La pelea judicial por los terrenos que rodean el aeropuerto Rafael N\u00fa\u00f1ez volvi\u00f3 a encenderse. Y esta vez, EL TIEMPO conoci\u00f3 un documento que, seg\u00fan fuentes del proceso, podr\u00eda marcar un punto de quietud en uno de los litigios de propiedad m\u00e1s complejos y prolongados de Cartagena. Los abogados Javier Pinedo y Eduardo del R\u00edo se presentaron ante el Tribunal Superior un incidente de desacato en el que acusan a la Fiscal\u00eda 20 Seccional de Cartagena de ignorar por segunda vez la orden de la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse sobre el restablecimiento de los derechos en el proceso penal 247.749.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
La denuncia, que ya circula en los despachos judiciales de la ciudad y al que tuvo acceso este medio, sostiene que la Fiscal\u00eda incumpli\u00f3 el plazo fijado por la Sala Penal de la Corte Suprema el 4 de agosto de 2025que ordenaba emitir, en un plazo m\u00e1ximo de tres meses, una decisi\u00f3n de fondo sobre la posible restituci\u00f3n de los predios. Ese plazo venci\u00f3 el 10 de septiembre. Nada ocurri\u00f3.<\/p>\n
Esta omisi\u00f3n, dicen los peticionarios, mantiene viva una crisis jur\u00eddica que lleva m\u00e1s de trece a\u00f1os sin resolverse y que hoy podr\u00eda estar tomando un car\u00e1cter de \u201cProblema de orden p\u00fablico econ\u00f3mico\u201d, por el volumen de construcciones y ventas sobre terrenos que, seg\u00fan la Naci\u00f3n, siguen siendo bienes p\u00fablicos.<\/p>\n
La advertencia: \u201cse est\u00e1 produciendo un da\u00f1o irreversible\u201dSeg\u00fan los abogados, cada d\u00eda que pasa. sin una decisi\u00f3n de fondo aumenta el impacto patrimonial para compradores nacionales y extranjeros. En su escrito afirman que empresas constructoras siguen comercializando torres de apartamentos, valorados en 450 millones de pesosen un terreno cuyo dominio est\u00e1 siendo discutido por la Aerocivil y la Superintendencia de Notariado Desde hace m\u00e1s de doce a\u00f1os.<\/p>\n
Estos son los predios del Aeropuerto en venta Foto:archivo particular<\/p>\n
Uno de los casos citados es el de Laura Arias, una compradora que instal\u00f3 una denuncia por estafa y una demanda civil para resolver la promesa de compraventa, argumentando que la incertidumbre jur\u00eddica sobre el predio hace imposible que la obra avance hacia una escritura leg\u00edtima. Su situaci\u00f3n, dicen los demandantes, \u201ces apenas una muestra del riesgo patrimonial en el que millas de compradores podr\u00edan estar cayendo sin saberlo\u201d.<\/p>\n
Esta no es una alarma nueva. documentos oficiales, fallos judiciales desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os advierten sobre presuntas irregularidades en la tradici\u00f3n de esos terrenos. Pero nunca, dicen los peticionarios, se hab\u00eda llegado a un escenario en el que el m\u00e1ximo tribunal penal del pa\u00eds ordenara pronunciarse con un plazo definido\u2026 y la Fiscal\u00eda, aun as\u00ed, guardara silencio.<\/p>\n
Una Fiscal\u00eda en la miraEl incidente de desacato no solo pide que se exija a la fiscal del caso emita una decisi\u00f3n antes del 31 de diciembre de 2025. Va m\u00e1s all\u00e1: los peticionarios insisten en que la verdadera responsabilidad recae sobre la Fiscal\u00eda General como instituci\u00f3n, por mantener en un limbo un proceso que califican de \u201cconnotaci\u00f3n nacional\u201ddesde 2013.<\/p>\n
Los peticionarios insisten en que la verdadera responsabilidad recae sobre la Fiscal\u00eda General. Foto:Foto: Jes\u00fas Blanquicet<\/p>\n
La argumentaci\u00f3n sostiene que la mora judicial de m\u00e1s de una d\u00e9cada ha permitido que proyectos inmobiliarios prosperen sobre terrenos cuya propiedad est\u00e1 judicialmente cuestionada, lo que \u201cburla los derechos de las v\u00edctimas\u201d y compromete la credibilidad del Estado en la defensa del patrimonio p\u00fablico.<\/p>\n
