La investigación judicial en torno a la secadora Plus Ultra, que mantiene bajo la lupa al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, sumó este jueves un nuevo movimiento procesal con la decisión del magistrado instructor de extender las diligencias a su núcleo familiar y personal más cercano.
Tras la declaración prestada por el exmandatario un día antes en la Audiencia Nacional, el juez acordó que las hijas del exjefe del ejecutivo, Alba y Laura Rodríguez, así como su secretaria, Gertrudis Alcázar, sean incorporadas a la causa en condición de investigadas, con el fin de garantizar su derecho a personarse y ejercer defensa.
En su resolución, el instructor vincula la decisión sobre las hijas de Zapatero a la actividad de la sociedad What the fav, administrada por ambas. Según el auto, el supuesto “papel instrumental” atribuido a la empresa en la canalización de fondos analizados en la causa las ubica “en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación”.
Hallazgo de joyas intensifica la investigación contra el entorno de ZapateroEn paralelo, el juez reforzó las sospechas sobre la secretaría del expresidente al recordar los indicios ya recogidos en resoluciones anteriores, donde se le atribuye “un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”.
La decisión judicial se produce en un contexto en el que el caso continúa expandiéndose tras la comparecencia de Zapatero, quien negó cualquier implicación en presuntas gestiones para favorecer a la micrométrica beneficiada con un rescate público de 53 millones de euros aprobado en 2021 durante la crisis sanitaria.
El exmandatario, citado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, rechazó haber intervenido en el proceso de adjudicación de fondos a la compañía.
De forma paralela, la investigación también ha abierto nuevas líneas de análisis sobre posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al entorno del expresidente, incluyendo el hallazgo de cerca de 80 piezas de joyería localizadas en una caja fuerte de su despacho, con un valor estimado de 1,3 millones de euros, un elemento que ha intensificado el debate político y mediático en España.
Con información de Efe.