Perú · Política
Hechos clave
—Nueva norma de competencia. Los policías y militares acusados de crímenes durante el deber ahora se enfrentarán sólo a tribunales militares, no a tribunales civiles.
—Votación del Congreso. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley el 23 de junio de 2026, con 52 votos a favor y 43 en contra.
—Archivo de casos. Los jueces civiles deben cerrar cualquier proceso judicial ordinario en curso por los mismos hechos, incluso sin una sentencia definitiva.
—Plazo presidencial. El presidente José María Balcázar tenía hasta el 17 de julio de 2026 para firmar o vetar la ley; su decisión aún no está confirmada.
—Alarma internacional. El jefe de derechos humanos de la ONU y Human Rights Watch instaron a un veto, citando riesgos de impunidad por los abusos.
justicia militar peru Los poderes se ampliarán dramáticamente después de que el Congreso ratificó una ley que traslada todos los casos penales contra policías y soldados en servicio de los tribunales civiles a tribunales militares exclusivos.
El Congreso de Perú en Lima aprobó la ley que traslada los casos policiales y militares a los tribunales militares. (Foto reproducción de internet)Referencia integral
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Qué cambia la nueva Ley de Justicia Militar del Perú La ley, aprobada en segunda votación el 23 de junio de 2026, amplía la definición de “delito relacionado con el servicio” para cubrir prácticamente cualquier acto ilícito durante acciones policiales, operaciones de control interno o estados de emergencia.
Ordena que sólo los tribunales de policía militar puedan juzgar estos casos, obligando a los jueces civiles a archivar inmediatamente cualquier proceso paralelo por los mismos hechos, incluso si no existe una sentencia definitiva.
Esto representa un cambio fundamental en el panorama legal de Perú, revirtiendo años de esfuerzos para someter la responsabilidad de las fuerzas de seguridad a supervisión civil.
Para los residentes e inversores extranjeros, el cambio significa que cualquier interacción con la policía o el ejército durante operaciones oficiales –desde patrullas callejeras hasta respuestas de emergencia a gran escala– ahora cae bajo una vía judicial separada con reglas y estándares de transparencia diferentes.
¿Quién respaldó la legislación? El proyecto de ley fue patrocinado por la legisladora Karol Paredes del partido Avanza País y respaldado por Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, y el partido Alianza para el Progreso.
Los partidarios argumentan que el cambio protege a las fuerzas de seguridad de un procesamiento injusto por decisiones tomadas en el desempeño de sus funciones.
La alianza política detrás de la ley refleja un impulso más amplio en el Congreso de Perú para fortalecer los escudos institucionales para la policía y el ejército, una tendencia que ha cobrado impulso en medio de las continuas preocupaciones por la seguridad pública.
Fuerza Popular, en particular, ha abogado durante mucho tiempo por ampliar la jurisdicción militar, una postura arraigada en los vínculos históricos del partido con las fuerzas armadas del Perú durante la era del conflicto interno.
Los críticos advierten sobre un camino directo hacia la impunidad Human Rights Watch instó al presidente José María Balcázar a vetar el proyecto de ley, afirmando que “abriría efectivamente la puerta a la impunidad” para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
El Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, también pidió a Perú que rechace la ley, advirtiendo que viola las normas internacionales sobre un recurso efectivo y un juicio justo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado anteriormente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, procesar o castigar violaciones de derechos humanos, un precedente que Perú ahora está desafiando directamente.
Los opositores en el Congreso denunciaron la medida como una herramienta para la impunidad, señalando que podría anular incluso condenas no definitivas en tribunales civiles al obligar a los jueces a archivar los casos a mitad del proceso.
Antecedentes: La larga lucha del Perú por los tribunales militares Perú ha luchado con el alcance de la justicia militar durante décadas, particularmente desde el conflicto armado interno de los años 1980 y 1990, cuando los tribunales militares fueron ampliamente utilizados para proteger a los soldados de la responsabilidad por abusos.
