Una escena inusual e histriónica se ha registrado este miércoles en las puertas de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, donde un grupo de mariachis se presentó para interpretar canciones con un fuerte tinte de reproche como Rata de dos patas, La cucaracha o El Rey.
La acción musical coincidió de manera milimétrica con la presencia en el interior del edificio de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que la expectación mediática y de los transeúntes fue inmediata.
Según se ha confirmado, la serenata satírica no se trata de un hecho improvisado. El youtuber político, David Santos, se atribuyó públicamente en redes sociales el envío y pago de los músicos mexicanos para amenizar la jornada judicial.
No fue el único acto de este tipo: horas antes, la organización Hazte Oír envió a las puertas de la sede socialista a un violinista bajo el argumento de que “el barco se hunde y hay que poner la melodía adecuada, no los mensajes que el PSOE envía como si nada”.
Esta iniciativa satírica repite una fórmula que se ha recurrente en el panorama político español durante los últimos años, donde se recurre a este tipo de agrupaciones musicales tras masivas campañas en redes para ironizar y exponer el sonrojo de los partidos tradicionales en sus momentos de mayor vulnerabilidad.
En esta ocasión, la diana de las composiciones musicales fue la cúpula socialista, personalizando las críticas de forma directa en el secretario general del partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La UCO busca en Ferraz pruebas de pagos a una trama ocultaLa masiva intervención de la UCO en la sede central del PSOE responde a la búsqueda de pruebas sobre presuntos pagos por la orden de los 188.000 euros efectuados por la formación mediante facturas falsas.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, atribuye al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes”, orientadas a desestabilizar sistemáticamente cualquier causa judicial o policial que pudiera afectar los intereses del partido o del gobierno.
De acuerdo con las investigaciones, el origen de este plan delictivo se remonta a los cinco días de reflexión que tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En ese contexto, Cerdán se habría reunido en Ferraz con la exmilitante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset (ambos imputados).
Supuestamente, bajo el “impulso intelectual y financiero” de Cerdán, se acordó pagarle a Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido para montar una red clandestina.
El plan incluía ofrecer remuneraciones o favores a funcionarios y fiscales a cambio de información sensible para atacar a los jueces que acorralan al entorno del PSOE, como Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma o el fiscal Alejandro Luzón.
Por este entramado, el juez Pedraz ha ampliado la causa e imputado formalmente a Santos Cerdán, a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, quien presuntamente prestó su sociedad como vehículo para camuflar los pagos a Díez con la colaboración de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Se les acusa de delitos que van desde organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, hasta revelación de secretos y delitos contra las instituciones del Estado.
Las claves del caso Leire y la red de comisiones de la SEPIEste operativo en Ferraz se inserta formalmente dentro del llamado caso Leire (derivado a su vez del caso SEPI).
El juez investiga a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, quienes fueron detenidos el pasado diciembre y conformaban un grupo autodenominado Hirurok (“nosotros tres”, en euskera).
Esta red se dedicaba a aprovechar su alta capacidad de influencia en la Administración pública entre 2021 y 2023 para amañar expedientes y direccionar contratos y rescates valorados en 132,9 millones de euros, lo que les reportó al menos 700.000 euros en comisiones ilegales que destinaron a la compra de inmuebles.
Paralelamente al operativo en Ferraz, los agentes de la UCO acudieron este miércoles a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre expedientes disciplinarios abiertos internamente contra mandos que investigaban casos de corrupción del PSOE, tras sospechas de filtraciones en el caso Koldo.
Este tenso escenario se suma a la previa irrupción policial ocurrida el pasado 20 de junio en Ferraz, cuando la UCO clonó los correos corporativos de Cerdán por el presunto amaño de contratos de obra pública en Ministerios del Estado, confirmando el cerco judicial sobre la cúpula socialista.