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Wednesday, July 15, 2026
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    AJAM interviene una presunta explotación ilegal de sal rosada

    Una presunta explotación ilegal de sal rosada fue identificada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) durante un operativo realizado en el municipio de Entre Ríos, departamento de Tarija. La intervención permitió establecer que las actividades extractivas se desarrollaran sin autorización en un área minera revertida, donde además se verificó el uso de maquinaria pesada y personal dedicado a la extracción del recurso mineral.

    La intervención fue realizada por la Dirección Regional Tupiza-Tarija, en cumplimiento de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, tras denuncias sobre posibles actividades mineras irregulares en redes sociales. Durante la inspección, efectuada junto a las autoridades ambientales de la Gobernación de Tarija, la comisión verificó maquinaria pesada, volquetas, un frente de explotación a cielo abierto, alrededor de 15 personas realizando trabajos de extracción e instalaciones que evidencian una actividad organizada con fines de comercialización.

    Asimismo, la AJAM descubrió que parte de las labores se desarrolla en terrenos que carecen de cualquier título minero y que el área minera Martín Olguita se encuentra revertida, por lo que no existe autorización para realizar actividades de explotación. Además de la extracción ilegal del recurso mineral, la inspección identificó afectaciones al entorno natural, debido a la remoción del talud del cerro, situación que incrementa el riesgo de erosión, desprendimientos y alteraciones del paisaje.

    Durante la verificación, la comisión técnica y legal de la AJAM se enfrentó a un ambiente hostil, debido a las amenazas verbales proferidas por las personas que se encontraban realizando las actividades extractivas. No obstante, el operativo se desarrolló conforme a las atribuciones establecidas por la normativa vigente, garantizando la continuidad de la inspección.

    Con base en los hallazgos técnicos, la AJAM impulsará las acciones administrativas y legales que corresponden para lograr el cese de la actividad minera ilegal y la determinación de responsabilidades.