Un tribunal de la República Dominicana dictó este lunes auto de apertura a juicio en contra de Antonio Espaillat, propietario de la emblemática discoteca Jet Set, y de su hermana Maribel Espaillat, administradora del establecimiento, tras determinarse la existencia de indicios suficientes para procesarlos por el colapso estructural del local ocurrido el año pasado, catástrofe que dejó un saldo de 236 víctimas mortales, incluido al reconocido exponente del merengue Rubby Pérez.
El trágico suceso se registró la noche del 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, cuando el techo del club nocturno se derrumbó por completo en medio de una presentación musical del mencionado artista.
Tras el colapso, ambos directivos fueron arrestados bajo cargos de homicidio involuntario; no obstante, consiguieron posterior libertad condicional mediante el pago de una fianza económica conjunta que ascendió a los 842.500 dólares.
Crítico al juezBajo la legislación penal vigente en la nación caribeña, la tipificación de homicidio involuntario estipula una escalada de sanciones que va desde los tres meses hasta los dos años de prisión.
Durante la lectura de la resolución judicial, la cual contó con cobertura mediática y transmisión en directo, el magistrado a cargo de la causa, Raymundo Mejía, desestimó formalmente el requerimiento del colectivo ciudadano “Movimiento Justicia Jet Set” —organización que agrupa a los familiares de los fallecidos—, la cual solicitaba una recalificación jurídica del expediente para que los imputados fueron juzgados bajo la figura de “homicidio voluntario con dolo eventual”.
El juez argumentó que el marco legal impide equiparar una conducta de presunta negligencia o inobservancia técnica con un acto deliberado de violencia intencional.
“No hay dolo eventual en un derrumbe donde incluso una de las imputadas estuvo ahí adentro y le cayó el techo, y no se puede equiparar a una conducta donde un ciudadano realiza disparos a una multitud”, precisó Mejía en su exposición de motivos, añadiendo de forma categórica que “la justicia no es para venganza” y que el deber del tribunal es el apego estricto a las normativas vigentes.
La decisión del magistrado de mantener la calificación del delito menor generó airadas protestas y muestras de descontento entre los familiares de las víctimas apostadas en la sala de audiencias.
Ciudadanos como Rafael Navarro, quien perdió a su hija de 33 años en el siniestro, y Alcide Acosta, afectado por el fallecimiento de su hermano y su cuñada, manifestaron públicamente su rechazo a la resolución y acusaron al tribunal de mantener una postura parcializada en beneficio de los empresarios de la vida nocturna, asegurando que agotarán otros recursos legales para continuar con sus demandas de justicia.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, fijó la posición de la Fiscalía General tras conocerse el dictamen de apertura, adelantando que el cuerpo de fiscales acudirá a la siguiente fase procesal con el objetivo de requerir la imposición del castigo máximo de privación de libertad que autorice el ordenamiento jurídico para este tipo de delitos culposos.
Las autoridades judiciales indicaron que la fecha exacta para el inicio formal de las audiencias de juicio oral y público será notificada a las partes en las próximas semanas.
Con información de AFP.