El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, advirtió este lunes que los convenios de traslado de migrantes promovidos por Estados Unidos deben garantizar de forma estricta el derecho al asilo y el principio de no devolución. La declaración surge como respuesta directa a la reanudación de los vuelos de deportación ejecutados por la administración de Donald Trump hacia el continente africano, política que ha encendido las alarmas de los organismos internacionales.
El principio de no devolución en el juegoDurante una rueda de prensa virtual, Salih enfatizó la ilegalidad de expulsar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, recordando que los marcos internacionales prohíben taxativamente estas prácticas si la vida del migrante corre peligro.
“Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución. Esto significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños”, aseveró el jefe de Acnur.
El alto comisionado subrayó que los traslados “solo pueden ser legales si cuentan con garantías sólidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades”. Salih reveló que el gobierno estadounidense no consultó a Acnur para la elaboración de estos pactos bilaterales; no obstante, manifestó la disposición de la agencia para colaborar con los Estados y asegurar que los procedimientos se ajusten al derecho internacional.
El amparo judicial a la “mano dura” de TrumpLa intensificación de estas medidas migratorias responde al respaldo legal que recibió la Casa Blanca a mediados de 2025. En junio de ese año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al Ejecutivo la ejecución de estas expulsiones, consolidando así la política de frontera cerrada que Trump impulsó desde su retorno al poder en enero de 2025.
Bajo esta estrategia de expulsiones exprés, Washington ha suscrito convenios con naciones como la República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona.
Organizaciones civiles denuncian violaciones de DD HHLa respuesta de los defensores de los derechos humanos ha sido unánime. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron que las personas deportadas carecen de asistencia jurídica básica y que, en múltiples ocasiones, terminan recluidas en prisiones de máxima seguridad sin que existan cargos formales en su contra.
Ante este panorama, las ONG instalaron a los gobiernos africanos a rechazar los tratados de expulsión firmados con Washington. Según los activistas, los mecanismos actuales exponen a cientos de ciudadanos a detenciones arbitrarias, malos tratos ya una devolución forzada hacia países donde impera el riesgo latente de persecución o tortura.
Con información de EFE