LEGISLADORA. La presidenta de la ADL, María René Álvarez, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía por los hechos violentos registrados en San Julián el fin de semana, donde varios efectivos policiales resultaron heridos por impactos de bala.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, formalizó ante la Fiscalía Departamental una denuncia penal contra grupos armados identificados tras los hechos violentos registrados el pasado 6 de junio en el municipio de San Julián, donde varios efectivos policiales resultaron heridos.
La denuncia contempla los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros ilícitos que podrían surgir en el curso de las investigaciones, a raíz de los hechos que dejaron varios efectivos policiales heridos por impactos de bala durante un operativo de desbloqueo.
“Esta denuncia busca que se investigue y sancione a estos grupos irregulares. No podemos tolerar la presencia de personas armadas que amenazan la seguridad de la población y generan hechos de violencia”, manifestó Álvarez.
Asimismo, el memorial solicita investigar la posible existencia de organización, coordinación previa, distribución de roles y estructuras de mando que habrían permitido la presencia de personas armadas en puntos de bloqueo, dentro de un conflicto que se aproxima a los 40 días.
La autoridad señaló que los recientes hechos registrados en San Julián evidencian un nivel de organización que debe ser investigado por las instancias competentes, no descartando posibles vínculos con otros hechos delictivos relacionados a la toma de tierras y estructuras criminales que operan en el departamento.
Cívicos piden aplicación de ley En tanto, el presidente cívico Setello Cochamanidis exigió al Ejecutivo nacional asumir acciones concretas para poner fin a los 40 días de bloqueos (cumplidos hoy), que vive el país, tras la promulgación de la Ley 1740 por parte de la Asamblea Legislativa que brinda al Gobierno las herramientas legales necesarias para intervenir en las zonas de conflicto.
“Es responsabilidad del presidente y de su gabinete la vida de más de once millones de ciudadanos. Ellos asumieron las riendas del país y hoy tienen la obligación de actuar conforme a la ley”, enfatizó.