Este 24 de julio se cumplió un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Cuando la tierra tembló el 24 de junio, millas de familias buscaron a sus seres queridos entre hospitales, refugios y edificios derrumbados. Para los familiares de quienes permanecen presos por motivos políticos, la angustia tuvo otra forma: puertas cerradas, comunicaciones inciertas y una pregunta elemental que el Estado está obligado a responder cuando una persona se encuentra bajo su custodia: ¿está a salvo?
Los presos también son seres humanos: tienen padres, hijos, esposas, hermanos y familias que vivieron la emergencia sin saber con certeza qué estaba ocurriendo dentro de los centros de detención. Ana Julia Jatar, defensora de los derechos humanos y vocera de la plataforma digital granito de arena, advierte que “las personas privadas de libertad son siempre las más vulnerables y las más invisibles”. Por ello, impulsa una campaña para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a Venezuela, inspeccione las cárceles y verifique las condiciones de los presos políticos.
La emergencia, provocada por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 y una prolongada secuencia de réplicas, volvió a exponer la vulnerabilidad de la población penitenciaria. El balance oficial difundido el 21 de julio situó la tragedia en 5.278 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 colapsados. En medio de esa devastación, continúa sin estar claro públicamente qué inspecciones se realizaron en los centros de detención, qué protocolos de evacuación fueron activados y qué información recibieron los familiares de los reclusos.
Ana Julia Jatar defensora de los derechos humanos y vocera de la plataforma digital Granito de Arena promueve una campaña ciudadanaCada firma, una exigencia de presencia.granito de arena nació, según explica Jatar, para ofrecer una forma concreta de participación a los venezolanos que, dentro o fuera del país, desean defender los derechos humanos, pero no saben cómo comenzar. “Cada firma es un granito de arena”, afirma. Detrás de cada adhesión hay una voz que reclama información, una familia que pide saber cómo se encuentra su ser querido y una sociedad que se niega a permanecer indiferente.
Firme y comparta la petición: https://www.change.org/p/exigimos-la-entrada-de-la-cidh-a-venezuela-500-presos-políticos-no-pueden-esperar-más
Firmar no es solamente escribir un nombre en una plataforma digital. Es acompañar a las madres, esposas, hijos y hermanos que esperan noticias frente a las puertas de una cárcel. Es necesario atención médica, visitas regulares, comunicación con los abogados y condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana. También es pedir que las denuncias de aislamiento, maltrato y presuntas torturas sean investigadas de manera independiente.
Una firma, por sí sola, no abrirá las puertas de una prisión. Pero millas de firmas pueden convertir el dolor de las familias en una exigencia pública imposible de ignorar. Pueden demostrar ante la CIDH, los gobiernos y las autoridades venezolanas que existe una ciudadanía vigilante que reclama presencia internacional, transparencia y rendición de cuentas.
La fuerza de la campaña reside en sumar voluntades.. Cada firma representa a una persona que decide no mirar hacia otro lado y recuerda que detrás de cada celda hay un ser humano con una historia, una familia y derechos que deben ser respetados. Firmar es pedir que la CIDH entre Venezuelaobserve directamente las condiciones de las cárceles y escuche a quienes llevan demasiado tiempo aislados.
Permitir el ingreso de la CIDH no sería una concesión política. Sería una medida urgente de protección y una prueba concreta de que Venezuela está dispuesta a abrir sus cárceles a la verdad. Ningún muro puede colocarse por encima de la vida humana y ninguna sociedad debe acostumbrarse al sufrimiento escondido detrás de una celda.
Que las cárceles dejen de ser un territorio sin testigosEn medio de una tragedia que dejó millas de familias de luto, los muros de las cárceles no pueden convertirse en una barrera contra la verdad. Detrás de cada detenido existe una familia que necesita saber si está vivo, si resultó herido, si recibe atención médica y si permanece recluido en condiciones seguras. El derecho a conocer esa información no puede depender de rumores, mensajes clandestinos o unos pocos minutos de visita.
granito de arena busca transformar una acción individual —una firma electrónica— en una exigencia colectiva de transparencia, protección y rendición de cuentas. Játar resume el reclamo en una frase: “Sin testigos no hay rendición de cuentas”. Su advertencia adquiere una dimensión todavía más grave después del doble terremoto, cuando las personas privadas de libertad dependían enteramente de las autoridades para ser evacuadas, recibir atención médica, comunicarse con sus familiares o ser trasladadas a instalaciones seguras.
