La reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos en el estado Bolívar, que concluyó el pasado 9 de junio con la muerte del líder de la megabanda criminal “Tren de Aragua”, respondió a los parámetros tácticos de una «disposición militar controlada de toma territorial», según se desprende de un documento de análisis doctrinario escrito por Raúl Baduel. El despliegue, ejecutado por Washington con el apoyo logístico y operativo del gobierno de Delcy Rodríguez, se enmarca en la relación de tutelaje que la potencia norteamericana mantiene sobre el país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el análisis técnico publicado en la red social Instagram, este tipo de intervención «constituye una maniobra de alta intensidad mediante la cual una fuerza exterior ejerce el control directo para ocupar, asegurar y administrar temporalmente un área geográfica crítica». El objetivo primordial de la incursión en la zona minera del estado Bolívar fue mermar de forma definitiva las amenazas mixtas que desafiaban la estabilidad de la administración tutelada y que Donald Trump vinculó directamente con su promesa electoral de combatir el crimen transnacional.
El texto de Baduel detalla que la intervención conjunta cumplió estrictamente con una secuencia de cuatro fases tácticas, iniciando con un despliegue de reconocimiento o reconocimiento estratégico comandado por unidades de inteligencia norteamericanas para evaluar la capacidad de fuego de las células criminales. Posteriormente, comandos de fuerzas especiales de Estados Unidos, respaldados por soldados locales leales al gobierno de Rodríguez, procedieron al aseguramiento perimetral directo mediante un asalto que concluyó con la baja del principal cabecilla de la organización delictiva. Baduel considera que este paso resultó neurálgico para fracturar de raíz la estructura del mando de la banda.
Tras consolidar el éxito del combate, las fuerzas político-militares involucradas asumieron funciones administrativas de hecho y de orden público en las localidades intervenidas, estableciendo cordones de seguridad y restricciones estrictas a la movilidad ciudadana. El documento subraya que estas medidas de estabilización y pacificación interna guardan correspondencia analógica con los estándares del derecho internacional, específicamente con los principios del artículo 42 de la Convención de La Haya, el cual delimita las obligaciones y responsabilidades de una fuerza que asume la autoridad efectiva y el control de un territorio determinado.
Finalmente, el esquema de toma controlada implantado en Bolívar contemplaría la aplicación transitoria de la jurisdicción militar estadounidense y de normativas de excepción coordinadas con el Ejecutivo de Rodríguez. Esta disposición, según Baduel, faculta provisionalmente a las tropas desplegadas para procesar las amenazas remanentes y gestionar la seguridad interna de la entidad. Se trata de una medida de fuerza excepcional que se mantendría vigente hasta que las autoridades civiles locales bajo el nuevo ordenamiento reasuman sus funciones institucionales plenas sin interferencias criminales.