El instructor del denominado “caso Plus Ultra” ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos cooperación judicial internacional para poder incorporar como prueba el contenido extraído del teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la aerolínea investigada. La petición, adelantada por El Confidencial y confirmada por el diario. LA RAZÓNbusca validar el uso procesal de material intervenido por agencias estadounidenses.
La información en cuestión procede de una extracción realizada por la agencia Homeland Security Investigations (HSI), cuyo contenido el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera “de relevancia” para el desarrollo de la investigación.
El material fue remitido al juzgado el pasado 18 de marzo y forma parte de una línea de investigación internacional abierta en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas “políticamente expuestas”, presuntamente implicadas en operaciones de blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos estructuras financieras complejas, sociedades instrumentales y vehículos fiduciarios.
Investigador red transnacional de blanqueoEn sus últimas resoluciones, el magistrado describe este entramado como una red con alcance transnacional que habría canalizado movimientos de dinero público, pagos de sobornos, fraudes y adquisiciones inmobiliarias en Múltiples países, aprovechando un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de los fondos.
Dentro de ese contexto, la investigación —desarrollada en coordinación con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal— situó en el foco a Rodolfo Reyes Rojas, exconsejero de Plus Ultra, a quien se atribuyen posibles operaciones de blanqueo y evasión de sanciones a través de distintas sociedades, entre ellas la aerolínea y entidades como Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank.
Según consta en la causa, en 2021 el HSI logró acceder al contenido del dispositivo móvil del investigado, del que se habrían obtenido comunicaciones con instrucciones para mover fondos presuntamente ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar el pago de operaciones que estarían bajo sospecha.