En América Latina, el crimen organizado descubrió que la política puede ser una inversión más rentable que una ruta de droga, que un socavón ilegal o una red de contrabando. Ya no es solo recurrir a la política de “plata o plomo” con autoridades electas. Cada vez más, las economías ilegales buscan intervenir antes: campañas financieras, imponer candidatos, controlar territorios o capturar instituciones desde adentro.
Esta investigación de los medios del Grupo de Diarios América (GDA) muestra un patrón regional. Aunque con formas distintas en cada país, la lógica es la misma: las economías ilegales han dejado de ser actores externos al sistema político y, en varios casos, ya participante activa en la competencia electoral. El narcotráfico sigue siendo el principal motor de esa infiltración, pero ya no actúa solo. La minería ilegal, el lavado de activos y la corrupción en la contratación pública han ampliado el mapa de riesgos.
México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina y El Salvador muestran señales claras de penetración criminal en la política. Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen como excepciones parciales: países con menor evidencia de infiltración directa, aunque con alertas que demuestran que ningún sistema está completamente ciego.
La campaña como inversión criminalMéxico ilustra un cambio: antes las economías ilegales corrompían autoridades electas. Hoy inician antes el proceso de corrupción financiando campañas para garantizar lealtades. Según datos recopilados por El Universaldos décadas de reformas para blindar las elecciones frente al crimen organizado han fracasado. Pactos políticos, nuevos sistemas de fiscalización y reformas legales no han impedido que las organizaciones criminales sigan infiltrando candidaturas y campañas. David Saucedo, consultor en seguridad citado por el diario, resume el fracaso con crudeza: “Las políticas públicas que se han instaurado en México han sido sólo para contener mediáticamente el problema, no para resolverlo de fondo”.
En Colombia, El Tiempo reporta una creciente presión del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción sobre el sistema electoral. La Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios en riesgo de fraude y violencia para las elecciones de este año, de los cuales 81 están en nivel extremo. El mapa coincide con territorios donde grupos armados y economías ilegales disputan el control político y territorial.
En El Salvador, el problema es de debilidad institucional. La Prensa Gráfica recoge la advertencia de Acción Ciudadana sobre la fragilidad del sistema de fiscalización electoral. La organización sostiene que “la falta de fiscalización y transparencia permite la infiltración de financiamiento ilícito en la política”. Un magistrado electoral, bajo anonimato, advirtió incluso que “siempre existe probabilidad de que los partidos sean permeados por dinero ilegal”.
El dinero que no apareceEn muchos países, el financiamiento ilícito rara vez entra de manera directa a una campaña, sino que lo hace mediante empresas fachada, contratistas, testaferros, aportes fragmentados, efectivo no declarado o donaciones en especie. Ese es el caso de Brasil. Según información El Globofacciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han encontrado formas de influir en la política aprovechando vacíos legales y recurriendo a terceros para mover recursos sin dejar rastros evidentes.
República Dominicana, según informes de Listín Diariomuestra otro patrón: la convergencia entre narcotráfico, lavado y financiamiento político. El caso Calamar expuso un esquema de recaudación de dinero no declarado mediante presiones a contratistas estatales para financiar campañas. En Colombia, el problema tiene antecedentes históricos, desde el Proceso 8000 hasta la reciente sanción del Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022 por superar topes prohibidos legales y recibir aportes.
En Perú, El Comercio describe una modalidad distinta pero igual de opaca. Muchos candidatos declaran financiar sus campañas con recursos propios o simplemente no registran aportes, lo que dificulta conocer el origen real del dinero. El problema se agrava en un país donde la minería ilegal movilizó más de 11.500 millones de dólares en un solo año.
Territorios capturadosEn algunos países, el recurso más valioso de las economías ilegales no es el dinero, sino el control territorial. Quien domina un municipio, una favela, una frontera o una región minera también puede influir decisivamente en la competencia electoral.
Brasil y México muestran con claridad esa dinámica. En Brasil la mayor herramienta es el control territorial. Carolina Grillo, investigadora de la Universidade Federal Fluminense, lo resume con claridad: “Prohíben a ciertos partidos hacer campaña o imponen candidatos”. En México, la violencia política se ha vuelto parte estructural de varios procesos electorales, especialmente en zonas donde organizaciones criminales disputan rutas y territorios.
Colombia ofrece una versión todavía más extrema. El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, atribuido por la Fiscalía a la disidencia Segunda Marquetalia, recordó que la violencia sigue siendo una herramienta eficaz para alterar la competencia política.
Según información El Nacionalla relación entre economías ilícitas y política en Venezuela es estructural. En el Arco Minero del Orinoco y en estados fronterizos como Apure, Zulia y Táchira, la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando operan en una lógica de captura estatal, donde la frontera entre poder político y economía ilegal se vuelve cada vez más difusa.
