Una investigación que se desarrolla en el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Española tiene implicaciones directas en Venezuela, como pocos procesos judiciales en el continente europeo. Se trata de las indagaciones que, según las autoridades judiciales españolas, apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, como figura central de una “red organizada” que habría cobrado montos millonarios para, entre otras cosas, conseguir que la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas obtuviera una ayuda pública de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La aerolínea fue creada con participación de capitales venezolanos de origen cuestionado, vinculadas a personas investigadas por sus relaciones con el régimen venezolano. Actualmente, el antiguo propietario de la compañía, el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien figura como accionista principal a través de su esposa María Aurora López López, se encuentra en fuga luego de que el juez español que dirige el proceso judicial, José Luis Calama, emitió una orden de captura internacional para detenerlo.
El expediente, al que El Nacional tuvo acceso, contiene millas de páginas de informes policiales, actas de registros y allanamientos a propiedades de las personas supuestamente implicadas y autos judiciales fechados entre octubre de 2024 y mayo de 2026. Los hechos investigados apuntan a presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad de documentación oficial, blanqueo de capitales y organización criminal. De allí se desprende el apodo que hasta sus propios integrantes bautizaron con el nombre de “Finance Boutique”, de acuerdo con la documentación.
El origen de la investigación.La historia inicia formalmente el 21 de octubre de 2024, cuando la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia de Madrid, pidiendo solicitudes de cooperación internacional a Francia y Suiza, que apuntaban a una red internacional de blanqueo de capitales con fondos procedentes de Venezuela, específicamente de la malversación de los programas de distribución de alimentos CLAP y de la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a través de la sociedad Noor Capital PSC, registrada en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Pero fue la extracción de unos mensajes del teléfono de Reyes Rojas lo que conectó la investigación española con el contexto venezolano. Para 2021, debido a sospechas que ya se venían acumulando, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations fue la responsable de ejecutar la intercepción en el marco de una investigación por evasión de las sanciones internacionales.
Fue allí cuando los funcionarios estadounidenses accedieron al contenido de conversaciones en las que los directivos de Plus Ultra narraban en tiempo real, y con cierto descuido, todas las gestiones que pretendían realizar apoyándose en la red de influencias encabezada por el expresidente español, de acuerdo con las autoridades españolas. Ese material resultó determinante para reconstruir la cronología de los hechos.
El funcionamiento de la redTodo el sistema vio su apogeo durante la pandemia del covid-19, que había dejado a Plus Ultra al borde de la quiebra en el año 2020. Sus directivos para entonces, Roberto Roselli Miele y Julio Martínez Sola, buscaron atajos para acceder a las ayudas del en ese momento recién creado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Y así, el 30 de marzo de ese año, el propio Reyes Rojas planteó la idea en un mensaje por WhatsApp a Ramón Gordils, un diplomático del Gobierno venezolano: “Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”.
El contacto con el expresidente Rodríguez Zapatero se inició unos días después, a través de Manuel Aarón Fajardo, a quien Martínez Sola y Reyes Rojas describían como “la pieza de ZP en Venezuela”. De esa manera, Fajardo facilitó el contacto de Julio Martínez Martínez, el hombre visible de la red, diciéndole a Martínez Sola: “Por favor ponte en contacto con Julio Martínez, no tú, otro Julio, jaja… Él te va ayudando. Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”.
El 30 de abril de 2020, Martínez Sola confirmó a Reyes Rojas que el enlace había sido establecido. “Julio habló con ZP (el expresidente Zapatero) 11 min. Le explicó todo”. Cuando Reyes preguntó si hablaría directamente con Zapatero, Roselli le respondió que “no con él directo. Hablo con un lacallo”, refiriéndose a Martínez Martínez.
La estructura jerárquica del grupo, según la investigación judicial, pone a Rodríguez Zapatero como figura con funciones de dirección y control, a Julio Martínez Martínez como interlocutor con los “clientes” y ejecutor de sus instrucciones, ya María Gertrudis Alcázar Jiménez (secretaria de la oficina del expresidente) y Cristóbal Cano Quiles como encargados de coordinar la documentación que sustentaba los pagos. Las comunicaciones internas se producían desde cuentas de correo electrónico.
Y, en medio de este contexto, fue cuando las conversaciones interceptadas revelaron el nombre de “Finance Boutique” como la manera en la que los propios miembros describían a la red. Ocurrió en un chat del 18 de mayo de 2020, cuando Roselli le comentó a Reyes que “ya le dijo a Julio que montaron su Finance Boutique”. Reyes contestó: “Así que por ahí vendrá la mordida”, a lo que Roselli respondió afirmativamente y añadió que necesitaban una financiación de 15 millones de euros.
Agentes de la Policía Nacional registran la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. Foto: EFE/Rodrigo JiménezPagos por supuestas asesoríasEl 22 de julio de 2020, la red gestionó una reunión en el Ministerio de Transportes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura García, y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer Moreno.
Tras el encuentro, Roselli informó a Reyes del resultado. “Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. Reyes respondió: “Sí hermano. Nuestro pana Zapatero detrás”. Al día siguiente de la reunión, el 23 de julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó formalmente el FASEE.
Seis semanas después, el 7 de septiembre de 2020, Rodríguez Zapatero se reunió con el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte. Rubén Eladio López Martínez, director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes, trasladó ese dato a Koldo García Izaguirre, quien a su vez lo remitió al ministro José Luis Ábalos Meco. El expediente de Plus Ultra ante la SEPI fue presentado formalmente el 1 de septiembre de 2020.
El método empleado consistía en suscribir contratos de asesoría o consultoría. Según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), esos contratos servían como “mera justificación documental de cara a terceros” y “no es más que una excusa formal para justificar los pagos”.
Uno de esos pagos se gestionó el 30 de julio de 2020, quedando fechado en un contrato de prestación de servicios entre Análisis Relevante SL, una empresa controlada por Julio Martínez Martínez, y Plus Ultra, por 12 meses y 6.050 euros mensuales. El importado real del acuerdo quedó registrado en un chat grupal del 21 de agosto de 2020, en el que el directivo de Plus Ultra Alejandro Delgado Crego escribió: “Es que él pana 60 más 35 PWC más 44 este ahora y sin seguridad. Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero”. Los investigadores españoles interpretan esa expresión como referencia a los 60.000 euros que Análisis Relevante recibiría, con la promesa de duplicar el pago si se concedía la ayuda.
La ayuda de 53 millones de euros fue finalmente aprobada por la SEPI.
“Las influencias realizadas por José Luis Rodríguez Zapatero fueron remuneradas por Plus Ultra a través de la estructura empresarial, denominada Finance Boutique, articulada para recibir cobros por las influencias ejercidas”, concluyen los funcionarios españoles.