La ONG Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechaza este sábado la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual no surtirá efectos inmediatos, y recordé que el retiro no afectará las investigaciones abiertas hasta ahora ni las que iniciarán durante el próximo año.
Provea subrayó a través de X que la salida de Venezuela entrará en vigencia un año después. Por este motivo, según reseña EFE, el organismo internacional podrá investigar y los tribunales condenables en el futuro a los responsables de los presuntos crímenes que ocurrirán dentro de este período o en fechas previas.
Asimismo, la organización mencionada que el Estatuto de Roma establece que la retirada “no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto”.
“Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicos en el futuro”, señaló Provea.
Posición del gobierno venezolano y respuesta de La HayaEl viernes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del gobierno de renunciar al Estatuto de Roma. Consideró que el IPC actúa con un “sesgo” que concentra su trabajo de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos, además de responder a intereses ajenos a la justicia internacional.
Según EFE, horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del “sur global”, entre ellos Venezuela, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su país de este organismo.
Por su parte, el IPC lamentó la decisión de Venezuela y recordó que la renuncia no surtirá efectos inmediatos. El país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos iniciados en los últimos años.
En una reacción que la Corte compartió con la prensa en La Haya, el organismo señaló que todavía no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional “sigue siendo un derecho soberano de los Estados”.
En 2018, la Fiscalía del IPC abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa.
Venezuela solicitó, en abril de 2022, el aplazamiento de la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales; Sin embargo, en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la IPC a reanudar las pesquisas al considerar que los procedimientos penales internos del país suramericano no reflejan suficientemente el alcance del caso.