Impacto de las Economías Ilegales en los Procesos Electorales Análisis comparativo de fiscalización y penetración criminal en América Latina
PaísEconomía Ilegal ReportadaHerramientas de Control / Fiscalización ElectoralMéxicoNarcotráfico y crimen organizado territorialReformas legales, fiscalización del INE y mesas de seguridad con Gobernación, pero concluye que han sido insuficientes para frenar la infiltración criminal.ColombiaNarcotráfico, minería ilegal y corrupción en contratación públicaConsejo Nacional Electoral (CNE), Fiscalía y Misión de Observación Electoral (MOE). El CNE sancionó por primera vez una campaña presidencial en 2026.brasilNarcotráfico (Comando Vermelho y PCC)La ley solo permite donaciones de personas naturales, no de empresas. Sin embargo, hay vacíos legales que facilitan el uso de testaferros. Actúan Policía Federal y Ministerio Público.PerúMinería ilegal (principal), además pesca ilegalFiscalización mediante informes obligatorios de campaña (dos por elección). La trazabilidad es débil porque muchos candidatos declaran autofinanciamiento o no reportan aportes.VenezuelaMinería ilegal, narcotráfico y contrabando de combustible.Formalmente fiscalizan el CNE y la Contraloría. Se alerta que no existe autonomía real ni fiscalización efectiva sobre el oficialismo.republica dominicanaNarcotráfico, lavado de activos y corrupción.Junta Central Electoral (JCE). El informe menciona registros oficiales de deportes, pero múltiples casos muestran uso de efectivo, sobornos y recursos no declarados.ArgentinaNarcotráfico, juego clandestino y lavado inmobiliarioNo se detallan mecanismos formales de fiscalización electoral, pero se hace referencia a investigaciones judiciales, fiscales y condenas vinculadas a financiamiento ilegal.SalvadorPandillas, lavado de dinero y financiamiento opacoTribunal Supremo Electoral (TSE). Puede auditar financiamiento, con limitaciones técnicas, presupuestarias y de acceso a información.UruguaySin evidencia de penetración electoral directa; alerta por narcotráficoSe mencionan alertas de Fiscalía ante amenazas e intentos potenciales de presión sobre operadores judiciales.ChileSin evidencia actual de penetración directaServicio Electoral (Servel), mediante Sistema de Rendición Online y análisis de ingresos y gastos electorales. Es uno de los sistemas más robustos del informe.Costa RicaSin evidencia directa actualTribunal Supremo de Elecciones (TSE). Revisa la solvencia económica de financistas y puede remitir los hallazgos al Ministerio Público. Fuente: Datos recopilados por diarios del GDA*
Cuando el crimen compiteEn muchos lugares las economías ilegales no solo presentan candidaturas financieras desde afuera, sino que colocan a sus operadores dentro del sistema político. Argentina ofrece casos reveladores. Según informes del diario La Naciónla Operación Sapucay expuso una red de narcotráfico en Corrientes con participación del intendente de Itatí y su vice. En Santa Fe, el senador Armando Traferri fue señalado por la fiscalía como articulador político de una estructura vinculada al juego clandestino y al financiamiento ilegal.
República Dominicana muestra una tendencia similar. Listín Diario documenta casi una veintena de casos de políticos vinculados al narcotráfico desde 2017, incluyendo diputados, alcaldes y regidores.
En Perú, la alarma gira en torno a la minería ilegal. El Comercio identificó 64 candidatos a senadores y diputados inscritos en el Reinfo, un registro cuestionado por servir como escudo para operadores ilegales. César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal, advierte que este mecanismo funciona como una forma de impunidad.
Las excepciones y el riesgo latente.Mientras tanto otros países aparecen como países con menor evidencia de penetración criminal directa en campañas. En Uruguay, el diario El País no registro vínculos comprobados entre narcotráfico y campañas, aunque la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió sobre amenazas a operadores judiciales y posibles intentos de presión sobre legisladores y periodistas.
Por su parte, Costa Rica -según La Nación– tampoco reporta vínculos directos entre candidaturas y economías ilegales, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones abrió investigaciones preliminares sobre varios financistas por dudas sobre el origen de sus recursos. Chile, de acuerdo con El Mercuriotampoco registra casos recientes de financiamiento electoral vinculado con economías ilícitas y mantiene controles institucionales más robustos.
Pero el desafío no termina en identificar las economías ilegales que buscan influir en la política. En casi todos los países analizados, seguir la ruta del dinero resulta cada vez más difícil. Brasil enfrenta el uso de testaferros y aportes fragmentados; Colombia identifica terceros, empresas fachada y donaciones en especie; en Perú muchos candidatos declaran autofinanciar sus campañas o simplemente no reportan aportes, mientras que en México el uso de efectivo y los gastos no declarados han permitido sortear sucesivas reformas. En El Salvador, incluso un magistrado electoral reconoce que las capacidades de fiscalización son insuficientes. La sofisticación de estos mecanismos demuestra que el desafío ya no consiste únicamente en impedir que el dinero ilícito entre a las campañas, sino en desarrollar instituciones capaces de detectarlo antes de que se transforme en poder político.
Las economías ilegales no campañas financieras por afinidad ideológica. Buscan impunidad, control territorial, acceso a contratos públicos y capacidad para bloquear investigaciones. No se trata de donaciones provenientes de fuentes ilegales. Se trata de una deuda a futuro que ya está empezando a cobrarse.