Venezuela · Política
Hechos clave
—Anuncio El canciller Félix Plasencia anunció la decisión de retiro irrevocable el 24 de julio de 2026, con notificación formal enviada a la ONU.
—Cronograma legal Según el Estatuto de Roma, la retirada entra en vigor un año después de que la ONU reciba la notificación oficial, no inmediatamente.
—Jurisdicción en curso La CPI conserva plena autoridad legal para investigar y procesar presuntos crímenes cometidos antes de la fecha de retiro.
—Estado de la investigación El fiscal de la CPI, Karim Khan, abrió una investigación formal en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos 2017.
—Justificación del gobierno Los funcionarios venezolanos citaron el prejuicio geográfico contra las naciones del Sur Global como la razón principal para abandonar la corte.
Venezuela ha activado formalmente el Retiro de la CPI de Venezuela proceso, notificando a las Naciones Unidas su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional el 24 de julio de 2026. El anuncio, realizado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, se produce mientras el tribunal con sede en La Haya continúa su investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas e individuos progubernamentales desde al menos 2017.
La Corte Penal Internacional de La Haya; Venezuela notificó a la ONU su retirada el 24 de julio de 2026. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA.Referencia única
Inteligencia de la empresa
Todas las empresas que cotizan en bolsa en América Latina: finanzas, propiedad y estructura de más de 1450 empresas en 26 bolsas, en un solo lugar.
Navegar por el directorio →
Retiro de la CPI de Venezuela: El anuncio El Ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, declaró irrevocable la medida durante una declaración televisada el 24 de julio de 2026, confirmando que se había entregado una notificación formal al Secretario General de las Naciones Unidas. La presidenta interina Delcy Rodríguez reforzó el mensaje, afirmando que la CPI había sido instrumentalizada como un arma política contra el Estado venezolano.
El argumento central del gobierno se basa en una acusación de parcialidad geográfica. Los funcionarios afirman que la CPI apunta desproporcionadamente a las naciones del Sur Global, particularmente en África y América Latina, mientras ignora los presuntos crímenes cometidos por poderosos estados occidentales.
Este marco se alinea con una narrativa diplomática más amplia impulsada por el gobierno de Caracas, que presenta el escrutinio legal internacional como una forma de interferencia neocolonial.
Qué cambia legalmente el retiro y qué no Según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro no puede abandonar la corte instantáneamente. El artículo 127 exige un período de espera de un año completo después de que la ONU reciba la notificación oficial antes de que una retirada entre en vigor legalmente.
Para Venezuela, esto significa que el país seguirá siendo Estado parte del Estatuto de Roma hasta al menos finales de julio de 2027.
Fundamentalmente, la retirada no borra la jurisdicción del tribunal sobre conductas pasadas. La CPI conserva plena autoridad legal para investigar y procesar crímenes presuntamente cometidos mientras Venezuela era miembro.
Dado que la investigación del tribunal se centra en actos que se remontan a 2017, la retirada no tiene un impacto inmediato en la admisibilidad de las pruebas ni en la base legal de posibles órdenes de arresto.
El efecto práctico es principalmente político y logístico. Una retirada definitiva pondría fin a la obligación legal de Venezuela de cooperar con la corte, incluido cualquier deber de arrestar y entregar a sospechosos en su territorio.
Sin embargo, la CPI aún podría perseguir a sospechosos si viajan al extranjero, dependiendo de la cooperación de otros estados miembros para ejecutar las órdenes.
La investigación de la CPI: una cronología del deterioro de la cooperación La participación de la CPI en Venezuela comenzó con un examen preliminar. En 2020, la entonces fiscal Fatou Bensouda concluyó que había bases razonables para creer que funcionarios civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Los presuntos actos incluyeron encarcelamiento, tortura, violación y persecución de opositores políticos desde al menos 2017.
Su sucesor, el fiscal Karim Khan, elevó el examen a la categoría de investigación formal en 2021. La investigación, conocida como Venezuela I, se centra en la violencia perpetrada por el Estado.
Inicialmente, el gobierno venezolano se comprometió con el tribunal, buscando demostrar que su sistema judicial nacional era capaz de manejar cualquier acusación creíble, un principio conocido como complementariedad.
Ese compromiso colapsó. En enero de 2025, la CPI cerró su oficina de Caracas, citando una total falta de cooperación por parte de las autoridades venezolanas.