La urgencia no consiste únicamente en determinar si los edificios penitenciarios resistieron los movimientos sísmicos. También exige comprobar si existen protocolos de evacuación, condiciones sanitarias adecuadas, alimentación, agua potable, atención médica y comunicación confidencial con familiares y abogados. Impedir una verificación independiente prolonga la indefensión de las víctimas y permite que las denuncias de maltrato o tortura permanezcan ocultas detrás de puertas cerradas.
Veinticuatro años sin una visita dentro de VenezuelaEn marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había expresado preocupación por las denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en Rodeo I. En abril de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a César Antonio Alfonso Omaña Alcalá ya su padre tras recibir información sobre aislamiento prolongado, restricciones de visitas, falta de comunicación con familiares y abogados, deterioro de salud y condiciones precarias de alimentación, agua, higiene y atención médica. La resolución no declarada definitivamente probó todas las acusaciones, pero estableció que existía una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.
La última visita de la CIDH realizada efectivamente dentro de Venezuela se desarrolló entre el 6 y el 10 de mayo de 2002, por invitación del entonces presidente Hugo Chávez. La delegación se reunió con representantes de los poderes públicos, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas y familiares. También recibió testimonios sobre distintas regiones del país.
Desde entonces, la Comisión solicitó en numerosas oportunidades la anuencia del Estado para regresar. En julio de 2019, Gustavo Tarre, reconocido entonces como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, extendió una invitación formal. La CIDH programó una visita para febrero de 2020, pero las autoridades venezolanas impidieron que la delegación abordara en Panamá el vuelo con destino a Caracas.
La misión tuvo que trasladarse a Bogotá y Cúcuta. Allí recibió información documental y audiovisual, se reunió con víctimas, periodistas, organizaciones sociales y actores humanitarios, y recogió cerca de 70 testimonios presenciales, además de otros 130 recibidos virtualmente. La CIDH clasifica esa actividad como una visita de observación sobre Venezuela, pero la delegación no pudo ingresar al territorio nacional. Escuchar testimonios desde la frontera permitió documental patrones; no sustituyó la posibilidad de inspeccionar una cárcel, revisar registros o entrevistar a los detenidos sin intimidación.
La urgencia de una nueva visita fue reconocida nuevamente por la propia Comisión. El 3 de septiembre de 2025, la CIDH solicitó autorización para ingresar a Venezuela y verificar, particularmente, las condiciones de las personas detenidas en El Helicoide. Según su Informe Anual 2025, el Estado no había respondido cuando concluyó la elaboración del documento.
Un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento y el abandonoEl Informe Anual 2025 de la CIDH describe un sistema penitenciario con 22.019 personas recluidas para una capacidad real de 15.096 plazas, lo que representaba un hacinamiento general de 45,85%. Siete establecimientos presentaban niveles de ocupación de entre 110% y 255%. La Comisión también señaló infraestructura deteriorada, celdas sin ventilación o luz natural suficiente, alimentación deficiente, acceso limitado al agua y falta de atención médica oportuna.
La precariedad obliga a numerosas familias a suministrar ropa, productos de higiene y colchonetas. En algunos calabozos, concebidos para detenciones de no más de 48 horas, las personas permanecen por períodos prolongados y, debido al hacinamiento, algunas deben dormir de pie o en sábanas utilizadas como hamacas. La CIDH también reconoció denuncias sobre golpizas, restricciones severas de agua y alimentos, desnudez forzada, aislamiento prolongado y encierro en celdas de castigo conocidas como “tigritos”.
En 2025, decenas de detenidos por motivos políticos permanecieron incomunicados de sus familiares y defensas. Para abril de ese año, 64 familias no habían recibido notificación formal sobre el centro de reclusión de sus parientes. Algunas obtenían información por medio de otros presos o de funcionarios que las llamaban para solicitar medicamentos o suministros básicos. La Comisión exigió verificar el estado de salud de los detenidos y garantizar visitas regulares de familiares y abogados.