p>\n
Informes de organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House confirman \u201cla existencia de pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de interceptaci\u00f3n de comunicaciones y monitoreo de redes sociales, haciendo de Venezuela un entorno de riesgo extremo para la privacidad y la libertad digital\u201d. La cifra que maneja la ONG Justicia, Encuentro y Perd\u00f3n es demoledora: 1.080 presos pol\u00edticos. De estos, 177 hijos mujeres. Una lista que incluye a profesionales, activistas y ciudadanos que han sido convertidos en rehenes por disentir.<\/p>\n
Esta es la verdad descarnada de la supuesta “paz” venezolana. Es una paz impuesta a punta de pistola, detenciones arbitrarias y terrorismo de Estado. El mundo no puede ser c\u00f3mplice de ese silencio forzado. Ignorar la persecuci\u00f3n sanguinaria de Maduro es validar su estatus como violador contumaz de los derechos humanos. La libertad y la dignidad no florecen bajo la bota de una dictadura que encarcela a j\u00f3venes y ni\u00f1as por el \u00fanico delito de ser familiares de los que luchan por la democracia, tal como lo ha denunciado, reiteradamente, nuestro presidente constitucional Edmundo Gonz\u00e1lez Urrutia. Por tales razones, la promesa de Mar\u00eda Corina Machado de hacer valer los derechos humanos, expuesta n\u00edtidamente en su manifiesto a la naci\u00f3n el pasado martes 18 de noviembre, coloca en la c\u00faspide de los mayores compromisos a honrar en el gobierno de transici\u00f3n que ambos liderar\u00e1n.<\/p>\n
antonioledezma.net<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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