El Instituto Casla exigió este viernes desde Madrid la preservación estricta de todos los centros de reclusión, sedes de los organismos de inteligencia y espacios clandestinos utilizados para la ejecución de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas en Venezuela.
#Venezuela: COMUNICADO:
LA PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN UTILIZADOS PARA LA TORTURA EN VENEZUELA: UN DEBER DE MEMORIA, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN
El Instituto CASLA considera fundamental que los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y espacios de… pic.twitter.com/1akaoEVYWd
– Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 12 de junio de 2026 La organización alertó en un comunicado sobre la necesidad de evitar que esas instalaciones sean destruidas, modificadas o reconvertidas por las autoridades del Estado, y exigió que se mantengan intactas como espacios de memoria histórica y escenarios de investigación penal.
Para fundamentar su requerimiento, la organización defensora de los derechos humanos recurrió a precedentes y jurisprudencia del derecho internacional, recordando que antiguos recintos de represión y exterminio como los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, Villa Grimaldi en Chile, Robben Island en Suráfrica y el centro de detención Tuol Sleng en Camboya fueron conservados de manera formal como sitios de memoria.
Esos lugares han permitido documentar de forma científica las violaciones sistemáticas de derechos humanos, facilitar la rendición de cuentas ante tribunales globales y educar a las sociedades contemporáneas. “Venezuela no debe ser una excepción”, subraya el documento.
El Instituto Casla expuso cuatro pilares conceptuales e institucionales que justifican la protección obligatoria de esas infraestructuras:
Prueba material y forense: Las estructuras y celdas constituyen pruebas físicas esenciales para la reconstrucción de los hechos, el peritaje técnico y la determinación de responsabilidades penales individuales por parte de los órganos de justicia nacionales e internacionales. Reparación moral: La conservación de las sedes opera como un acto de reconocimiento público, dignificación y reparación simbólica hacia los sobrevivientes, las víctimas y sus núcleos familiares. Educación ciudadana: Los espacios sirven como testimonios tangibles para instruir a las futuras generaciones sobre el alcance de los abusos institucionales derivados del autoritarismo. Garantía de no repetición: La permanencia de los sitios contrarresta las políticas de olvido y las narrativas de negación de los crímenes, cerrando el paso a la impunidad.La ONG formuló una petición formal dirigida a la comunidad internacional, los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos, ya las futuras autoridades para que asuman la conducción democrática del país.
Demanda la adopción de medidas cautelares y legislativas de emergencia para identificar, catalogar, resguardar y documentar de manera exhaustiva cada uno de estos recintos en el territorio venezolano.
“Los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla. Los pueblos que preservan la memoria fortalecen su democracia y honran a las víctimas”, concluye.