El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Interior, ejecutó la deportación inmediata de un ciudadano de nacionalidad venezolana señalado como presunto integrante de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.
El procedimiento de expulsión se concretó en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia de Carchi y zona fronteriza clave con el territorio de Colombia.
La operación especial fue coordinada por la Subsecretaría de Migración en conjunto con unidades operativas de la Policía Nacional de Ecuador, como parte de la intensificación de las inspecciones y el resguardo en el corredor vial de la frontera norte.
El ciudadano foráneo, identificado formalmente por las autoridades bajo las iniciales V. Contreras, fue sometido al protocolo de deportación expedita y recibió una sanción administrativa que le prohíbe de manera estricta el reingreso al territorio ecuatoriano por un período continuo de diez años.
Los informes emitidos por el área de Migración asocian a Contreras con la presunta autoría de delitos relacionados con la captación ilícita, el traslado irregular mediante redes clandestinas y la estafa sistemática en perjuicio de colectivos de migrantes en tránsito.
De manera complementaria, la autoridad migratoria dictó sanciones económicas contra dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron multados con el equivalente a tres salarios básicos unificados cada uno —lo que representa un total de 1.446 dólares por persona— tras comprobarse su complicidad en actividades logísticas destinadas a facilitar la evasión de los puestos de control y fiscalización fronteriza oficial.
El Tren de Aragua forma parte del listado de agrupaciones de delincuencia organizadas que han sido catalogadas de forma oficial bajo la categoría de organizaciones “terroristas” por la administración del presidente Daniel Noboa.
Esta denominación jurídica e institucional se mantiene en vigencia en el marco de la declaración de “conflicto armado interno”, decretada por el Ejecutivo en el año 2024 con el propósito de dotar de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para combatir las estructuras criminales mafiosas.
La megabanda, cuyos orígenes estructurales se remontan al estado de Aragua en Venezuela, se consolidó en la última década como la organización delictiva con mayor capacidad de despliegue en ese país, diversificando sus actividades ilícitas a través de la ejecución de homicidios por encargo, extorsiones a comercios, secuestros extorsivos, contrabando y trata de personas con fines de explotación sexual.
A partir del año 2018, la agrupación criminal inició un proceso de expansión territorial transnacional a lo largo del continente americano, estableciendo redes operativas en naciones de la región andina y del cono sur.
Con información de EFE.