El gobierno de Donald Trump abrió este lunes este un nuevo frente en su política migratoria al iniciar acciones judiciales para retirar la ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados que habrían obtenido ese estatus mediante fraude durante sus procesos de naturalización.
La medida se materializó con la presentación de demandas ante tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados, a quienes el Departamento de Justicia acusa de “delitos graves” que abarcan desde abuso sexual infantil hasta fraude bancario y narcotráfico, informó Efe.
“Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.
Operativo legal contra fraude migratorio involucra a ciudadanos de múltiples nacionesLas autoridades señalaron que los expedientes involucran a personas provenientes de países como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica, lo que evidencia la amplitud del operativo legal impulsado por el Departamento de Justicia.
Desde el área de seguridad interior, el mensaje fue respaldado con un discurso más firme respecto a la política migratoria. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el ejecutivo continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para avanzar en estos casos y reforzar el control migratorio.
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantadas por la cadena CBS.
El funcionario sostuvo que el gobierno no adoptará una posición pasiva frente a quienes consideran responsables de abusos dentro del sistema migratorio.
Mullin añadió que su Departamento no permanecerá “de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales”, que, según afirmó, “han explotado la generosidad de EE UU y se han aprovechado de su sistema migratorio”.
Si prosperan las acciones judiciales, los afectados perderían su estatus de ciudadanía y regresarían a su condición migratoria previa, lo que implicaría también la pérdida de derechos adquiridos, incluida la protección frente a procesos de deportación.