El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó este viernes a las autoridades venezolanas una investigación independiente sobre las denuncias de presuntas torturas contra detenidos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda. La petición surgió tras una reunión sostenida con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, cuyo resultado fue cuestionado por la organización.
A través de su red social X, la ONG aseguró que el encuentro estuvo marcado por una postura de rechazo frente a los testimonios presentados por familiares y defensores de derechos humanos.
“Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan”, expresó.
En su pronunciamiento, el comité afirmó que las autoridades no ofrecieron garantías para proteger a las presuntas víctimas ni a los testigos. Por el contrario, sostuvo que durante la reunión se enviaron mensajes que buscaban desalentar nuevas denuncias, desacreditar la documentación realizada por organizaciones independientes y responsabilizar a quienes reclaman justicia.
🚨COMUNICADO | Reunión con autoridades penitenciarias del 13 de julio de 2026 profundiza la revictimización de las víctimas de El Rodeo I
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) expresa su profunda preocupación por el desarrollo y los resultados… pic.twitter.com/QjExqZDdVm
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) 17 de julio de 2026 ONG exige investigar abusos y destituir responsables tras crisis penitenciariaLa organización aseguró que la respuesta del Estado refleja una conducta reiterada frente a este tipo de casos.
“La prioridad de las autoridades no ha sido investigar, proteger a las víctimas ni garantizar la rendición de cuentas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad hacia los propios familiares y organizaciones de derechos humanos”, señaló.
Ante este panorama, el Clippve exigió la apertura de una investigación “independiente, imparcial y efectiva” con la participación de mecanismos internacionales competentes que permita esclarecer las denuncias ocurridas dentro del penal.
Además, solicitó la destitución del ministro para el Servicio Penitenciario y de “todos los funcionarios responsables de esta actuación por incumplir reiteradamente su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizar a sus familiares”
La ONG también pidió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja ingresen de forma inmediata a los centros penitenciarios para verificar de manera independiente las condiciones de reclusión.
Las denuncias se producen días después de que la organización informara que varios presos políticos recluidos en Rodeo I fueron presuntamente “golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno” para obligarlos a abandonar el patio del penal, donde permanecían desde los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Familiares de los detenidos señalaron a Efe que, tras los sismos, las condiciones dentro de la prisión empeoraron debido al deterioro de la alimentación y la falta de atención en algunas estructuras que resultaron afectadas por el desastre.
Hasta el momento, el ejecutivo venezolano no ha emitido un balance oficial sobre la situación de los privados de libertad ni sobre el estado de las cárceles después de los terremotos, que ya dejan más de 5.000 fallecidos.