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El alcalde de Medellín cuestionó la legitimidad de las estructuras criminales en el proceso de paz, mientras la senadora Zuleta defendió los avances.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se arremetió contra el Gobierno tras conocerse la fiesta en la cárcel de Itagüí. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO. @jaiverpress
PERIODISTA28.05.2026 13:48 Actualizado: 28.05.2026 13:48
La reciente reactivación de la mesa de paz urbana en el Valle de Aburrá, liderada por la senadora Isabel Zuleta, generó diversas opiniones en la región.
Mientras que los gestores del proceso celebran la reanudación de los diálogos como un avance necesario para la reconciliación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una fuerte arremetida contra la iniciativa, calificándola como una “instrumentalización” del concepto de paz por parte de grupos armados.
Para el mandatario local, la narrativa de paz empleada por las estructuras criminales es una táctica distractora.
Federico Gutiérrez Foto:Alcaldía de Medellín
Gutiérrez fue enfático al señalar que quienes asesinan, extorsionan y reclutan menores no pueden ser interlocutores válidos de un proceso que busca la convivencia ciudadana.
Según el alcalde, el Estado debe recuperar su capacidad de neutralizar estas amenazas mediante la fuerza pública, argumentando que las organizaciones ilegales utilizan el discurso de paz como “gabelas” para fortalecer su accionar delictivo y mantener el control territorial.
Por el contrario, la senadora Isabel Zuleta defendió el proceso destacando resultados cuantitativos que, a su juicio, validaron la mesa de paz urbana. Zuleta enfatizó que, gracias a estos esfuerzos, el área metropolitana logró reducir la tasa de homicidios a 9,5 por cada 100.000 habitantes el año pasadouna cifra significativamente inferior al promedio nacional.
Para la senadora, el proceso no es una concesión, sino una estrategia integral que incluye “territorios libres de drogas” en lugares emblemáticos como el Museo Casa de la Memoria.
Mesa de paz urbana Itagüi Foto:Jaiver Nieto
El punto de mayor fricción radica en la visión de seguridad y justicia. Mientras que la administración de Gutiérrez apuesta por una confrontación directa y frontal contra las estructuras del crimen organizado, la mesa de paz propone un enfoque de “paz urbana” que busca desincentivar el consumo y la venta de estupefacientes, especialmente el tusi, mediante mecanismos de reconciliación y equidad en el uso del suelo urbano.
Finalmente, el alcalde de Medellín cerró su intervención con un ultimátum a los grupos armados, exigiendo hechos concretos sobre palabras: “Dejen de asesinar, dejen de secuestrar, dejen de extorsionar”.
Este choque de visiones deja en evidencia la profunda polarización que enfrenta la ciudad respecto a cómo debe alcanzarse la seguridad, planteando un dilema sobre si es posible construir paz urbana manteniendo el diálogo con actores que, según la alcaldía, son los mismos responsables de la violencia que azota a los barrios.
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