El Tribunal Superior, seg\u00fan el documento, ya hab\u00eda advertido que la falta de actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda vulneraba los derechos fundamentales de las v\u00edctimas: debido proceso, acceso a la justicia y reparaci\u00f3n. Ahora, lo que se discute es si ese incumplimiento se convierte en una conducta de desacato sancionable bajo el Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
Lo que est\u00e1 en juego: urbanizaciones, compradores y un litigio que no cierraEl proceso penal 247.749 no es cualquier expediente. Investigar un presunto fraude masivo en la venta de predios que, seg\u00fan la Naci\u00f3n, hacen parte del entorno del Aeropuerto Rafael N\u00fa\u00f1ez. Desde 2012, la Aerocivil ha solicitado la recuperaci\u00f3n de esos terrenos, al considerar que fueron transferidos irregularmente.<\/p>\n
Pero mientras la disputa avanza en los estratos, en la vida real han aparecido condominios, lobbies de ventas, plataformas inmobiliarias promocionando unidadesy compradores que adquirieron \u2014muchas veces sin saberlo\u2014 un bien cuya titularidad est\u00e1 en duda.<\/p>\n
Para agravar el panorama, los abogados aseguran que se est\u00e1 configurando un \u201cDa\u00f1o irreversible\u201d: cada nueva venta, cada torre que se levanta, cada peso invertido por un comprador de buena fe aumenta el costo econ\u00f3mico y jur\u00eddico de un eventual fallo que obliga a restituir los terrenos a la Naci\u00f3n.<\/p>\n
El giro m\u00e1s reciente: medidas cautelares por riesgo jur\u00eddico un proyecto de viviendaAdem\u00e1s del incidente de desacato, los documentos anexos revelan un frente paralelo: compradores solicitando medidas cautelares contra constructoras, argumentando que ocultaron la existencia del litigio judicial y que no informaci\u00f3n sobre las limitaciones derivadas de reclamaciones de la Aerocivil.<\/p>\n
Constructoras habr\u00edan ocultado la existencia del litigio judicial. Foto:distrito de cartagena<\/p>\n
Las peticiones incluyen la suspensi\u00f3n de pagos de cuotasla prohibici\u00f3n de enajenar apartamentos en venta, y la obligaci\u00f3n de informar p\u00fablicamente en portales, oficinas y publicidad que el proyecto se encuentra sobre terrenos. objeto de disputa judicial.<\/p>\n
Esta l\u00ednea del proceso abre una nueva dimensi\u00f3n: no solo se trata de una disputa entre la Naci\u00f3n y particulares, sino de un posible caso de protecci\u00f3n al consumidor que podr\u00eda escalar por la v\u00eda civil y administrativa.<\/p>\n
lo que vieneEl Tribunal Superior deber\u00e1 evaluar si abre formalmente el incidente de desacato. Si esto ocurre, el fiscal del caso podr\u00eda ser llamado a explicar por qu\u00e9 no ha dado cumplimiento a la orden de la Corte Suprema. Y, m\u00e1s importante a\u00fan, la Fiscal\u00eda General podr\u00eda enfrentar un escrutinio mayor por la mora en un caso de alto impacto urban\u00edstico, econ\u00f3mico y social.<\/p>\n
Para compradores, constructores, la Aerocivil y la propia ciudad de Cartagena, la decisi\u00f3n que est\u00e1 por tomar no es menor: podr\u00eda marcar el futuro jur\u00eddico de uno de los frentes de expansi\u00f3n inmobiliaria m\u00e1s codiciados y pol\u00e9micos de la ciudad.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n
Por ahora, lo \u00fanico claro es que el litigio, lejos de cerrarse, entra en su cap\u00edtulo m\u00e1s tenso.<\/p>\n
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S\u00e1nchez: “la intervenci\u00f3n fue necesaria y proporcionada”. Foto:<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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