El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, difundió este miércoles las primeras imágenes del líder indígena de la etnia miskita, Brooklyn Rivera, quien permanece privado de libertad desde septiembre de 2023.
La publicación estuvo acompañada por un informe médico oficial que detalla que el dirigente se encuentra hospitalizado en estado crítico debido a múltiples complicaciones de salud.
Dictadura desahucia a Brooklyn Rivera, presenta fotos calavérico en hospital tras 34 meses de desaparición forzada: https://t.co/ehNlaWU4y6
—Enrique Martínez. (@EnriqueNIC1) 27 de mayo de 2026 Rivera, de 73 años, es una figura de relevancia internacional cuya liberación inmediata ha sido exigida de forma reiterada por el gobierno de los Estados Unidos.
Según los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el dirigente fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 tras un operativo en el que agentes policiales “irrumpieron de forma violenta” en su residencia ubicada en la localidad caribeña de Bilwi (Puerto Cabezas).
Desde entonces, organismos internacionales como Amnistía Internacional lo catalogaron formalmente como “preso de conciencia”, mientras que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegaron a clasificar su situación jurídica bajo la tipología de “desaparición forzada”.
De hecho, el pasado 1 de mayo, las relatorías de la ONU habían emitido un exhorto urgente exigiendo al Estado nicaragüense una “prueba de vida” fidedigna ante los crecientes temores de que el líder indígena pudiera fallar bajo custodia.
Hoy abrazamos con profundo respeto y solidaridad a la familia de Brooklyn Rivera, ante el dolor que provocan las imágenes de su delicado estado de salud.
Lo que vemos no es solo el sufrimiento de un hombre, sino la consecuencia de meses de aislamiento, incertidumbre y ausencia… pic.twitter.com/UrIjuBKREU
— Fundación para la Libertad (@FundaLibertadNi) 27 de mayo de 2026 La respuesta oficial del Ejecutivo se materializó mediante un comunicado conjunto de los ministerios del Interior y de Salud, difundido a través de los medios de comunicación estatales. Las fotografías muestran a Rivera en una cama hospitalaria, visiblemente demacrado, con una notable pérdida de peso y conectado a equipos de soporte vital.
El reporte clínico adjunto especifica que el prisionero se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Managua desde el pasado 7 de marzo, fecha en la que debió ser trasladado de urgencia “ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias”.
Las autoridades sanitarias puntualizaron que su condición actual es “delicada”, requiriendo de forma permanente “ventilación mecánica” y “alimentación intravenosa”, debido a un cuadro clínico complejo que incluye “falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes”.
El caso de Rivera ha sido un foco constante de tensiones diplomáticas entre Managua y Washington. En marzo pasado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU fustigó duramente a la administración de Ortega y Murillo, acusándola de mantener a ciudadanos “encarcelados únicamente por disentir del régimen” bajo condiciones de reclusión “inhumanas” y privándolos deliberadamente de asistencia médica adecuada.
El Ejecutivo sandinista ha rechazado históricamente estos señalamientos, marcando sus acciones judiciales dentro de la política de seguridad interna implementada tras la ola de protestas antigubernamentales de 2018, manifestaciones que el oficialismo califica como un intento de golpe de Estado promovido por Washington y que dejó un saldo de más de 300 muertos.
La difusión de las imágenes ocurre, asimismo, en un contexto donde analistas políticos y plataformas de la oposición en el exilio señalan que Ortega, de 80 años, enfrenta sus propios quebrantos de salud, lo que habría impulsado a Murillo (74) a ejecutar una serie de purgas y reestructuraciones dentro del aparato estatal para asegurar la línea de sucesión dinástica en el poder.