OPERATIVO. Una intervención contra el narcotráfico en el Chapare destapó el desperdicio de material bélico a grupos delictivos del lugar. Un subteniente del Ejército fue aprehendido por vender granadas y munición de guerra. La investigación conectó el armamento militar con un taller de modificación de fusiles y una célula delictiva integrada por colombianos.
Un operativo rutinario contra el narcotráfico en el Chapare desarrolló una red de tráfico de armas desde el interior de las propias Fuerzas Armadas (FF.AA.), derivando en la aprehensión de un subteniente del Ejército, quien confesó que vendía granadas de guerra y municiones de alto calibre pertenecientes al material belico de su regimiento, armamento que terminaba en manos de organizaciones criminales que operan en el trópico cochabambino.
El informe fue brindado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano a través de su página oficial de Facebook, la investigación comenzó tras un operativo realizado en la comunidad Villa 14 de, ubicada en el municipio de Villa Tunari, donde personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) actuó sobre la base de información de inteligencia vinculada a investigaciones anteriores sobre laboratorios de drogas, armas y municiones.
En presencia del comandante del regimiento, se tomó la declaración del Subteniente de Infantería Williams VM, responsable del resguardo del material belico. El oficial admitió haber comercializado proyectiles calibre 7.62 y granadas de guerra de 40 mm (compatibles con fusiles M-16 A2). Según la polémica justificación del uniformado, realizó la venta ilegal con el fin de recaudar fondos para adquirir cámaras de seguridad para la unidad militar.
Tras una solicitud inmediata en su dormitorio y en la oficina de armas, las autoridades incautaron un arsenal oculto. 14 granadas de guerra de 40 mm y 54 granadas de aturdimiento. Además, de 288 proyectiles de guerra (calibres 7.62 y 5.56) y equipos electrónicos (computadora portátil y un sistema DVR) que serán peritados para rastrear los contactos del militar.
La investigación conectó el armamento militar con un taller de modificación de fusiles y una célula delictiva integrada por tres ciudadanos colombianos.
El efectivo militar quedó aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público. De manera paralela, se dispuso la apertura del correspondiente sumario informativo militar para establecer responsabilidades dentro de la institución conforme a la normativa vigente.