COMISIÓN. A principios de mayo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, aseguró que la nueva gasolina importada que está llegando al país no dañará a los motorizados, luego de las constantes quejas.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, junto a otros dos legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo este lunes una reunión con autoridades de la Fiscalía Departamental de La Paz para conocer los avances de la investigación sobre el caso de la gasolina “desestabilizada”, que generó cuestionamientos por parte de sectores del transporte y de la oposición.
“Está avanzando la investigación. Estamos contentos con los detalles que nos ha dado el fiscal. Tenemos un compromiso y este caso no debe quedar impune. Pido disculpas a la población por el daño que se ha hecho”, manifestó la autoridad tras concluir el encuentro con representantes del Ministerio Público.
Por su parte, la diputada del PDC, Ximena Arispe, señaló que durante la reunión solicitaron a la Fiscalía acelerar las pesquisas para esclarecer las denuncias vinculadas a la calidad del combustible comercializado en el país.
“Nos hemos hecho presente para exigir celeridad en la investigación referente a la gasolina basura. Hemos hablado con la autoridad justamente para pedir celeridad”, afirmó la legisladora.
Asimismo, Arispe indicó que, como parte de las tareas de fiscalización que realiza la Asamblea Legislativa, volverán a convocar a las autoridades del Ejecutivo para que brinden explicaciones sobre este caso mediante una petición de informe oral.
“Nos quedan dos semanas para la etapa final. Nuevamente vamos a conminar al ministro para que esté presente en la petición de informe oral”, sostuvo.
En el marco de las investigaciones, a principios de mayo, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que la nueva gasolina importada que ingresa al país no provocará daños a los motorizados, luego de las constantes observaciones realizadas por transportistas respecto a la calidad del combustible.
La investigación por el caso de la gasolina desestabilizada se inició a principios de marzo de 2026, después de que el Ministerio Público admitiera las denuncias presentadas por diferentes sectores. Desde entonces, la Fiscalía recopila información técnica y documental para determinar posibles responsabilidades.
El caso cobró relevancia nacional luego de que conductores y organizaciones del transporte denunciaron fallas mecánicas en algunos vehículos presuntamente asociados al uso del combustible. Estas observaciones derivaron en pedidos de auditorías, controles de calidad y una mayor fiscalización a los procesos de importación y comercialización de carburantes. En paralelo, en febrero de este año, la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial integrada por 11 parlamentarios de distintas fuerzas políticas para investigar tanto las denuncias sobre la gasolina desestabilizada como las compras de combustible realizadas por YPFB con presunto sobreprecio. Los resultados de estas investigaciones son esperados por diversos sectores, que exigen transparencia y sanciones en caso de comprobarse irregularidades.
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