Con el propósito de prevenir una nueva crisis ambiental y fortalecer la protección de los derechos humanos frente a los incendios forestales y las quemas no controladas, la Defensoría del Pueblo realizó una reunión virtual de coordinación interinstitucional para socializar los alcances y promover la implementación de la Resolución Constitucional N° 233/2024. Dicha normativa busca frenar la devastación ocasionada por los incendios forestales.
La actividad reunirá a representantes de instituciones del nivel central del Estado, gobiernos departamentales y municipales, con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos niveles de Gobierno y avanzar hacia una gestión integral, coordinada y preventiva frente a los riesgos ambientales que afectan al país.
Durante la reunión, la Jefa de la Unidad de Debida Diligencia de la Defensoría del Pueblo, Claudia Flores presentó un informe de seguimiento al cumplimiento de la resolución constitucional, evidenciando un avance aún insuficiente, con un cumplimiento ponderado del 6%. Entre las principales brechas identificadas se encuentran la atención tardía a denuncias, la información limitada sobre los impactos en la biodiversidad y la necesidad de consolidar políticas de restauración ambiental con una visión de largo plazo.
“Esta socialización busca fortalecer la articulación de los tres niveles de gobierno para evitar la repetición de la grave emergencia ambiental registrada en 2024”, señaló Flores, recordando que la resolución constitucional establece la obligación de presentar informes trimestrales de cumplimiento y desarrollar políticas públicas bajo los principios de prevención y protección integral a la naturaleza.
Por su parte, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentaron el Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 114/2026, el cual contempla mecanismos de monitoreo y respuesta temprana, entre ellos reportes diarios de focos de calor, boletines de alerta y una matriz de acciones coordinadas con la participación de 36 instituciones públicas y privadas.
Asimismo, se informó que, ante la probabilidad de condiciones climáticas adversas y el incremento del riesgo de incendios durante los próximos meses, se viene fortaleciendo el trabajo de la Coordinadora del Manejo Integral del Fuego, instancia encargada de articular las acciones de prevención, control y respuesta. También se dio a conocer la habilitación de canales de reporte ciudadano a través de las líneas telefónicas 64210076 y 67700422 para la atención oportuna de emergencias.
En la parte final del encuentro, la Delegada Defensorial Adjunta para el Análisis y Defensa de los Derechos Humanos y la Madre Tierra, Elizabeth Morató De Béjar, destacó que la Resolución Constitucional N° 233/2024, emitida como resultado de la Acción Popular presentada en 2024, constituye una herramienta fundamental para garantizar la protección efectiva de los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la vida ya la integridad de las poblaciones más vulnerables, particularmente los pueblos indígenas. niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y comunidades afectadas por los incendios forestales.