La nueva medida de Donald Trump en Estados Unidos, que obliga a los solicitantes de la tarjeta verde a regresar a sus países mientras esperan una resolución migratoria, supone un nuevo golpe a la migración legal. Los especialistas advierten que esta política podría afectar a más de medio millón de personas al año.
La norma, que comenzó a aplicarse la semana pasada, impedirá a los extranjeros que ya se encuentran en el país realizar su ajuste de estatus migratorio dentro de territorio estadounidense. En consecuencia, deberá volver a sus naciones de origen para solicitar la tarjeta de residencia permanente en los consulados.
La medida rompe con una práctica aprobada por el Congreso desde 1952. “Va a tener un impacto muy negativo en las vidas de verdaderamente millones de personas”, expresó Daniel Costadirector de investigación sobre leyes y política de inmigración del Instituto de Política Económica (PAI).
Y agregó: “Va a complicar las vidas de mucha gente. porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar remoto en otro país, van a perder su trabajo, probablemente. Después de perder dinero, pueden estar separados de las familias por lo menos meses y, en muchos casos, tal vez la mayoría, por años”.
Un golpe a gran escalaAunque no hay una cifra precisa de afectados por la medida, el investigador de EPI señaló que más de la mitad del millón de personas que cada año obtiene una tarjeta verde lo hace mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
El 58% de los más de 1,35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal en Estados Unidos en el año fiscal 2024que alcanzó las 782.770 personas, lo hicieron así, según las últimas cifras oficiales disponibles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mayor impacto será para migrantes con familia en Estados Unidos, alertó la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés). Señalaron que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos dentro de EE UU.
La política también afectará a inmigrantes con empleos en Estados Unidos, trabajadores religiosos, beneficiarios de estatus de protección temporal (TPS) o parole (permiso humanitario) y personas que han vivido mucho tiempo en el país.explicó Benjamín Johnsondirector ejecutivo de AILA, en una charla virtual con periodistas.
El memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) es “muy vago”: no aclara todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones, por lo que no es posible saber esto con exactitud, acotó Shev Dalal-Dheinidirectora de relaciones gubernamentales de AILA.
Pese a que el gobierno ha dicho que esto solo requiere que los migrantes vuelvan a casa y soliciten la visa, Johnson tacha esto de desinformación peligrosa.
“Esto no se trata de comprar un boleto de avión y esperar un poco más. Para mucha gente el proceso no es realista o seguro y, para otros, puede significar meses o años de separación de esposos que son ciudadanos de EE UU, hijos, compañeros y comunidades”, se expresó.