El gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI)por considerar que ese organismo responde a un “sesgo” que concentró su trabajo de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
“Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicar con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación ya la soberanía”señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.
Además, señaló que por órdenes de Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.
Plasencia sostuvo que el “sesgo” del IPC no es una simple coincidencia procesal, “sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia ya los pueblos que dicen proteger”.
“Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”agregó.
Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia “genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.
Cierre de oficina del CPI en Caracas En diciembre, la Asamblea Nacional (AN)controlada por el chavismo, autorizada por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de “denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje” del IPC.
La norma fue sancionada por el Parlamento después de que la Fiscalía del CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
Rodríguez afirmó entonces que esta institución “debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano”.
Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía del CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país “permanece activa” y dirigido por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.
Nicolás Maduro, actualmente preso en EE UU, intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) 24 de julio de 2026 Con información de EFE