El líder de Voluntad Popular Lester Toledo informó que aún permanecen activas dos causas judiciales en su contra, luego de cumplir durante la última semana una serie de diligencias ante organismos del sistema de justicia venezolano tras regresar al país después de diez años en el exilio.
Toledo acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República y posteriormente al Palacio de Justicia, en Caracas, donde aseguró haber formalizado su presentación ante las autoridades. A su salida, indicó que los expedientes abiertos continúan en curso.
“Me mantengo dos causas abiertas por delitos que no cometí, y así lo voy a demostrar en esta y en todas las instancias”, declaró el dirigente opositor.
El también exdiputado explicó que su retorno a Venezuela se produjo sin inconvenientes a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde donde inició el proceso para ponerse a derecho ante los tribunales venezolanos.
Sobre su situación judicial, Toledo insistió en que existen casos de mayor gravedad vinculados a detenciones por motivos políticos en el país.
“Estoy en mejores condiciones que más de 600 compañeros que siguen presos por razones políticas, y el compromiso es que nadie se queda atrás”, afirmó.
Retorno de Toledo refleja la lucha por derechos y garantías políticasEl dirigente permanecía fuera de Venezuela desde 2016, luego de que el Ministerio Público lo señalara por presuntos vínculos con hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales de ese año. Desde entonces, distintas organizaciones opositoras denunciaron que las acusaciones en su contra formaban parte de un proceso de persecución política.
En 2024, su nombre volvió a ser mencionado por la Fiscalía venezolana en investigaciones relacionadas con presuntos planes para desconocer resultados electorales y generar desestabilización en el país, acusación que Toledo también rechazó públicamente.
Su regreso ocurre en un contexto marcado por llamados de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos para revisar causas vinculadas a dirigentes opositores y presos políticos, así como por solicitudes de garantías institucionales de cara a futuros procesos electorales.