Una serie de reformas a lo largo de los últimos veinte años trasladaron gradualmente los casos de derechos humanos y crímenes comunes cometidos por las fuerzas de seguridad a tribunales civiles, alineando al Perú más estrechamente con los estándares interamericanos de derechos humanos.
La nueva ley marca una marcada reversión de esa tendencia, al volver a ampliar la jurisdicción militar-policial (*fuero militar policial*) para cubrir prácticamente cualquier acto cometido durante el servicio, una definición que, según los críticos, es peligrosamente amplia.
Para los expatriados y las empresas internacionales que operan en Perú, este cambio legal introduce una nueva incertidumbre sobre cómo se manejarán las acusaciones de mala conducta por parte del personal de seguridad, particularmente en regiones con fuerte presencia policial o militar.
Qué significa para expatriados, inversores y turistas Los ciudadanos extranjeros que viven o visitan Perú deben comprender que las denuncias contra policías o personal militar por acciones durante funciones oficiales ahora se canalizarán a través de un sistema de justicia militar con menos transparencia pública que los tribunales civiles.
Esto podría afectar todo, desde informar un incidente de uso de la fuerza durante una protesta hasta buscar reparación por daños a la propiedad durante una operación de estado de emergencia.
Los inversores en sectores como la minería, la energía y la infraestructura –donde los despliegues de fuerzas de seguridad son comunes para proteger los activos– pueden enfrentar nuevas complejidades en la gestión de riesgos legales y las relaciones comunitarias.
Los turistas que se encuentran con la policía durante su estadía deben ser conscientes de que el marco legal que rige la responsabilidad de los agentes ha cambiado, lo que podría afectar la forma en que se procesan y resuelven las quejas.
¿Qué pasa después? La ley ratificada fue enviada al presidente Balcázar el 23 de junio, con un plazo de 15 días para firmarla o vetarla que finalizó el 17 de julio de 2026.
Hasta el 21 de julio, la decisión final del presidente no había sido confirmada públicamente, lo que deja momentáneamente incierto el destino de la ley.
Si se firma, la ley entraría en vigor de inmediato, lo que provocaría el archivo de todos los casos judiciales civiles pendientes contra policías y personal militar por actos relacionados con el deber.
Si el Presidente Balcázar veta el proyecto de ley, el Congreso aún podría anular el veto con un voto calificado, aunque el cálculo político para tal medida sigue sin estar claro dada la división 52-43 en la votación del 23 de junio.
Preguntas frecuentes ¿Qué hace la nueva ley de justicia militar del Perú? Transfiere todas las causas penales contra policías y militares acusados de delitos cometidos durante el servicio de los tribunales civiles a los tribunales exclusivos de la policía militar. La ley también amplía la definición de delito relacionado con el servicio para incluir prácticamente cualquier acto ilícito cometido durante acciones policiales, operaciones de control interno o estados de emergencia, y exige que los jueces civiles archiven de inmediato cualquier caso en curso por los mismos hechos.
¿Por qué los críticos dicen que la ley crea impunidad? Los opositores argumentan que los tribunales militares carecen de la independencia necesaria para los casos imparciales de derechos humanos, y la ley obliga a los jueces civiles a cerrar los casos en curso, anulando potencialmente las condenas existentes que aún no han alcanzado una sentencia definitiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dictaminado que la jurisdicción penal militar no es competente para conocer violaciones de derechos humanos, norma que Perú estaría violando.
¿El presidente de Perú ha firmado la ley? Al 21 de julio de 2026, la decisión del presidente José María Balcázar de firmar o vetar la ley no ha sido confirmada, aunque su plazo de 15 días venció el 17 de julio. Si firma, la ley entra en vigor de inmediato. Si veta, el Congreso puede intentar anular el veto, aunque el resultado de dicha votación es incierto.