Policías antimotines y grupos de manifestantes chocaron este miércoles en la sede de gobierno de Bolivia, en el marco de las movilizaciones que exigen la dimisión del presidente de centroderecha, Rodrigo Paz.
Ante la persistencia de las protestas, que entraron en su quinta semana, el Ejecutivo analiza la posibilidad de decretar un estado de excepción para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles.
Los sectores movilizados —integrados principalmente por obreros, campesinos, mineros, transportistas y educadores— levantaron barricadas con contenedores de basura e incendiaron desperdicios en las inmediaciones de la plaza de armas de La Paz, zona donde se ubica el Palacio de gobierno.
Los efectivos policiales recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar las concentraciones, mientras que los manifestantes respondieron lanzando piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder.
Durante los incidentes, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a cinco civiles.
La marcha que originó los disturbios había partido por la mañana desde la vecina ciudad de El Alto, recorriendo un trayecto de 15 kilómetros hasta el centro de La Paz.
Los manifestantes rechazan las reformas propuestas por la administración de Paz, quien se propuso hace siete meses poniendo fin a dos décadas de gestiones socialistas encabezadas por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Asimismo, reclaman la falta de soluciones ante la crisis económica, considerada la más severa que enfrenta el país en las últimas cuatro décadas.
Marco legal y desabastecimiento urbanoEl mandatario boliviano calificó el pasado lunes a los promotores de las protestas como “narcoterroristas” y promulgó una ley que reglamenta la aplicación del estado de excepción.
De ponerse en marcha, la medida restringirá las libertades de reunión y de tránsito, permitiendo que el Ejército colabore con la policía en el despeje de las decenas de bloqueos viales que mantienen incomunicadas a las capitales del país.
El bloqueo de rutas ha comenzado a generar consecuencias en el suministro de productos básicos en el eje urbano de La Paz y El Alto, donde se reporta escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos.
En los mercados, los precios de los productos cárnicos y vegetales se han duplicado, mientras que los usuarios pernoctan en sus automóviles en las estaciones de servicio y los centros de salud alertan sobre la falta de oxígeno para intervenciones quirúrgicas.
“Estamos con las manos abiertas, en diálogo (…). Pero también tenemos el amparo de la Constitución, ahora reforzada y reglamentada con la ley de (estados de) excepción”, declaró Rodrigo Paz.
Según estimaciones gubernamentales, el impacto financiero provocado por las interrupciones en las carreteras supera los 1.200 millones de dólares.
Pese a los reiterados llamados al diálogo emitidos por el palacio gubernamental, las principales centrales sindicales han rechazado sentarse a negociar.
Por su parte, el Ejecutivo acusa un presunto intento de desestabilización democrática y señala como responsable al expresidente Evo Morales, quien actualmente se encuentra en la región cocalera del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de comuneros, evadiendo una orden de aprehensión por un caso de presunta trata de personas.
Morales desestimó los señalamientos del gobierno y, en un discurso ante sus bases, desafió al mandatario a debatir directamente sobre las demandas sociales en conflicto.
Con información de AFP.