El cierre de la oficina marcó una ruptura terminal en las relaciones y presagió el anuncio formal de la retirada. La investigación continúa desde La Haya, apoyándose en testimonios de exiliados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Contexto político y reacciones internacionales El anuncio de la retirada coincidió con una crisis institucional separada en la CPI. El mismo día, los estados miembros del tribunal votaron a favor de destituir al fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual inapropiada. Si bien es jurídicamente distinto del expediente de Venezuela, el momento permitió al gobierno de Caracas argumentar que el tribunal estaba en desorden y carecía de autoridad moral.
La reacción internacional se dividió según líneas predecibles. Figuras de la oposición dentro de Venezuela y organizaciones de derechos humanos condenaron la medida como un intento de evadir la rendición de cuentas.
Sostienen que la retirada confirma el temor del gobierno a un escrutinio judicial independiente. El informe de Reuters señaló la ausencia de una declaración unificada de la oposición, pero destacó que los críticos ven la salida como una admisión de culpabilidad.
Venezuela se suma ahora a un pequeño grupo de naciones que han abandonado el tribunal permanente para crímenes de guerra. Burundi se retiró en 2017, seguido de Filipinas en 2019.
Más recientemente, Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron planes de salida, enmarcando sus salidas de manera similar como resistencia a las instituciones dominadas por Occidente. Ninguno de estos retiros detuvo las investigaciones en curso sobre conductas pasadas.
¿Qué sucederá después con la investigación sobre Venezuela? La investigación entra en una nueva fase en la que la fiscalía debe operar sin ninguna expectativa de cooperación sobre el terreno por parte de Caracas. La CPI todavía puede emitir órdenes de arresto selladas, una táctica utilizada en otras situaciones no cooperativas. Cualquier orden sellada sólo se haría pública si un sospechoso viajaba a un Estado miembro dispuesto a realizar el arresto.
La cuenta regresiva de un año crea una ventana para la presión diplomática. Los Estados miembros podrían instar a Venezuela a revertir su decisión antes de que la retirada finalice en 2027. Sudáfrica intentó retirarse en 2016, pero cambió de rumbo después de un fallo de un tribunal nacional. No existe tal obstáculo judicial en Venezuela, donde la Corte Suprema es leal al poder ejecutivo.
Para los inversores extranjeros y expatriados que monitorean el riesgo político en América Latina, la retirada refuerza un patrón de aislamiento institucional. Venezuela ya enfrenta sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones por retrocesos democráticos y abusos contra los derechos humanos.
La salida de la CPI añade una capa de opacidad jurídica, lo que indica que el Estado tiene la intención de operar más allá del alcance del derecho penal internacional.
Un desafío más amplio a la justicia internacional La retirada de Venezuela de la CPI representa más que una disputa bilateral entre Caracas y La Haya. Pone a prueba la resiliencia del sistema de justicia internacional cuando un Estado objetivo se niega a participar.
El tribunal no tiene fuerza policial y depende enteramente de la cooperación estatal. Si las naciones poderosas no hacen cumplir sus garantías, el efecto disuasorio del Estatuto de Roma se debilita.
Los expertos jurídicos señalan que la jurisdicción de la CPI sobre crímenes pasados está protegida por el derecho de los tratados. La verdadera cuestión es la aplicación de la ley.
El tribunal procesó con éxito casos sin la cooperación del Estado antes, pero el proceso es lento y políticamente tenso. Para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la retirada cambia poco en el corto plazo.
La investigación continúa, pero el camino hasta un tribunal en La Haya se hace más largo e incierto.
Preguntas frecuentes ¿La retirada de Venezuela detiene inmediatamente la investigación de la CPI? No. La retirada tarda un año en hacerse efectiva según el Estatuto de Roma. Incluso después de eso, la CPI conserva jurisdicción sobre todos los presuntos crímenes cometidos mientras Venezuela era un Estado miembro, incluidos actos que se remontan a 2017.
¿Por qué Venezuela decidió salir de la Corte Penal Internacional? El gobierno venezolano afirma que la CPI aplica un sesgo geográfico, apuntando desproporcionadamente a las naciones del Sur Global. Los funcionarios argumentan que el tribunal sirve como una herramienta política para las potencias occidentales en lugar de un órgano judicial imparcial.
¿Puede la CPI todavía emitir órdenes de arresto contra funcionarios venezolanos? Sí. El tribunal puede dictar órdenes de detención públicas o selladas en cualquier momento.
Si un sospechoso viaja a un país que sigue siendo miembro de la CPI, ese estado estaría obligado a arrestar y entregar al individuo a La Haya.
Fuentes: Ministro de Asuntos Exteriores, Félix Plasencia.