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La gobernadora recurrió a la jurisdicción contencioso-administrativa para exigir el pago de una cartera que supera los 7 billones de dólares.
Con la acción judicial, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, busca darle una solución urgente a la crisis de la salud departamenta. Foto: Particular
PERIODISTA26.06.2026 15:48 Actualizado: 26.06.2026 15:48
Al borde del cierre de servicios médicos y una creciente crisis financiera que tiene agonizando y al borde del colapso la red de salud del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro interpuso una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el firme propósito de garantizar el derecho colectivo a la salud de los habitantes del departamento.
Según explica la mandataria, la medida judicial responde a la crisis humanitaria derivada del impago de recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional a las redes hospitalarias públicas y privadas.
El HUV presta la atención de sus servicios, pese a las dificultades financieras del sector. Foto:Gobernación del Valle del Cauca
Detalle que esta situación financiera ha provocado hasta la fecha el cierre de 2.000 servicios médicos, la pérdida de 2.400 puestos de trabajo y un colapso generalizado por sobreocupación en la hospital atenciónaria y en el suministro de medicamentos en la región.
“Durante meses hemos insistido, hemos hecho seguimiento y hemos buscado soluciones, pero la realidad que viven miles de familias nos obliga a actuar. Esta no es una pelea política. Es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes. y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesitan: a la atención de la gente”, manifestó la mandataria ante esta acción constitucional.
Impacto financiero en la red hospitalariaLa falta de oportunidad en el flujo de capital y la insuficiencia en los giros mensuales de las EPS bajo intervención estatal mantienen en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos.
De acuerdo con el informe oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la cartera adeudada por estas entidades a las instituciones de salud y públicas privadas del departamento supera los 7 billones de pesos.
Con la acción, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, busca hacerle frente a la crisis del sector. Foto:Particular
Ante este panorama financiero, la red pública del departamento advirtió sobre la posibilidad inminente de suspender la atención programada para los usuarios afiliados a aseguradoras intervenidas como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.
Para la gobernadora Toro Torres, la crisis se manifiesta formalmente en barreras de acceso para los pacientes, retrasos en la asignación de citas con especialistas y desabastecimiento en los puntos de entrega de fármacos esenciales.
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Lo que se busca con la medidaLa directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, Diana Lorena Vanegas, detalló que la Acción Popular se radicó tras agotar los requerimientos en la vía administrativa ordinaria ante el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional sin obtener respuestas efectivas.
El mecanismo constitucional busca activar de forma prioritaria medidas cautelares urgentes para mitigar la vulneración de los derechos colectivos conectados con la vida.
A través de este recurso judicial, la administración departamental solicita de manera formal la emisión de medidas cautelares para asegurar la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios, el diseño de un cronograma obligatorio para el pago de las deudas vigentes con los hospitales y clínicasy el establecimiento de un esquema de seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de los compromisos financieros.
La mandataria le había exigido al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo intervenir, Foto:Particular
Acciones de contingenciaMientras se surten los trámites de la Acción Popular en los despachos judiciales, la Gobernación del Valle del Cauca ejecuta un plan de contingencia institucional para sostener la operatividad de los centros médicos.
Entre las medidas desplegadas se incluye la transferencia directa de recursos económicos departamentales destinadas exclusivamente al pago de nóminas atrasadas del personal de salud en los hospitales públicos.
Asimismo, la administración regional mantiene el desarrollo de jornadas descentralizadas de salud en diversos municipios del departamento, ofreciendo consultas gratuitas con médicos especialistas para aliviar la carga de las salas de urgencias metropolitanas que se encuentran desbordadas por la contingencia.
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