La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresaron este martes su preocupación por el impacto humanitario provocado por los terremotos del 24 de junio en Venezuela y advirtieron que la emergencia ocurre en medio de una crisis preexistente que limita la capacidad estatal para garantizar una respuesta efectiva.
La CIDH señaló en un comunicado que el Estado venezolano debe garantizar los derechos humanos de la población afectada durante todas las etapas de la emergencia, recuperación y reconstrucción, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
“El Estado debe garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), de manera integral y transparente, atendiendo las necesidades diferenciadas de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad”, afirmó el organismo.
La comisión indicó que los sismos ocurrieron en momento marcado por “la ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria”, que estaría caracterizada por afectaciones al sistema sanitario, dificultades económicas, deterioro institucional y limitaciones en el acceso a servicios básicos como agua potable, alimentación y atención médica.
Señaló que en 2025 alrededor de 20 millones de personas en Venezuela vivían en situación de pobreza multidimensional, mientras que en 2024 cerca de 13,5 millones enfrentaban necesidades críticas registradas en el capítulo IVB del Informe Anual de la organización.
CIDH cuestiona falta de información consolidada sobre víctimasLa CIDH manifestó preocupación por la falta de datos oficiales completos sobre la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos. Según cifras citadas por el gobierno, hasta el 24 de julio se contabilizaban al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados y 128.324 familias que habrían recibido asistencia estatal.
Sin embargo, la comisión señaló que no existe información oficial consolidada sobre personas desaparecidas o no localizadas. Indicó que organizaciones de la sociedad civil han reportado al menos 29.484 personas con las que todavía no se habría logrado establecer contacto.
“A tres semanas de la emergencia, persisten serias preocupaciones sobre la garantía de los Desca en las zonas afectadas”, afirmó la CIDH.
Advirtió sobre la presión que continúa enfrentando el sistema hospitalario, las dificultades para acceder a agua potable y saneamiento, así como la necesidad de atención psicológica para las personas afectadas.
El organismo alertó sobre problemas relacionados con la remoción de escombros, identificación de fallecidos, entrega de restos a familiares y funcionamiento de servicios forenses, al señalar informes acerca de sobrecarga de morgues y dificultades económicas para acceder a servicios funerarios.
Preocupación por damnificados, albergues y respuesta humanitariaLa CIDH indicó que, según información oficial, al menos 17.907 personas habrían perdido sus viviendas y que fueron habilitados 107 campamentos temporales en Caracas, La Guaira y Miranda.
Sobre estos espacios, la comisión señaló que existen desafíos relacionados con la capacidad de atención, seguridad, acceso a agua, saneamiento e higiene, además de riesgos de protección para personas desplazadas y aumento de las cargas de cuidado para mujeres y niñas.
El organismo afirmó haber recibido denuncias sobre obstáculos para la respuesta humanitaria, entre ellas restricciones para la prensa en zonas afectadas, dificultades para el funcionamiento de centros ciudadanos de acopio, retención de insumos destinados a comunidades, problemas en la distribución de ayuda y limitaciones para equipos médicos internacionales.
“La asistencia humanitaria debe prestarse de manera oportuna, suficiente, coordinada y sin discriminación”, recordó la CIDH, al insistir en que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos durante las fases de emergencia, recuperación y reconstrucción.
CIDH pide cooperación internacional y garantías para desplazadosLa comisión manifestó preocupación por el desplazamiento interno de personas que perdieron sus viviendas y solicitó al Estado venezolano establecer mecanismos de registro, información y acompañamiento para las familias afectadas.
Pidió que cualquier traslado, reubicación o retorno de damnificados sea voluntario, informado, seguro y digno, respetando la unidad familiar y aplicando medidas diferenciadas para niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.
El organismo reiteró su solidaridad con los venezolanos afectados por los terremotos y con los integrantes de la diáspora que no han podido regresar para acompañar a sus familiares. Señaló que Venezuela debe garantizar “una respuesta humanitaria oportuna, transparente y efectiva” y llamó al restablecimiento del orden constitucional como parte del proceso de reconstrucción institucional del país.