El proyecto de ley presentado por el diputado Néstor Rodríguez, de la bancada de Unidad, que planteaba esterilizar a mujeres en situación de calle y drogodependencia, bajo el argumento de prevenir la trata y tráfico de personas y controlar la natalidad en sectores vulnerables, ha generado rechazo por diferentes instituciones, quienes señalan que afectaría los derechos humanos de personas vulnerables.
La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento, advirtió que una iniciativa de esta naturaleza representa un grave retroceso para el Estado boliviano en materia de derechos humanos, al vulnerar derechos fundamentales vinculados con la autonomía, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos.
“No puede imponerse a las mujeres, de manera obligatoria, un procedimiento de esterilización como plantea este proyecto de ley. Existen experiencias históricas en nuestro país, particularmente en las décadas de 1960 y 1970, en las que se denunciaron prácticas de esterilización forzada contra determinados sectores de la población”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
En ese marco, informó que la Defensoría del Pueblo inició contacto con el legislador y promovió un espacio de diálogo para socializar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables a esta temática, con el propósito de contribuir a que el debate legislativo se desarrolle en observancia de los principios constitucionales y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, evitando iniciativas que impliquen un retroceso en la protección de los derechos humanos.
“Bajo ninguna circunstancia puede obligar a una mujer a someterse a un procedimiento de esterilización. La respuesta del Estado frente a la pobreza oa la situación de calle no puede ser limitar derechos, sino garantizar protección, inclusión y condiciones para una vida digna”, sostuvo.
REUNIÓN CON LA DEFENSORÍA
La Delegada Defensorial en Santa Cruz, Sheila Gómez se Reunión con el diputado nacional Néstor Rodríguez, oportunidad en la que expuso la posición institucional de la Defensoría del Pueblo respecto a que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre el embarazo constituye un derecho humano fundamental, que no puede ser restringido por razones de edad, condición económica, situación de calle o consumo de sustancias psicoactivas.
Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer políticas de rehabilitación, inclusión social y reinserción de las personas en situación de calle, considerando que la realidad de los pueblos indígenas originarios campesinos y la de las personas en situación de calle responden a contextos distintos que requieren abordajes específicos con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y pertinencia cultural.
PROPUESTA
Días atrás, Rodríguez anunció públicamente que presentaría el proyecto “Ley del Programa Nacional de Atención Integral, Rehabilitación, Inclusión Social e Inserción Laboral para Personas en Situación de Calle y Poblaciones Altamente Vulnerables frente al Consumo de Estupefacientes”, instando a que las personas en situación de calle y que se rehabiliten del consumo de drogas puedan ser reinsertados laboralmente. Asimismo, planteó que en caso de las mujeres, luego de muchos estudios y tratamientos médicos, psicológicos y sociales se realiza una esterilización para que los niños no vengan al mundo con fines de la principalmente trata y tráfico de personas.
“A las mujeres que están en situación de calle, especialmente a las niñas menores de edad, queremos llegar a un punto después de mucho tratamiento, seguimiento, con una historia clínica, psicológica y todo lo que corresponde, llegar a una esterilización de todas estas mujeres que son vulnerables en situación de calles y situación de drogas y es una ley que se tiene que aplicar a nivel nacional”, indicó.