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Friday, June 5, 2026
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    Venezuela inicia un proceso de consulta pública para reformar de manera estructural el sistema de justicia penal

    El gobierno de Venezuela dio inicio este lunes a un proceso de consulta nacional orientado a reformar el sistema de justicia penal del país.

    La iniciativa contempla el debate de nueve “grandes ejes temáticos”, entre los que figuran de forma prioritaria el combate al retardo procesal, las garantías de acceso a la justicia, la ética institucional y la independencia del Poder Judicial, según informó el fiscal general de la República, Larry Devoe.

    “En esta ocasión hemos previsto un despliegue nacional que comienza el día de hoy, el equipo de esta comisión presidencial va a estar desplegado en todos los estados, reuniéndose con todos los sectores interesados”, anunció Devoe durante un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    #EnVideo📹| El Fiscal General Larry Devoe señaló que la Comisión que integra el despliegue de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, reunirá a los sectores interesados, comunidades organizadas y movimientos de derechos humanos.

    Acotó que la sociedad tendrá… pic.twitter.com/HItrycY88L

    — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 1 de junio de 2026 El funcionario precisó que la metodología incluyó un mecanismo de consulta general abierto a la participación de sectores civiles directamente vinculados al quehacer judicial, tales como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, colectivos de mujeres, organizaciones campesinas e indígenas, jóvenes y trabajadores.

    Asimismo, Devoe puntualizó que se desarrollará una fase de consulta específica dirigida a los propios operadores del sistema penal bajo un enfoque de profunda revisión interna.

    “Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar”, aseveró.

    Para complementar el alcance de la convocatoria, las autoridades habilitarán plataformas de consulta digital que faciliten la participación no presencial de la ciudadanía, al tiempo que se integrarán a las academias y universidades nacionales para la elaboración de estudios técnicos especializados orientados a recabar datos y formular correctivos aplicables a las políticas públicas del sector.

    La agenda de discusión nacional estará estructurada en torno a nueve temas fundamentales:

    La política criminal en la Venezuela del siglo XXI.El acceso a la justicia.La ética, autonomía e independencia de los administradores de justicia.Las garantías del debido proceso y la celeridad procesal.La eficiencia y calidad en la organización.Funcionamiento del sistema de justicia penalEl desarrollo y formación del talento humano del sector.La optimización de la infraestructura, equipamiento y dotación.El uso de herramientas tecnológicas para agilizar el acceso a la justicia.Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó en el acto de lanzamiento y calificó la reforma como un paso determinante para consolidar la estabilidad y la paz en el país.

    #EnVideo📹| “Debemos tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta República”, puntualizó la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

    Aclaró que… pic.twitter.com/8CpvW1Wlg4

    — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 1 de junio de 2026 “El pueblo venezolano tiene muchas ideas y por eso este método de consulta nacional va a permitir escuchar, pero yo sé que ya hay diagnósticos”, apuntó la alta funcionaria.

    El inicio de este despliegue se produce semanas después de que, el pasado 22 de mayo, Rodríguez adelantara que un análisis técnico preliminar datos tres desafíos críticos e inmediatos en los tribunales y centros de reclusión del país: el marcado retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.

    Este último diagnóstico se sustentó tras revelarse que el 68% de la población penitenciaria en el territorio nacional pertenece a los estratos económicos y sociales menos favorecidos de la población.

    Con información de EFE.