El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de Francisco Orellano, un privado de libertad que permanecía bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del estado Táchira, y que falleció tras presentar complicaciones de salud sin recibir atención médica oportuna.
A través de un comunicado la organización advirtió que el caso se inscribe en una tendencia alarmante dentro del sistema penitenciario venezolano, donde —según sus registros— 18 personas privadas de libertad han muerto entre abril y lo que va de mayo de 2026 en distintos centros de reclusión del país.
El OVP señaló que la crisis carcelaria continúa marcada por condiciones críticas de salud, con internos afectados por enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones y desnutrición, en un contexto donde la atención médica resulta insuficiente o inexistente.
Falta de atención médica agrava muertes en cárceles venezolanasLa ONG también alertó que los traslados a centros asistenciales suelen realizarse de forma tardía o simplemente no se concretan, lo que agrava el deterioro físico de los reclusos y aumenta el riesgo de muerte dentro de las cárceles.
El observatorio recordó además que en las últimas semanas ha documentado los fallecimientos de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón y Yussedt Ernesto Escalona Mejías, junto al caso más reciente de Francisco Orellano.
Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado #Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente.
Con su fallecimiento, que ocurre… pic.twitter.com/rKhnna6dNn
– Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) 29 de mayo de 2026 En ese sentido, el OVP sostuvo que estas muertes representan una vulneración directa de derechos constitucionales, al señalar que el Estado no estaría garantizando condiciones mínimas de salud ni de integridad para las personas privadas de libertad.
“Estas muertes constituyen una grave violación de la CRBV, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respeta los derechos humanos y contribuye a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 46 consagra el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y exige que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a su dignidad humana”, expresaron.
Defensoría del Pueblo cuestionada por inacción ante muertes en cárcelesAsimismo, el organismo cuestionó la actuación de las instituciones responsables de la vigilancia de los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo la Defensoría del Pueblo, ante lo que considera una respuesta insuficiente frente a la situación.
“Ahora bien, frente a esta cadena de muertes también resulta inevitable preguntarse: ¿dónde está la Defensora del Pueblo @egleegolobato (Eglée González Lobato)? ¿Dónde está la institución llamada a velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente”.
El OVP reiteró que la muerte de reclusos por falta de atención médica o por condiciones inadecuadas evidencias fallas estructurales dentro del sistema penitenciario venezolano y en los mecanismos de supervisión estatal.
“Una vez más, advertimos que cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias”.
Finalmente, la organización exigió la apertura de investigaciones individuales por cada uno de los fallecimientos registrados, así como la determinación de responsabilidades y garantías de no repetición para evitar nuevos casos.